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El oscuro legado de la Cruzada contra el Terror

El terrorismo se ha convertido en un potentísimo campo magnético con capacidad de atraer hasta al alfiler más pequeño. Son pocos los aspectos de la vida moderna que se salvan de sus largos tentáculos.

Las premisas securitaristas creadas y fomentadas por occidente a través del discurso del miedo han servido para abonar un entorno permisivo para la violación sistemática de derechos y libertades civiles.

Tras los atentados del 11-S y en respuesta a los mismos, Estados Unidos se embarcó en la Guerra contra el Terror, una particular cruzada que ha mutado en un fenómeno a escala global provocando un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Todo ello con consecuencias devastadoras. ¿Sus primeras víctimas? Afganos e iraquíes, que más de diez años después siguen padeciendo las consecuencias de una guerra imperialista de carácter preventivo. El terrorismo se ha convertido en un potentísimo campo magnético con capacidad de atraer hasta al alfiler más pequeño. Son pocos los aspectos de la vida moderna que se salvan de sus largos tentáculos. La industria que ha generado a su alrededor mueve miles de millones, llegándose a convertir en un suculento negocio que abarca desde sistemas de seguridad nacional hasta domésticos, incluida la industria audio-visual (videojuegos, películas, libros, etc.). Se ha convertido en uno de los significantes más poderosos del discurso contemporáneo, capaz de generar una gran cantidad de actividad política y social, e inducir fuertes emociones. Es un tabú, objeto de mitos y leyendas, de miedo, odio, sorpresa, pero también de admiración e identidad.

Las ideas fuerza que articulan la Guerra contra el Terror han permeado o se han implantado artificialmente a lo largo y ancho del planeta permitiendo la creación y posteriormente la naturalización de un discurso macrosecuritarista, solo a la altura del desarrollado durante la Guerra Fría, capaz de movilizar a numerosos Estados aliados en esta nueva guerra. La retórica común repetida como un mantra es simple pero rotunda: el terrorismo es el problema de seguridad número uno. Como tal, sirve para justificar públicamente cuantiosas partidas presupuestarias nacionales e internacionales destinadas a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo, tanto que toda la cooperación internacional está empezando a enmarcar sus proyectos dentro de este discurso como una manera más de atraer fondos.

¿Pero qué es el terrorismo? Pese a que el uso de este término se ha multiplicado exponencialmente en la última década, lo cierto es que no existe una definición internacionalmente acordada sobre el mismo. Ha pasado a convertirse en un cajón de sastre carente de significado propio. El término “terrorista” no admite utilizarse analíticamente. No es neutral sino peyorativo, connotado además de una manera muy categórica. El mero uso de esta etiqueta deshumaniza a sus portadores, por lo que se convierte en sumamente problemática. Representa todo lo “malo”, aquello contra lo que los Estados que se dicen democráticos han acordado luchar sin cuartel y con todos los medios a su alcance. Al ser un tema tabú, el terrorismo no es analizado por los Estados como una forma de violencia política dentro de un conflicto. Es decir, se tratan los síntomas -la violencia- pero se ignoran sus causas, pese a que el terrorismo no sale de la nada y debe ser entendido como una forma de violencia en un contexto socio-político y económico determinado.

Hoy en día, la mayoría de conflictos armados activos son intra-Estado. De los 37 conflictos armados activos en 2011, todos salvo uno eran conflictos internos. La falta de una definición acordada sobre que es el terrorismo ha permitido a numerosos gobiernos etiquetar como terroristas a una gran variedad de grupos y conductas. En este sentido, criminalizar a los adversarios domésticos tachándolos de terroristas ha resultado ser una táctica muy provechosa para los Estados que, a la vez, legitiman su posición frente a los actores no estatales en conflicto y les permite utilizar tácticas militares contra ellos e incluso pedir ayuda internacional apelando a las alianzas antiterroristas. Igualmente, el discurso dominante sobre terrorismo pasa por negar cualquier tipo de negociación, lo que deja una sola vía posible: la victoria militar. Las tendencias indican que el número de enemigos nacionales e internacionales con los que queda terminantemente prohibido negociar aumenta, a la vez que el número de acuerdos de paz disminuye. En resumidas cuentas, el pronóstico al que se enfrenta el futuro de la resolución no violenta de conflictos no es demasiado halagüeño y hay quien empieza a dejar intuir el fin de la era de los acuerdos de paz.

Las premisas securitaristas creadas y fomentadas por occidente a través del discurso del miedo han servido para abonar un entorno permisivo para la violación sistemática de derechos y libertades civiles, en el cual prácticas y políticas antiterroristas de manifiesta ilegalidad internacional como la tortura, el asesinato selectivo, el confinamiento o la vigilancia masiva de ciudadanos adquieren plena legitimidad y una nueva dimensión ética al llevarse a cabo por “el bien común” y bajo un estado de necesidad preventivo. Es un proceso de erosión normativa moral y jurídica en el que lo que antes era “malo” pasa a ser “bueno” y lo que en el pasado era una excepción ahora es la norma. Todo ello está causando un gran daño al orden normativo internacional al ser realizado por democracias liberales que hasta ayer promovían por doquier los Derechos Humanos y gozaban de una importante reputación y autoridad moral internacional en la materia. El resultado es que nos encontramos ante un fenómeno de convergencia transnacional. Al ser el terrorismo percibido como un problema de todos, las políticas nacionales tienden a la convergencia y la homogeneización hacia legislaciones y prácticas restrictivas de las libertades fruto de la interdependencia y de la presión por actuar.

Desde el 11-S se ha registrado un aumento exponencial del número de listas de grupos terroristas, motivado por la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que legitima los regímenes de proscripción regionales y nacionales. En la actualidad conviven listas internacionales como la de Naciones Unidas, regionales como la de la Unión Europea y de los propios Estados, pero, ¿es el llamado listing o blacklisting compatible con la construcción de la paz? La inclusión de un grupo o individuo en estas listas es un proceso tremendamente selectivo y arbitrario. No todos los actores que usan la violencia son considerados terroristas, sin olvidar que cuatro famosos premios Nobel de la paz fueron conocidos “terroristas” en el pasado, personajes históricos de la talla de Nelson Mandela, Yassir Arafat, Sean McBride o Menachim Begin.

La designación como terrorista de un grupo busca aislarlo a la vez que deslegitimarlo socialmente, aunque también conlleva dos principales efectos adversos. Por un lado, la imagen que se transmite a la sociedad a través de las narrativas construidas desde el poder y que los medios de comunicación se encargan de alimentar gráficamente es la del terrorista como representación del mal radical. Con frecuencia los medios muestran la violencia terrorista como un espectáculo mediático, apelando a los aspectos emocionales, propagando el miedo en la sociedad y reforzado la dicotomía entre el “yo” y ese “otro” demoniaco que representan los terroristas -confusa y erróneamente llamados por occidente- “islámicos”, “islamistas”, “yihadistas”, “salafistas” o “wahabíes” indistintamente. Un discurso del miedo muy dañino que ha convertido a toda la comunidad musulmana en sospechosa de terrorismo. Por otro lado, la clasificación como terrorista de un determinado grupo lo aísla social y políticamente; lo polariza induciéndolo a su radicalización, al provocar que los sectores moderados se vean ante una difícil decisión: aceptar y asumir la etiqueta que les están imponiendo y unirse a las actividades ilegales o abandonar el activismo; y cierra las vías no violentas de resolución del conflicto al ser definidos únicamente por su faceta violenta e inhumana.

El legado securitarista del 11-S puede parecer positivo si nos centramos en el corto plazo, al producir réditos interesados, pero no contribuirá a la construcción de un tipo de paz emancipada, sólida y duradera y, en definitiva, a que este mundo sea un lugar más vivible para todos. La solución pasa por otras vías. No se pueden perseguir salidas puramente militares a problemas de origen político (como el terrorismo). De las intervenciones de corte liberal imperialista y neocolonialista la experiencia nos cuenta que nunca sale nada bueno a largo plazo. Se basan en una supremacía cultural que mira por encima del hombro y con desprecio al resto de sociedades y culturas y en un modelo de economía de mercado globalizada que requiere de unas desigualdades extremas entre norte y sur para su supervivencia, consolidando en definitiva la violencia directa, estructural y cultural en todo el planeta.

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