La guerra de los Rose

Situaciones como la que se está viviendo en Catalunya son difíciles de imaginar y, sin embargo, están pasando y habrá que buscar una solución que no pasa ni, de un lado, por saltarse las normas ni, de otro, por criminalizar las legítimas aspiraciones de quienes visualizan Catalunya como una entidad política separada de España. Un planteamiento de estas características no gustará a muchos pero sería bueno analizar la situación desde una perspectiva menos apasionada y más racional si lo que de verdad se pretende es evitar un choque entre dos trenes igual de nacionalistas.

Aprobar normas encaminadas a hacer viable una secesión por vía exprés, y sin respetar las normas procedimentales, es, sin duda, un mal comienzo. Las normas de procedimiento son la única garantía existente para que cualquier asunto, el que sea, discurra por un cauce en el cual los derechos de todos se encuentren mínimamente garantizados y, también, para que todos tengan claras las reglas del juego. Lo sucedido este miércoles en el Parlament ni fue un buen comienzo ni augura un mejor futuro.

La respuesta, como era de esperar, estuvo a la altura o a la “bajura”, si se me permite el término. La credibilidad del Tribunal Constitucional se encuentra en un mínimo histórico y, más preocupante aún, la certeza que tenía el Gobierno sobre el resultado de su impugnación no habla nada bien de la garantía de imparcialidad que ha de presumírsele a cualquier Tribunal... veremos qué termina diciendo Estrasburgo. Asumir con absoluta seguridad, como se ha asumido, que el Constitucional suspendería la Ley catalana de desconexión es tanto como atribuirle, al máximo intérprete de la Constitución, un carácter de mero ejecutor de las grandes líneas políticas del Gobierno.

Situados en la cúspide del despropósito, la Fiscalía General del Estado ha dado orden de querellarse en contra de aquellos a los que atribuye la responsabilidad última en la aprobación de la Ley de desconexión, lo que implica una judicialización, por la vía de la criminalización, de actuaciones que, a mi juicio, son claramente políticas. Las ordenes se han cumplido y la Fiscalía se ha querellado; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en tiempo récord y nada usual para lo que estamos habituados, ha admitido a trámite una querella que no es otra cosa que echar más gasolina al fuego.

Acción-reacción y así hasta vaya uno a saber cuándo porque lo que no se quiere abordar es que existe una auténtico problema político que requiere soluciones políticas en lugar de judiciales; son los políticos los que tienen que solucionar este problema, con altura de miras, en lugar de, cobardemente, trasladar a los jueces la obligación de dar una respuesta a quienes reclaman, con mayor o menor acierto, el derecho a independizarse o, mejor dicho, el derecho a decidir si quieren o no independizarse porque aún no sabemos cuántos realmente lo desean.

El problema tiene aquí difícil solución porque estamos ante un conflicto entre nacionalistas: españoles y catalanes, sin embargo, desde una perspectiva absolutamente democrática nada impide preguntar a los ciudadanos de Catalunya si quieren o no permanecer en España. Esa consulta, para que sea válida a ojos de todos, esté cargada de legitimidad y vincule a todas las partes, debería hacerse dentro de un marco de normalidad democrática y con iguales o similares garantías a las seguidas en procesos de este tipo en Escocia o Quebec.

Un referéndum, con las características y garantías que existieron en los celebrados en Quebec y Escocia, sería un gran ejercicio democrático y al que nadie, ningún demócrata, debería oponerse. Los catalanes, como no puede ser de otra forma, tienen el derecho a decidir sobre su futuro pero deben hacerlo de forma tal que el resultado no sea cuestionable y esté cargado de legitimidad.

Fórmulas para consultar a los catalanes hay muchas pero, sobre todo, lo que tiene que existir es una voluntad política de dar cauce, dentro de un esquema democrático y de un Estado de Derecho, a unas aspiraciones que, por ahora, no sabemos si son o no mayoritarias en la sociedad catalana pero que no se puede negar que existan. Y digo preguntar a la sociedad catalana porque son ellos, y solo ellos, los que tienen que decidir si quieren o no permanecer en España.

No son pocas las voces, cargadas de nacionalismo español, que alegan que para poder decidir el futuro de Catalunya hay que consultar al conjunto de la sociedad española; discrepo de tal planteamiento, aquí lo que realmente está en juego es el derecho a decidir de los catalanes, no de los españoles y, sirvan como ejemplo, los casos ya citados de Quebec o Escocia donde los consultados fueron, precisamente, solo los quebequenses y los escoceses. Sin ir más lejos, el Reino Unido decidió, unilateralmente, salirse de la Unión Europea y, que yo recuerda, nadie nos lo consultó al resto de europeos.

Sin embargo, no parece que vayamos en esa dirección y, en muchos momentos, tengo la sensación de que parte importante de los actores, de uno y otro lado, están cómodos en el conflicto y que lo que realmente temen es buscar una solución, darle forma legal, dotarla de legitimidad y luego proceder, con todas las garantías, a votar y a contar los votos… vamos a encontrar una salida democrática.

El espectáculo está siendo lamentable y podría resumirse en que unos se victimizan y, como saben que el otro tiene comprado al árbitro, decidieron meter un gol con la mano mientras los otros, que para eso compraron al árbitro, ahora les han pitado un penal y sacado tarjeta amarilla. La política no puede ni debe ser eso, se debe jugar desde la honestidad, con las cartas sobre la mesa y con unas reglas muy transparentes que, al final, nos permitan tener clara cuál es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya y, sobre ese marco, construir un futuro de entendimiento que puede o no llevarnos a casas separadas o a una común teniendo presente que, sea cual sea el resultado de ese proceso, siempre seremos, como mínimo, vecinos.

Como nunca se ha querido abordar seriamente una revisión del modelo territorial español, ni su configuración constitucional, el conflicto se ha enquistado y adquirido otras dimensiones que nos llevan a la actual situación donde parece ser que ya no se atiende a razones por lo que si ha llegado la hora del divorcio hagámoslo civilizadamente porque lo que no nos merecemos, ni nosotros ni las generaciones venideras, es una auténtica “guerra de los Rose”.