La línea roja del 155

El artículo 155 se incluyó en la Constitución pensando que no se haría uso del mismo nunca. Así había ocurrido con el artículo equivalente de la Ley Fundamental de Bonn. Y fue así porque se consideraba que la aplicación de dicho artículo supondría la constatación de una quiebra prácticamente irreparable de la Constitución Territorial del Estado.

Se pudo haber evitado su aplicación en 2017. Hubiera bastado que Carles Puigdemont hubiera disuelto el Parlament y convocado elecciones para que, muy probablemente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no hubiera recurrido al artículo 155. 

Pero, por el motivo que sea, que Rajoy y Puigdemont sabrán cuál es, no fue así. Se acabó recurriendo a dicho artículo para suspender el ejercicio del derecho a la autonomía de Catalunya, se destituyó al Govern y el presidente del Gobierno sustituyó al president de la Generalitat en la toma de la decisión de disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones.

Si la aplicación del 155 se hubiera limitado a esto, tal vez se hubiera podido volver a la normalidad constitucional relativamente pronto. Pero una vez que se permitió que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, aprovechara la suspensión del fuero jurisdiccional de los miembros del Govern para interponer una querella por el delito de rebelión ante la Audiencia Nacional, la restauración de la normalidad se volvió imposible. 

Pasar la línea roja del 155 ha gravitado desde entonces tanto en el interior de Catalunya como en las relaciones entre Catalunya y el Estado. Con una proyección muy notable en el País Vasco. 

Desde entonces, todas las elecciones celebradas en Catalunya y todas las elecciones generales han estado marcadas por la aplicación del 155. En las elecciones catalanas ha sido la tensión en el interior del nacionalismo la nota dominante. Tensión que no ha dejado de estar presente una vez celebradas las elecciones en la agenda diaria de la política catalana. La seguimos viendo todos los días. 

En las elecciones generales a partir de 2019, cuando Vox ha conseguido tener una representación parlamentaria notable y ha presionado al PP con su presencia, el 155 es la pieza clave para explicar el resultado de todas las que se han celebrado. 

Desde la aplicación del 155, en Catalunya y en el País Vasco se ha instalado la convicción de que, para la derecha española, PP y Vox, el Título VIII de la Constitución es la Constitución Territorial para el resto de las Comunidades Autónomas, pero no para ellas. Para el PP y Vox el “núcleo esencial” de la Constitución Territorial para Catalunya y País Vasco es el 155. El Título VIII está bien siempre que lo interpretéis como a nosotros nos gusta. En el momento en que no sea así, entra en acción el 155. 

La amenaza del 155 para Catalunya estuvo presente en las dos elecciones generales de 2019. Para el País Vasco no lo estuvo de manera expresa, pero en este caso no hacía falta para que el nacionalismo vasco sacara la conclusión pertinente. De ahí que el impacto electoral de la aplicación del 155 fuera incluso superior en el País Vasco que en Catalunya. 

Los mensajes trasladados a la ciudadanía por Vox y por el PP en las elecciones del 28M han venido a confirmar que las cosas no han cambiado. Para el PP y Vox ETA sigue estando viva y sigue mandando y Bildu es un partido que debería ser ilegalizado. 

El pasado 26 de mayo en el Boletín de FAES se recogen en la portada las siguientes palabras de José María Aznar: “Cuando en vez de votar al PP se vota al PNV hay más Sortu o más Bildu y si se vota al PSOE hay más Sortu o más Bildu y los riesgos se acentúan”. 

Esa es la idea de España de la derecha española. Es la que intentó imponer el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2011 y la que ha rechazado la sociedad española mayoritariamente desde diciembre de 2015. 

Presumo que en las elecciones del próximo 23 de julio las cosas no van a ser muy diferentes.