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Podemos o la necesidad de ensanchar la falla del 15-M

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El acontecimiento que define las elecciones del 25-M no es la exigua victoria del Partido Popular ni la amarga derrota del Partido Socialista, sino la irrupción de una nueva fuerza política que con solo cuatro meses de existencia ha hecho temblar los cimientos del bipartidismo español, obteniendo más de 1,2 millones de votos y modificando la lógica del sistema de partidos tal y como la habíamos conocido hasta ahora. La aparición de Podemos como nuevo actor socio-político representa una de las muchas réplicas del terremoto 15-M, trasladando a la arena electoral los embates sísmicos impulsados previamente por la PAH y las Mareas en el terreno social. A diferencia de un terremoto, las réplicas tienen una doble característica: la de poder causar más daño, porque los cimientos estructurales ya han sido afectados, y la de poder repetirse mientras se mantenga viva la energía sísmica que las impulsa. Por este motivo, mientras continúe el austericidio, el malestar y la indignación ciudadana, una apuesta como la representada por Podemos solo puede crecer y ganar, tal y como evidencian los últimos sondeos post-electorales.

Tal amenaza ha puesto en guardia a los opinólogos y voceros del régimen que han alzado sus voces salvíficas. Sin embargo, su débil argumentario ha evidenciado una vez más su incapacidad para entender la novedad y profundidad del desafío. Así, las distintas estrategias ensayadas para erosionar su creciente popularidad (la demonización de sus propuestas políticas, la caricaturización de sus liderazgos y los intentos de criminalizar sus prácticas) se han mostrado ineficaces y contraproducentes -igual que sucedió con el 15-M y la PAH-, contribuyendo a aumentar la simpatía e ilusión por un proyecto que tiene por finalidad generar una mayoría social proclive al cambio que nos permita visualizar un más allá de las ataduras de la transición. Cada una de sus intervenciones -desagradables y poco elaboradas en la mayoría de veces- les ha retornado con un efecto boomerang.

Tras constatar su continuado fracaso para deslegitimar una propuesta política que ha sabido convertir la indignación en ilusión, el último ardid ha sido presentar su debate interno como una evidencia de ingobernabilidad y fraccionalismo. Resulta paradójico que un ejercicio de transparencia y debate interno como el desarrollado por Podemos, en el que se delibera libremente acerca de cual deba ser su futura forma de organización, sea presentado como una seña de debilidad interna; a la vez que se hace mutis sobre el cierre de filas y la persecución del disenso interno en las bases del Partido Socialista descontentas con la profesión de fe borbónica de su aparato. El nerviosismo de la élites generado por un fenómeno disruptivo como Podemos es una evidencia más de su potencial de amenaza y de cambio.

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Derecho y subversión: por qué necesitamos el principio de justicia universal

Hemos debatido en el Teatro Goya de Madrid acerca del principio de justicia universal. El polémico Baltasar Garzón, exjuez y hoy abogado, entre otros, de Julian Assange, ha convocado un Congreso sobre la jurisdicción universal, o sea, sobre la idea de que el Derecho Penal nacional también pueda aplicarse cuando el delito cometido no guarda una relación directa con dicho país. La ocasión era especial. Fue en Madrid, hace casi 20 años, cuando comenzó la era dorada de los procesos penales basados en el principio de justicia universal. Unos procesos que permitieron llevar a los dictadores ante los tribunales mucho antes de que la Corte Penal Internacional emprendiera su trabajo.

En un principio, se trató sobre todo de casos relacionados con las antiguas colonias españolas en Latinoamérica. Estos procesos tuvieron un espectacular punto álgido el día 16 de octubre de 1998: Garzón, entonces juez de instrucción, dispuso el arresto del antiguo dictador chileno Augusto Pinochet en Londres. El mismo Pinochet nunca fue condenado. Aun así, pasó un año en régimen de internamiento y bajo arresto. Al final, regresó a Chile como un hombre abatido y fue procesado junto a su familia y sus cómplices. Algo parecido les ocurrió luego en la vecina Argentina a los militares que regentaron el poder en los años 70. Los juristas hablan desde entonces del “Efecto Pinochet”. Los procesos en Europa comportaron pocas condenas en nuestro continente. Pero contribuyeron, en combinación con la presión permanente ejercida por los movimientos de derechos humanos de los respectivos países, a que las vías judiciales bloqueadas se abrieran y comenzara el fin de la impunidad.

Hasta aquí, muy prometedor. Pero aquello que funcionó en cierta medida en El Salvador y en Guatemala, hoy avanza muy lentamente en el caso de Gaza, Guantánamo y Tíbet. Los estados reclaman, una y otra vez, y cada vez más alto, que la justicia española investigue a sus ciudadanos a causa de lesiones de los derechos humanos.

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Los que se van de Omelas

Al final del relato así titulado de Ursula K. Le Guin, nadie sabe dónde van las personas que, tras contemplar la miseria y el sufrimiento del niño encerrado en un sótano que garantiza la resplandeciente felicidad de Omelas, abandonan la ciudad. Pero todos los que se van de Omelas parecen saber muy bien hacia dónde van.

Sirva esta serena huida como metáfora literaria de los resultados electorales del 25 de mayo. Me dirán que el bipartidismo no es la Fiesta del Verano de Omelas y que un niño desnutrido y preso es un exceso de patetismo para las miserias del sistema político español. Puede que sea cierto, pero la validez de las imágenes no radica en su literalidad, sino en su capacidad de mediar nuestra propia confusión.

Entre las banalidades y los exabruptos que dijo Felipe González contra Podemos esta semana (precisamente en la presentación de un libro que se llama Democracia sin política y respaldado por el logo de La Caixa) hay algo que es cierto. Los movimientos sociales no tienen un proyecto estructurado, coherente y plenamente definido, como quizá (y sólo quizá) lo fueron las grandes ideologías del siglo XX. Como los que abandonan Omelas, parece decirnos Felipe González, los que apostaron por fuerzas abiertas a la influencia del 15M no saben dónde van.

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Podemos, punta de un iceberg

A lo largo de estos primeros días de análisis electorales se ha ido consolidando un diagnóstico común a las más variadas interpretaciones. De acuerdo con este, los resultados se caracterizarían, en su trazos fundamentales, por cinco rasgos: (1) una elevada abstención fruto de la "desafección", aunque no mayor que la de 2009; (2) el hundimiento del bipartidismo que caería del 80,9% al 49,08%, restando 8 escaños al PP y 9 al PSOE; (3) el auge previsible de dos opciones ya conocidas —IU y UpyD— que recogerían el voto descontento; (4) el sorpasso catalán de Esquerra a CiU; y (5) la irrupción de Podemos.

Sobre este consenso vendrían a desplegarse distintas cuestiones de las que, sin duda, el inesperado éxito de Podemos plantea algunos de los interrogantes más acuciantes sobre la crisis del régimen. Algunos tópicos, por veces contradictorios, se están instalando también estos días: Podemos como respuesta extermista a la crisis, poco importa si se habla del Frente Nacional o Syriza; Podemos como importación del populismo latinoamericano; Podemos como fenómeno televisivo, a la manera del M5S de Beppe Grillo; Podemos como crisis de IU, incapaz de capitalizar el hundimiento socialista; Podemos como expresión electoral del 15M; etc. Caracterizaciones todas ellas parciales que muestran la complejidad de un proceso que se escapa de forma inquietante a los análisis electorales al uso.

A los ojos de los comentaristas, Podemos parece portador de una suma de contradicciones y sinsentidos: en menos meses de existencia que escaños dispone, ha trastocado el sistema de partidos, rebajado a la mitad las expectativas de crecimiento de IU e incorporado jóvenes, abstencionistas y flujos de voto que no proceden de la izquierda. De los primeros análisis politológicos se deduce ya que Podemos es un actor esquivo a los parámetros del régimen: no se sitúa cómodamente en la izquierda, pero tiene una composición de clase inequívoca; reivindica un pueblo español, pero admitiría la secesión.

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Municipalismo y rupturas constituyentes: ¿1931: 2.0?

Decía Marx hablando de la revolución aquí que “España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa, tan en boga en 1848, de comenzar y acabar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en este línea son complejos y más prolongados. Tres años parece ser el plazo mínimo que se impone el país a sí mismo, mientras que el ciclo revolucionario se extiende a veces hasta nueve”. Si uno contempla esta afirmación escrita en 1854 a la luz del ciclo 1931-1939, y el más reducido de 1936 a 1939, no deja de sorprender, a pesar de que se refería al pasado y no al futuro. En el mismo sentido, la eclosión del 15-M, que parecía anunciar en sus inicios una transformación revolucionaria inmediata, debe enmarcarse en un ciclo largo de gran transformación política. Si ya muy pronto pareció que su irrupción apenas tendría efectos en el sistema político institucional, mutando en una y mil iniciativas a nivel sociopolítico, lo cierto es que en este ciclo largo donde estamos inmersos todavía nos quedan muchas más irrupciones por ver. De hecho, su emergencia se inscribió en el marco del ciclo electoral que se inició con las municipales del 22 de mayo de 2011 y terminó con la victoria del PP (aunque sería más preciso hablar en este sentido de la derrota del PSOE, ya que el partido conservador apenas había incrementado su número de votos desde 2008), el 20 de noviembre de 2011. Entre ese momento y el actual hemos vivido un interregno donde de forma invisible millares de microcambios, pequeñas decisiones, mil acciones, se pueden hacer evidentes de nuevo en el espacio político en el nuevo ciclo electoral que ahora reprendemos. Nada será en este sentido igual a como fue.

Prácticamente en el mismo momento que Marx escribía sus análisis sobre el carácter de las revoluciones en la piel de toro, otro pensador y político Pi y Margall, el único socialista en España según el propio Marx y posteriormente presidente de la Primera República, desarrollaba los principios de su futuro "constitucionalismo revolucionario". Su intento no era otro que el de impulsar una revolución donde “no sólo es necesario acabar con la actual organización política, sino también con la económica; que es indispensable, no ya reformar la nación, sino cambiar la base”. Para ello, recogiendo una tradición muy anterior, partía de un federalismo que tenía como raíz el municipio como forma de reconstituir una sociedad libre entre iguales desde del núcleo más básico y cercano del poder institucional.

Iniciar un amplio proceso de transformación revolucionaria tomando como base el poder local podía parecer extraño, en un período donde se estilaba más el asalto directo al Estado. Pero Pi y Margall, en este sentido, no hacía sino recoger una realidad del pasado para reformularla para propio su futuro. La vitalidad de la vida local en la península, que fascinaba al propio Marx, estuvo en la base de la resistencia a la invasión napoleónica en 1808 y se constituyó en uno de los polos de tensión en el marco de la revolución liberal, pero quizás fue ya entrado el siglo XX donde el municipalismo mostró toda su fuerza. El Pacto de San Sebastián, acordado en agosto de 1930 por personalidades tan dispares entre ellas como Alejandro Lerroux o Jaume Aiguader de Estat Català, entre muchos otros, significaba la alianza para acabar con la primera Restauración monárquica en el siglo XX. Una alianza posible entre fuerzas muy diversas entre sí, y a veces confrontadas, a partir de un horizonte común: la proclamación de la República. Pero una cosa era el acuerdo, otra muy diferente su realización, para ello se recurrió a dos medios “clásicos”: o bien una huelga general o bien una insurrección. Basta decir que los dos medios fracasaron. Parecía que el intento de implementar un nuevo sistema político democrático se había quedado sin alternativas. Lo parecía.

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Lecturas postelectorales y Podemos

Las elecciones al Parlamento Europeo han traído una sorpresa. Nada hacía prever el éxito electoral de un partido político nacido en la siniestra, capaz de cuestionar la hegemonía de Izquierda Unida. Podemos, así se llama el nuevo actor político, al cual ni los más optimistas auguraban un triunfo tan contundente. Hoy la derecha lo descalifica y ataca obscenamente. No hay que infravalorarlo, pero tampoco sobreestimarlo.

El resto del panorama sigue el guión previsto con pocas novedades. Caída estrepitosa de los partidos hegemónicos y mayoritarios, sacudidos por los escándalos de corrupción y descrédito, articuladores del mal llamado bipartidismo imperfecto. Destacan la subida de UPyD, Izquierda Unida y Partido por la Ciudadanía. También estrenan escaños ERC, Primavera Europea y Los Pueblos Deciden. El PNV y CiU se presentaron junto a otros partidos regionalistas y nacionalistas en la candidatura Más Europa, obteniendo tres eurodiputados.

Sin embargo, el triunfo de Podemos -que analizaremos más adelante- oculta  un hecho relevante: los altos índices de abstención. Para las dos últimas elecciones al Parlamento europeo los datos oficiales son los siguientes: en  2009 votaron 15.935.147 personas con un censo electoral de 35.510.837; y en 2014 lo hicieron 15.920.815 -¡14.332 ciudadanos menos!- con un censo de 36.546.270. Por consiguiente, ninguna de las 39 opciones, que iban desde los partidos de ámbito estatal, nacionalistas o regionales, hasta Falange Española o el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, han logrado motivar la participación y bajar el nivel de abstención, situada en el 55%.

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Cuatro caminos hacia la convergencia

Las elecciones del 25M han supuesto varios terremotos políticos de los que uno de los más importantes es el auge de las fuerzas rupturistas democráticas y la reconfiguración del mapa de éstas. Por primera vez aparecen en todo el Estado tales opciones con porcentajes de votos muy importantes: sólo en Ceuta y Melilla la suma de estos votos no alcanza el 10% (y no falta mucho) y en la mayoría del país supera el 15%. Nunca fue así: siempre hubo zonas blancas en las que no aparecía un voto cuantitativamente relevante que escapara a PP y PSOE, y este cambio muestra que la quiebra del sistema de partidos dominante es algo muy extendido. Si de lo que se trata es de cambiar el país, no se puede ser marginal en ningún punto del mismo: es la primera vez que se da esta condición.

El otro gran cambio en las fuerzas rupturistas es que por primera vez Izquierda Unida pierde el monopolio de su representación en el conjunto del Estado. La irrupción de Podemos, con un millón y cuarto de votos, supone un cambio importantísimo, especialmente si tenemos en cuenta que es compatible con la importante subida de IU (millón y medio de votos). Desde Izquierda Unida esta aparición ha sido entendida como algo positivo. Por un lado, por la propia reconfiguración del país, que hace más cercanos ( muy difíciles, pero por fin claramente posibles) los objetivos políticos de transformación democrática y social. Pero, también, porque se hace más realista (además de urgente) la configuración de ese nuevo bloque político y social que es política de IU desde hace tiempo (desde 2008, si lo entendemos como prolongación de la refundación de la izquierda aprobada en la IX Asamblea de IU). Hasta ahora esto se había topado con la dificultad de gestionar encuentros entre bloques de una desigualdad cuantitativa gigantesca que dificultaban conjugar la democracia de lo que surgiera con la necesidad de que el encuentro no supusiera que el pez grande fagocitara a los peces chicos. En ese sentido, la aparición de un pez de notable peso es una gran noticia, porque arrasa las dificultades técnicas y los recelos que se han planteado hasta ahora. El éxito de Podemos da la razón al diagnóstico y posibilita que por fin se haga realidad lo que IU pone en sus documentos desde hace años.

Nadie previó una reconfiguración del panorama tan rápida y contundente. Por eso desde la noche electoral han surgido tantas reflexiones, debates y llamamientos al encuentro fundamentalmente entre IU y Podemos. El hecho de que las europeas abran un ciclo electoral (el año que viene hay elecciones municipales, autonómicas en casi todo el Estado y después generales) hace urgente la reflexión y que, por fin, ésta vaya acompañada de los pasos reales.

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Siete claves por las que Enrique López no podía seguir ni un minuto más en el Constitucional

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Conducir excediendo la tasa de alcohol legalmente permitida es un delito, según  artículo 379 del Código Penal. Y si al mismo tiempo se producen conductas que objetivamente generen un riesgo, como saltarse semáforos en rojo, implica una conducta agravada contemplada en el  artículo 380 de esa misma ley. Quien incurra en tales conductas se verá enfrentado a un proceso penal. Y si al mismo tiempo se trata de un magistrado del Tribunal Constitucional, las consecuencias no se pueden obviar.

A partir del momento en que fue  sorprendido cometiendo el delito antes descrito, Enrique López se enfrenta a una serie de consecuencias que exceden, con creces, lo que es su "ámbito privado", como ha intentado hacer ver el Tribunal Constitucional.

1. El proceso. Normalmente, cualquiera que fuese sorprendido con la tasa de alcohol que llevaba Enrique López habría sido detenido y puesto a disposición judicial, siguiéndose  los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los denominados "Juicios Rápidos", es decir los procedimientos simplificados para conductas penalmente relevantes, pero de sencillo enjuiciamiento. No ha sido así en su caso y, además, al tratarse de un aforado, su enjuiciamiento corresponderá al Tribunal Supremo que, sin duda, está llamado a resolver situaciones jurídicas más relevantes que las simples borracheras de los aforados.

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Derecho y subversión: nosotros que somos tan libres

Nosotros que somos tan libres, cogemos en Madrid el tren hacia Sevilla, desde allí alquilamos un coche hasta Algeciras y cruzamos con el ferry el estrecho de Gibraltar -esa estrecha franja de mar que separa el continente europeo del africano. En el puerto de Ceuta, ciudad autónoma y enclave español en suelo africano, ondean tres banderas: la de la ciudad, la española y la europea. Mi colega español Gonzalo Boyé y yo tomamos un taxi hasta el puesto fronterizo cercano. Apenas nos sentamos en el coche recibimos una sorpresa: el conductor del taxi, Ismael, fue testigo ocular de los acontecimientos acaecidos el 6 de febrero de este año, el día en que 15 inmigrantes perecieron en el intento de cruzar la frontera.

Precisamente esos acontecimientos son el motivo de nuestra visita a Ceuta: intentamos reconstruir exactamente lo que pasó entonces. Ismael nos enseña el lugar donde los inmigrantes desarmados intentaron alcanzar a nado la playa de El Tarajal -territorio español y por tanto de la Unión Europea. Los inmigrantes clamaban: “España, España”, mientras que los vigilantes fronterizos españoles les respondieron con disparos de pelotas de goma y los obligaron a retroceder de nuevo al mar. Fueron quince las personas que se ahogaron.

El conductor del taxi llama “negritos” a los inmigrantes. Él mismo es ciudadano español de origen marroquí y vive en la cercana barriada de El Príncipe, habitada por musulmanes. Un barrio problemático, como se suele decir, en el que los policías solo se atreven a entrar en compañía. Ismael está sinceramente indignado por el trato que los uniformados españoles dieron a los inmigrantes. Nos cuenta que en el agua había embarcaciones españolas y que podrían haberlos salvado. Pero no quiere ir a la policía y aportar allí su testimonio; podría ser peor el remedio que la enfermedad.

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La Ley de Amnistía: Marguš contra Croacia y España contra el mundo

El 27 de mayo se hizo pública la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Marguš contra Croacia. Sin ser éste el momento de entrar en los detalles de esta causa, valga señalar que en ella el TEDH hizo frente a la valoración general que para el Derecho internacional merecen las leyes de amnistía. Por mejor decir, de las 58 páginas de esta sentencia, cerca de 25 recogen una parte de la -por lo demás muy abundante- práctica internacional a este respecto.

A su luz, ya en la sentencia de Sala de 13 de noviembre de 2012 se había concluido que desde hace décadas existe una clara y constante tendencia que determina que la concesión de amnistías generales respecto de crímenes internacionales -crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.- está prohibida por el Derecho internacional. En concreto, se dijo entonces, lo anterior se extraía de las normas consuetudinarias de Derecho internacional humanitario, los tratados de derechos humanos, así como las decisiones de tribunales internacionales y regionales y de la práctica de los Estados (párrafo 74).

Por su parte, en su sentencia la Gran Sala añadió a todo ello algunas consideraciones que merecen destacarse: De un lado, sostuvo que la misma jurisprudencia anterior del TEDH permitía concluir que la concesión de amnistías respeto al asesinato y maltrato de civiles es contraria a las obligaciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; en tanto que ese tipo de leyes impiden u obstaculizan la investigación, y necesariamente conllevan la impunidad de los responsables (párrafo 127). Del otro lado, subrayó la obligación unánimemente reconocida de los Estados de procesar y castigar a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos; y a su tenor, la general y desde hace lustros creciente orientación internacional a considerar, en consecuencia, a las amnistías como jurídicamente inaceptables (párrafo 139).

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