La Justicia deniega la suspensión cautelar de la licitación de la ampliación del Puerto de València

La sección 5 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegado la suspensión cautelar de la licitación del contrato para las obras de ampliación del Puerto de València por un importe de 660 millones de euros aprobada por la Autoridad Portuaria (APV) el pasado 22 de diciembre de 2023.

La misma sección admitió a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación ciudadana Per l'Horta, en nombre de la Comissió Ciutat Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación norte del Puerto de València.

En la misma demanda la entidad solicitaba la paralización cautelar del concurso público para contratar las obras al entender que, de no hacerse así, se podría llegar a adjudicar unos trabajos cuyo proyecto está también recurrido y porque, además, se posibilitaría la adjudicación de un contrato que luego no pudiera iniciarse, o ejecutarse y que si hubiera que paralizar las obras, podría implicar el abono de posibles indemnizaciones.

La sala, sin embargo, rechaza esta opción y se acoge a los argumentos aportados por la Abogacía del Estado, que representa a la APV, al considerar que la parte demandante no aporta argumentos que tengan que ver con los pliegos o la licitación en cuestión, “sino con la realización de unas obras que no dependen de los actos administrativos impugnados, sino del proyecto objeto de otro procedimiento y a instancias de distinto recurrente, porque como señala la parte demandada, es en realidad éste el objeto de que trata de combatir mediante el recurso y la petición de medida cautelar”.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados añaden que “no se acreditan los perjuicios que de los pliegos se derivan en general ni tampoco en particular para la demandante, más allá de los genéricos que no dependen del acto administrativo impugnado y se erige en defensora de unos intereses económicos que le corresponden a la administración en todo caso”.

La Comissió Ciutat-Port alegaba en su petición de suspensión cautelar que, de llegar a iniciarse las obras y previendo que el proceso judicial pudiera dilatarse, podrían provocarse daños irreversibles en las playas del sur e incluso en el Parque Natural de la Albufera. En este sentido, argumentaba la existencia de diversos informes científicos, como los del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València y el comité científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, que confirman que el fenómeno de regresión de playas –el mar cada vez más cercano al lago– es efecto directo de las ampliaciones del puerto. De esta forma, la tramitación administrativa del concurso público podrá seguir avanzando a la espera del fallo judicial sobre el fondo de la cuestión.

Además de este contencioso, hay otros dos pendientes de resolución. El primero, también en el ámbito del TSJCV, sobre la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles, y el segundo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la resolución del Ministerio de Transición Ecológica por la que se otorgó a la APV la condición de órgano sustantivo del proyecto en detrimento de Puertos del Estado, lo que le permite decidir sobre la necesidad de una declaración de impacto ambiental. En este último caso, se suspendió cautelarmente la mencionada resolución. Otra demanda, en este caso contra el traslado de la terminal de cruceros fue recientemente desestimada.