València retira los recursos y asumirá unos 20 millones por el pelotazo del PP en Tabacalera
La operación urbanística aprobado en 2005 por el PP de Rita Barberá que dio lugar a la rehabilitación del edificio de Tabacalera para su conversión en un edificio municipal de oficinas y concejalías a cambio de un pelotazo para la promotora Guadalmedina, según las estimaciones del momento, de unos 75 millones gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad, costará unos 20 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de València.
La comisión de Urbanismo llevará al próximo pleno un acuerdo transaccional por el cual desiste de la vía judicial ante la oposición de los vecinos de Penyaroja al traslado a su barrio de la edificabilidad del inmueble de viviendas que falta por construir en la calle de Micer Mascó y de esta forma abonará a la promotora la indemnización correspondiente.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a finales del pasado mes de diciembre a la asociación vecinal de Penyaroja al ratificar la anulación de la recalificación de dos parcelas de este barrio de València (del Ayuntamiento y destinadas inicialmente a uso educativo y zona verde) a parte de las cuales se iba a trasladar la edificabilidad para construir el edificio de viviendas pendiente.
Tras el fallo, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat presentaron recurso de reposición en tiempo y forma. Sin embargo, por medio del mencionado acuerdo se acuerda retirar los recursos y asumir la indemnización correspondiente a la promotora ante el rechazo vecinal por la merma de suelos dotacionales que implicaría para el barrio de Penyaroja. Precisamente por este mismo motivo, no se plantea el traslado de la edificabilidad a ningún otro barrio.
Fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez han informado de que en el pleno del pasado mes de octubre se aprobó el pago de 6,7 millones de euros a la promotora Guadalmedina en concepto de liquidación del mencionado convenio que corresponde a la edificabilidad de la parcela no construida en la calle de Micer Mascó y que se convertirá en un jardín.
A esta cuantía hay que añadir el coste de la expropiación de la mencionada parcela, que podría ser de entre 14 y 17 millones de euros según las últimas estimaciones.
Tras el fallo judicial que impidió llevar la edificabilidad que queda por desarrollar a otros terrenos de la ciudad, la constructora Guadalmedina solicitó la ejecución de la sentencia de octubre de 2015 que declaró ilegal todo el plan de Tabacalera aprobado por el PP, lo que incluía la devolución de todo el edificio o en su defecto el pago de una cuantía equivalente al precio del inmueble, valorado en unos 35 millones de euros.
Por este motivo, finalmente se ha optado por la liquidación del convenio que ha costado los mencionados 6,7 millones más la cuantía que se determine por la expropiación de la parcela sin edificar en la calle de Micer Mascó.
Tras conocerse el acuerdo planteado con tal fin, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la “principal prioridad” de la administración local “era dar seguridad jurídica a todas las personas que adquirieron las viviendas de buena fe” a partir de la operación urbanística de Tabacalera.
La también portavoz socialista en el consistorio y candidata del PSPV a la Alcaldía ha pedido hacer “una reflexión política sobre la solución final” dada al conflicto por el traslado de la edificabilidad de Tabacalera a Penyarroja.
Así, ha aludido al “daño directo que ha hecho el PP a esta ciudad” y ha asegurado que “el pelotazo urbanístico de los gobiernos del PP”, en referencia al acuerdo y permuta de Tabacalera alcanzado en esa época, ha tenido como “resultado más de 20 millones de euros” de compensación a los promotores “de los que tendrá que hacerse cargo el Ayuntamiento”.
Asimismo, ha agregado que le “llama mucho la atención” que quien ha sido presidente de la Asociación de Vecinos Plataforma Vecinal Barrio Penyarroja, José Tárrega, acompañe a la portavoz y candidata del PP a la alcaldía, María José Catalá, en la lista electoral del 28M.
Antecedentes de una operación considerada expolio
La operación Tabacalera se fraguó en 2002 cuando Guadalmedina adquirió el 49% de la Tabacalera a Altadis, entonces propietaria del edificio, por ocho millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2006, se recalificaron los terrenos y se permitió el derribo de las naves laterales del conjunto arquitectónico y la edificabilidad de los solares que se generaban.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó en octubre de 2015 el recurso presentado por la entidad cívica Salvem Tabacalera y declaró nulo por ser “contrario a derecho” el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de abril de 2005 que permitió la permuta de la antigua fábrica.
La sentencia considera que existen suficientes elementos en autos que acreditan que la fábrica formaba un conjunto integrado no solo por el edificio principal sino también por el conjunto de naves que la perimetran. Considera por ello el tribunal que las partes demolidas y desaparecidas, tras el acuerdo del gobierno local, constituían elementos característicos y formaban parte de un conjunto que merecía una protección “integral”, y que su conservación y preservación “se imponía como legado de nuestra historia industrial”.
Según señala el tribunal, todo el conjunto de edificios ubicados en la manzana de Tabacalera estaban protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia de 1988 con el nivel de protección 2.
Entiende el tribunal que la descatalogación de las dos naves lindantes con la calle de Micer Mascó no tuvieron por objeto “mejorar el conjunto protegido, ni su conservación, ni su equilibrio estético o arquitectónico, ni siquiera su observación”, sino la de “generar suelo, que permita un notable incremento de volumen edificatorio” para una operación “especulativa” y la obtención de plusvalías.
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