Vox está apretando más la mano del acuerdo con el PP durante las negociaciones para investir a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Mazón al freente de la Generalitat. El apretón ha llegado vía les Corts con una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a pedir al Gobierno central la revocación inmediata de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además, la formación propone que se dejen sin efecto todas las restricciones locales ya aprobadas, y que se suspendan sanciones impuestas por dichas ZBE.
La iniciativa de Vox va más allá de las ZBE y también exige la derogación de medidas derivadas de la Ley 7/2021 de cambio climático y de la norma estatal sobre residuos, argumentando que estos instrumentos suponen “un gravamen injustificado” sobre la movilidad, la industria automovilística nacional y el comercio urbano.
Según Vox, estas políticas responden a una imposición ideológica desde Bruselas, y no a una auténtica preocupación ambiental. En su exposición de motivos, el partido denuncia que la transición ecológica impulsada por la Unión Europea se ha convertido, según ellos, en una “agenda política globalista” que limita libertades, penaliza las clases medias y populares, y obliga a sustituir vehículos por otros más costosos.
En paralelo, la proposición exige que se devuelvan las multas ya impuestas por incumplimientos de las ZBE en municipios valencianos. De esta forma, Vox reivindica lo que califica como una victoria ante lo que llama “ecologismo ideológico”.
El pulso sobre la ZBE en València
La iniciativa de Vox además se produce en un momento límite en el Ayuntamiento de València, donde el gobierno de María José Catalá de PP y Vox ha visto frustrada la aprobación de una ordenanza reguladora de la ZBE, tras la retirada del apoyo por parte de la extrema derecha en el pleno municipal.
Este bloqueo podría acarrear graves consecuencias económicas: si no se aprueba una normativa antes de que termine el año, la ciudad corre el riesgo de perder hasta 115 millones de euros en financiación europea ligada a la ZBE y otras ayudas al transporte.
Desde la oposición y asociaciones vecinales ya advierten de las consecuencias para la salud pública y para el presupuesto local si València renuncia a un modelo de movilidad más sostenible.
La líder del PSPV en la capital, Pilar Bernabé, ha criticado a la alcaldesa que “Catalá no aprueba la ZBE por una razón: Vox se lo prohíbe por escrito”, en referencia a la PNL. Así dice de la alcaldesa que “ahora se entiende por qué nunca quiso negociar. Por seguir plegándose a Vox y medrar en el PP nos hará pagar 115 M€, un autobús un 60% más caro y una València que respira peor”.
Por su parte, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, anterior responsable de mobilidad en el gobierno progresista de Joan Ribó, criticaba durante en el pleno municipal que “en dos años y medio, y de la mano de Catalá y el bipartito ultra de PP y Vox, València ha pasado de emparentarse con las principales capitales de Europa en materia de movilidad, a copiar el modelo de tráfico de ciudades tercermundistas”.
La pugna también ha llegado a advertencias políticas: María José Catalá, alcaldesa de València, ha amenazado con recurrir a los tribunales ante el bloqueo persistente de la ordenanza.