Derecho y subversión: entre la espada y la pared

Fue un típico encuentro entre abogados que se conocen pero no se ven muy a menudo.

El colega Shawan Jabarin, procedente de Ramala, dirige la organización de derechos humanos palestina Al-Haq, fundada en 1979 y por tanto la más antigua de Oriente Próximo. Se encontraba de visita en Berlín junto con Hamdi Shaqqura, del Palestinian Centre for Human Rights de Gaza, entre otras cosas, para dialogar con diputados del Parlamento alemán y con representantes de organizaciones no gubernamentales. Allí me los encontré otra vez. Nos habíamos visto por última vez en 2007, en Ramala.

Ambos participaron también en una conferencia que celebraba el décimo aniversario del dictamen emitido por la Corte Penal Internacional de La Haya sobre el muro que separa a Israel de los territorios palestinos ocupados. En su momento, el tribunal llegó a la conclusión de que la construcción del muro atentaba contra el Derecho Internacional y exigió al Estado de Israel que frenara su construcción y emprendiera la reparación de sus consecuencias. Sin embargo, Israel no ha reconocido el dictamen, y el Tribunal Supremo israelí sólo ha dispuesto, en algunos casos aislados, la demolición parcial o el desplazamiento del muro.

En nuestro encuentro, hablamos de las posibilidades de prestar protección jurídica a las víctimas de torturas y a los afectados de otras violaciones de los derechos humanos fuera de la región. En varios países europeos, los defensores de los derechos humanos palestinos, en colaboración con abogados locales, ya han intentado iniciar procesos penales contra altos cargos militares y políticos israelíes cuando estos se encontraban de paso en los respectivos países. Y en ello les ha ido, en principio, como nos va a todos los que intentamos una y otra vez y de forma similar aplicar el principio de justicia universal o el principio de jurisdicción universal contra sospechosos de delitos provenientes de países poderosos: los obstáculos políticos para la prosecución penal son grandes.

Así, en los Países Bajos un tribunal asumió en un caso, de forma equivocada, que una persona acusada de delitos de guerra en Palestina gozaba de inmunidad. El error jurídico no se aclaró hasta que dicha persona salió del país, sin que ello tuviera ningún tipo de consecuencias.

Tener el derecho, obtener el derecho –esto es, en estos casos, aún más difícil de lo habitual. Pues todos los Estados afectados temen represalias en su política exterior en caso de arrestar a los sospechosos. En Alemania, así se lo expliqué a mi colega, la situación aún se complica más porque la relación amistosa mantenida con el Estado de Israel hace que nuestros políticos, en muchos casos, se desmarquen de las críticas por violaciones de los derechos humanos y eviten tomar medidas. Además, y este es un problema específicamente nuestro, pronto se le encasilla a uno en la mala compañía de los antisemitas declarados o encubiertos, incluso aunque no haya tenido lugar un incumplimiento legal desde el punto de vista puramente objetivo y jurídico.

No obstante, en los últimos años ha habido algunos cambios positivos. Así, el año pasado se pudo visitar en la Willy-Brandt-Haus la impactante exposición fotográfica del grupo de soldados israelíes críticos “Breaking the Silence”. Y recientemente 17 Estados europeos han adoptado medidas para actuar en contra de aquellas empresas que apoyen la política de asentamientos ilegales en los territorios ocupados o se beneficien de la misma. También este es un tema que queremos discutir en el futuro con ambas organizaciones.

Y para aquellos a los que les gusta el equilibrio en todo: los juristas de Gaza y Ramala luchan también contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades palestinas. Así que siempre se encuentran entre la espada y la pared; y para ello hay que tener verdadero valor, habida cuenta de que la situación es a menudo muy tensa.