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No es un asunto de familia

El Comunicado de la Casa Real aborda la conducta del rey Juan Carlos I como si fuera un asunto de familia. Y no lo es. Se trata de un problema constitucional de primer orden, que tenía que haber sido puesto en conocimiento de las Cortes Generales

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Felipe VI en una imagen de archivo EFE

El comunicado emitido por la Casa Real en el día de ayer es un documento extraño, que refleja la concepción que tienen tanto el ex rey Juan Carlos I como su hijo, el rey Felipe VI, de la monarquía parlamentaria constitucionalmente definida.

Pareciera como si el rey Felipe VI considerara que se tiene que enfrentar a un problema exclusivamente familiar, que puede arreglar con un acuerdo con su padre, como si el asunto no tuviera una dimensión pública de naturaleza constitucional. Y no es así, porque la conducta de su padre, a la que alude en el comunicado, no le afecta exclusivamente a él como hijo, sino que afecta a la Corona y, por tanto, al Estado español.

Una vez que se tiene conocimiento de manera oficial por comunicado de la Casa Real de la existencia de "activos, inversiones o estructuras financieras cuyo origen, características o finalidad pueden no estar en consonancia con la legalidad", propiedad de Don Juan Carlos, no basta con que el rey Felipe VI anuncie que renuncia a la herencia que, como hijo, pudiera corresponderle, sino que el asunto adquiere una dimensión política a la que únicamente desde las Cortes Generales se le puede dar respuesta. También, en su caso, desde el poder judicial. Pero también. La respuesta política es la que una sociedad democrática no puede dejar de exigir.

La Corona no es una propiedad privada de la familia Borbón. Es un órgano constitucional del Estado, que se transmite de manera "hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón..." (art. 57. 1 de la Constitución española, CE). Pero la transmisión hereditaria no la convierte en propiedad privada. Por eso, los asuntos relevantes para la Corona no pueden ser tratados como asuntos de familia, de los que queda excluido el representante del "pueblo español" (art. 66. 1 CE). Los asuntos relevantes para La Corona son asuntos de Estado, que tienen que ser abordados por el órgano constitucional legitimado democráticamente de manera directa: Cortes Generales.

Y no puede caber ninguna duda que un asunto que motiva que la Casa Real emita el comunicado en los términos en que lo ha emitido, lo es. La negociación que se ha producido a lo largo de mucho tiempo, previsiblemente bastante más del que queda reflejado en el comunicado de la Casa Real, entre el padre y el hijo es constitucionalmente aberrante. ¿Con base en qué precepto de la Constitución se puede justificar dicha negociación?. El ex rey Juan Carlos I ya no tiene autoridad para negociar nada con el rey de España. Y el rey Felipe VI no puede dar una respuesta exclusivamente privada a un asunto, que, independientemente de que pueda ser constitutivo de delito o no, no le afecta exclusivamente como hijo.

No sé quién habrá asesorado a la Casa Real, pero la emisión del comunicado es, en mi opinión, un remedio peor que la enfermedad, porque no exonera de responsabilidad de ningún tipo al rey y, sin embargo, hace pública una conducta suya que carece de cualquier justificación posible.

El comunicado de la Casa Real refuerza, además, la exigencia de la constitución de una Comisión de Investigación parlamentaria.

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