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El pelotazo urbanístico de Tabacalera aprobado por el PP le puede costar 63 millones a València 17 años después

Actuaciones para el derribo de las antiguas instalaciones de Tabacalera en València.

Carlos Navarro Castelló

5 de mayo de 2022 22:45 h

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El Ayuntamiento de València se enfrenta a un litigio judicial como consecuencia del pelotazo urbanístico de Tabacalera impulsado por el PP de la fallecida alcaldesa, Rita Barberá, que le puede costar casi 63 millones de euros de las arcas públicas, 17 años después de aprorbarse el convenio que dió lugar a la operación.

Como ha informado elDiario.es, la constructora Guadalmedina ha solicitado la ejecución de la sentencia de octubre de 2015 que declaró ilegal todo el plan. Según el escrito presentado a la sección primera de la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la promotora responsabiliza exclusivamente al Consistorio de las ilegalidades cometidas en la tramitación de la permuta urbanística.

En su recurso, la compañía omitie el lucro que obtuvo gracias la obtención del edificio municipal de la plaza América, donde construyó viviendas de lujo, y en una de las dos parcelas obtenidas tras el derribo ilegal de una parte de las naves industriales, donde también edificó pisos de los que obtuvo una rentabilidad.

“La causa de la nulidad es imputable a la ilícita actuación de la administración planificadora, y ninguna participación en la causa de la nulidad tuvo mi representada, puesto que ninguna participación tuvo nunca en el ejercicio de la potestad de planeamiento que es discrecional y exclusiva de la administración”, dice el representane legal de la promotora en el escrito.

Así pues, en virtud de la solicitud de la ejecución de la sentencia Guadalmedina pide que “la restitución del importe abonado en cumplimiento del convenio por mi representada que asciende a la cantidad total de 14,4 millones de euros sin que ello suponga obligación recíproca de restitución por parte de mi mandante, a quien la sentencia no le imputa participación en el origen de la causa de la nulidad”.

Que se ordene “al Ayuntamiento de Valencia la restitución a mi representada del inmueble definido como ”Resto Finca Matriz“ (edificio de Tabacalera)”. Subsidiariamente, “para el caso de que el Ayuntamiento manifieste la concurrencia de imposibilidad material o legal, se proceda a la expropiación y cuantificación de la indemnización correspondiente”. Según el escrito, el propio Ayuntamiento valora el inmueble municipal en 35 millones de euros.

Además, exige “que se ordene al Ayuntamiento de Valencia la devolución de la cantidad de 6,7 millones correspondientes a la recalificación de la parcela A recayente a Micer Mascó”, de otros “6,7 millones de euros correspondientes a la recalificación de la parcela B recayente a Micer Mascó que abonó mi representada” y de 796.490,71 euros “correspondiente a la diferencia de valor estimada entre los bienes permutados, que fue ingresada a favor del ente municipal por mi representada”. En total, 63 millones de euros.

Gómez afirma que solo expropiarán una parcelas

Ante las pretensiones de la promotora, la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, afirmó que el Ayuntamiento llevará al juzgado la resolución del convenio firmado en 2005 y que procederá a expropiar la parcela de Micer Mascó en la que aún no se ha edificado.

“Estamos trabajando en una solución desde Urbanismo a este empastre que generó el PP de Rita Barberá. Por eso, vamos a dar por abonado el precio de expropiación de Tabacalera con el pago en especie que se hizo en su día con el solar de plaza América. No devolveremos los 6,7 millones que nos pide Guadalmedina por la edificabilidad de la parcela ya construida en Micer Mascó, es decir, la del edificio que ya está construido, vendido, cobrado y hasta declarado en Hacienda. Y, finalmente, como la sentencia estableció que no se podía pagar en especie, nos limitaremos a expropiar la otra parcela pendiente para que sea un gran jardín”, explicó la vicealcaldesa.

Gómez manifestó que el pago de esa expropiación “será el perjuicio directo que los gobiernos del PP y de Rita Barberá le habrán costado a esta ciudad”. La vicealcaldesa hizo hincapié en que la situación generada por este “pelotazo que el Tribunal Superior de Justicia consideró agresivo, depredador con el patrimonio histórico y que sólo tenía como objetivo favorecer urbanísticamente a la empresa” es parte de la “herencia envenenada y el gran empastre que nos llega hoy del gobierno del PP de Rita Barberá porque pone en peligro hasta el edificio municipal de Tabacalera”.

La vicealcaldesa se refería así a la solicitud de Guadalmedina en los juzgados para que el Ayuntamiento de València devuelva el edificio de Tabacalera tras la anulación de la operación urbanística por parte de los tribunales.

“Hay una notificación por parte de los juzgados en la que Guadalmedina ha solicitado la ejecución de la sentencia y en donde, repasado el escrito, la primera conclusión que sacamos es que busca duplicar el pelotazo de Tabacalera. Es decir, solicita al Ayuntamiento de València recuperar el edificio de Tabacalera sin devolver el solar de plaza América con el que se realizó la permuta, y no sólo eso sino también solicita la devolución de los 7 millones que pagó por la edificabilidad del edificio ya construido de Micer Mascó pese a que Guadalmedina desarrolló las dos promociones de vivienda, las vendió, se enriqueció y se lucró con las dos promociones”, continuó.

Gómez recalcó que la Concejalía de Desarrollo y Renovación urbana rechaza “por completo la pretensión disparatada de la empresa” y ha incidido en que la solicitud de la mercantil en los juzgados es fruto “del pelotazo del PP de Rita Barberá cuyas consecuencias sufrimos hoy. El escrito de ejecución lo tenemos esta semana encima de la mesa y es hoy cuando se habla de devolver tabacalera y de que el Ayuntamiento se quede sin uno de sus edificios más importantes de gestión administrativa de la ciudad por la irresponsabilidad y la gestión fraudulenta y en contra del interés público del gobierno del PP y de la señora Barberá que la propia portavoz del grupo popular tanto se empeña en reivindicar”, indicó Gómez.

Finalmente, la vicealcaldesa criticó que cuando se produjo la sentencia “el PP y Cs celebraron que el TSJ anulara una propuesta de solución que habíamos hecho desde la Concejalía de Urbanismo de liquidación del convenio y de pago en especie a la empresa Guadalmedina. Se celebró abierta y ostentosamente por parte del PP y advertí que esto podía pasar y hoy se demuestra que la solución que pusimos encima de la mesa era la mejor”.

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