La protección de ballenas y otras especies que promueve el Gobierno afecta de lleno a la zona del Puerto de València

El mismo Ministerio de Transición Ecológica que afirma no tener competencias para ordenar de oficio a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la tramitación de una declaración de impacto ambiental (DIA) para la ampliación norte que pretende ejecutar ha iniciado el proceso de información pública de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) que, entre otras cosas, recogen el Área Marina Protegida (AMP) del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, con una superficie estimada de 46.385,70 kilómetros cuadrados, entre las costas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el archipiélago de las Islas Baleares (ver mapa).

Esta zona está insertada en el área de influencia del Puerto de València, que a su vez está incluido en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que significa que goza de una protección especial al formar parte de la Red Natura 2000 del Parque Natural de la Albufera.

Las aguas del corredor de migración presentan un gran valor ecológico y son de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo occidental. El objetivo es protegerlos de los efectos que se asocian al ruido submarino dada la gran diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, así como el resto de especies valiosas de este punto caliente de la biodiversidad mundial.

El mismo POEM, sin embargo, reconoce que “la franja costera de Castellón y Valencia, entre Peñíscola y el Cabo de San Antonio, linda con característicos marjales y zonas húmedas, de gran importancia ecológica y socioeconómica” y añade que “se trata de una zona costera que se encuentra actualmente en regresión debido a la disminución de los sedimentos fluviales y a la interrupción de la dinámica litoral por la construcción de infraestructuras portuarias”.

Además, pone de relieve que “estas infraestructuras implican una ocupación de terrenos que puede suponer un desplazamiento de otros usos y actividades, además de una afección directa a los fondos marinos”.

Otro efecto destacado es “la alteración de la dinámica litoral, que afecta especialmente a los tramos costeros ubicados a sotamar, generando un potencial problema de erosión en otras áreas. El origen de la erosión a sotamar está determinado generalmente por el efecto barrera producido por estas instalaciones”.

Junto con estos problemas “se pueden citar las alteraciones paisajísticas, o la contaminación de diversos tipos asociada a las actividades industriales”. Además, “las aguas de baño pueden verse perjudicadas si se reduce la tasa de renovación y se pueden crear zonas de depósito de flotantes a barlomar de las obras, así como corrientes peligrosas para el baño en el entorno de las estructuras”.

El plan de ordenación del espacio marino revela además que “la demarcación levantino-balear muestra densidades elevadas de buques en el entorno de los puertos (principalmente Barcelona, Valencia y Tarragona)” entre otros puntos, pero sin embargo, esta zona “no cuenta a día de hoy con ninguna medida de ordenación del tráfico”.

Por último, el documento refleja las diferentes ampliaciones que tienen proyectadas los diferentes puertos sin que aparezca reflejada la ampliación norte del Puerto de València, lo que da a entender que la Autoridad Portuaria la ha omitido puesto que sí se menciona curiosamente una ampliación en Sagunto: “Se han reportado previsiones de ampliación de las aguas incluidas en la Zona II para los puertos de Carboneras (AP de Almería), Cartagena (AP de Cartagena) y Palma (AP de Baleares). Cabe mencionar que la Autoridad Portuaria de Valencia contempla una previsión de ampliación de la Zona II en el puerto de Sagunto”, reza el informe.