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Hay que adaptar el derecho y la política a la era digital

En la era digital, la garantía del Estado democrático de derecho pasa por la protección de los derechos fundamentales frente a la sistemática apelación a la seguridad por parte de los gobernantes.

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La tecnología está permitiendo a los gobiernos occidentales (en la foto, Cameron y Obama) un nivel nunca visto de vigilancia de sus ciudadanos.

La academia de verano del centro de Thilo Weichert en Kiel trabaja desde hace muchos años comprometida en el campo de la protección de datos. Se tratan los dos polos: “La seguridad, un super-derecho fundamental -tal y como lo denominó el antiguo ministro de Interior del Gobierno federal alemán, Hans-Peter Friedrich (CSU)-, frente a los derechos humanos digitales de la era post-Snowden".

Sin embargo, no acaba de surgir una verdadera controversia entre los ponentes invitados. Ni siquiera los representantes de las autoridades, los vicepresidentes de la Oficina Federal de la Seguridad de las Tecnologías de la Información y de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, están a favor de este hipotético super-derecho fundamental. Ambos consideran que la protección de datos es una parte del sistema constitucional federal, merecedora de protección y, en consecuencia, ambos reclaman poder defenderla a su manera. Sólo queda esperar que con la salida de Friedrich también quede soterrada la extravagante idea de declarar como derecho fundamental algo que invalida los verdaderos derechos fundamentales.

No es tan fácil acabar con la tensión que surge una y otra vez entre la seguridad interna y los derechos humanos y ciudadanos. Intento hacerlo durante la conferencia que impartí en la academia. En primer lugar, critico el debate porque no está siendo lo suficientemente amplio. Quien hable de servicios secretos y de vigilancia no debería pasar por alto las grandes compañías de recolección de datos ni del capitalismo globalizado -afirmo citando a Frank Schirrmacher. El difunto coeditor del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung constató la existencia de una simbiosis entre la racionalidad comercial y la militar, de modo que entendía los servicios secretos como parte de los mercados de vigilancia centralizados y globalizados.

Por ello no tiene mucho sentido declarar la guerra a esa consecuencia de la globalización con un nacionalismo restrictivo o con fragmentaciones, creando, por ejemplo, una internet alemana o una internet francesa. Schirrmacher defendió el arma del “conocimiento”. Eso está bien, pero es algo difícil. Porque no se trata solamente de denunciar los actos ilegales o peligrosos, comprenderlos e indignarse. También hay que acabar con ellos.

Las revelaciones sobre los sistemas de vigilancia en masa han confirmado que el desarrollo tecnológico lleva mucha delantera al desarrollo social. Desde junio de 2013 sabemos que aquello que es posible tecnológicamente hablando se acaba llevando a la práctica y que no se aprecian mecanismos políticos o judiciales de control que sean efectivos frente a ello. Hay que adaptar urgentemente tanto el derecho como la política a la era digital.

No veo precisamente con optimismo los trece años transcurridos desde el 11 de septiembre de 2001. Arrestos y torturas arbitrarias en Guantánamo o Abu Ghraib; secuestros de la CIA con aviones, también en Europa; y ejecuciones selectivas en Afganistán y en Pakistán. Todas estas agresiones a los derechos humanos han sido cometidas por Estados democráticos, que abogan por la lucha contra el terrorismo. Estos actos sólo son sancionados de forma muy excepcional. En Estados Unidos los tribunales no quieren castigar estas violaciones de los derechos humanos y, por otra parte, el sistema jurídico internacional no es efectivo, salvo algunas excepciones dignas de elogio. Únicamente un tribunal de Milán, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de los vuelos secuestrados y de la cárcel secreta de la CIA en Polonia, así como el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo en las causas de listas de terroristas, se han mostrado críticos frente a los Estados europeos. Para los afectados las sentencias llegaron demasiado tarde. Aunque quizás ahora la línea roja para las actuaciones estatales es, por lo menos, más fácilmente reconocible.

Todas las lesiones de derechos mencionadas han sido destapadas, por cierto, por “soplones”, periodistas de investigación y organizaciones de derechos humanos. Pero, en vez de reforzar en sus posiciones a estos agentes, Chelsea Manning, Edward Snowden, Glenn Greenwald y Laura Poitras han de soportar penas draconianas, exilio o enormes restricciones en su actividad profesional. También así se puede destruir la idea de un Estado democrático de derecho.

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