Las confesiones dudosas de Iguala

México no me suelta. Durante mis últimas horas en la capital disfruto de su lado hermoso en el parque Alameda de Santa María, en el barrio antiguo, idílico de Santa María la Ribera. De los problemas causados por las drogas en los alrededores no se nota nada aquí: skaters y futbolistas, en el fondo un guitarrista y a mi altura, en una banca, José María Fuentes. Él lleva 15 años sin hogar, no obstante es un gran optimista, ha vivido muchas cosas bonitas, dice, solo pocas cosas malas, está satisfecho con su vida.

Poco después me encuentro, aún de buen humor, en el avión dirección a París, cuando los periódicos mexicanos me devuelven a la realidad oscura del país. En un día absolutamente normal, La Jornada, un medio inclinado algo más a la izquierda, viene llena de barbaridades: periodistas perseguidos, autoridades racistas, violencia contra inmigrantes centroamericanos, arrestos arbitrarios y reproches de torturas contra la policía. Y luego un largo artículo de los reporteros investigadores de la revista Proceso sobre la masacre y los estudiantes de Iguala en el estado de Guerrero, quienes desde septiembre de 2014 aún están “desaparecidos”. Los actores principales de esta obra, demasiado parecida a la última novela de Don Winslow, El Cartel, son un fiscal general, un montón de policías arrestados y las llamadas “fuerzas de seguridad”, así como una empresa productora de armas alemana.

Después de los acontecimientos desgraciados de Iguala, las autoridades mexicanas debieron haber hecho algo, por lo menos algo. En un estado de derecho más o menos funcional este tipo de violencia sería inimaginable. Pero en caso de que llegase a suceder, es obligación y deber de los órganos estatales correspondientes investigar inmediatamente e iniciar una persecución penal contra los responsables. Hacia afuera, ese parece ser el caso de México: después del 26 de septiembre fueron arrestadas en total 99 personas, muchas confesaron, y el fiscal general Murillo Karam se detuvo el 27 de enero de 2015 frente a la prensa y presentó, nada más y nada menos, que la “verdad histórica”.

Tiempo valioso desperdiciado para asegurar pruebas

Tiempo valioso desperdiciado para asegurar pruebasLos reporteros de Proceso revisaron las actas detalladamente y llegaron a conclusiones preocupantes. Por ejemplo, está el caso de los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez, dos vendedores ambulantes de ropa, quienes el 8 de octubre de 2014 fueron agarrados lejos de la escena del crimen y transportados en helicóptero a Iguala. Un día después, unos médicos encuentran en el cuerpo de Miguel Angel 10 y en el de Osvaldo 14 heridas. Luego le cuentan ambos a sus novias que fueron torturados, golpeados, maltratados con shock eléctricos y sus cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Finalmente, los hermanos confiesan haber participado en el asesinato de los estudiantes – confiesan, como muchos otros arrestados en el caso lo han hecho, pero los periodistas notan que los testimonios de muchos de ellos se contradicen.

No se puede deducir nada de estas confesiones chantajeadas. Tampoco se pueden usar, porque leyes nacionales y la convención contra tortura de la ONU prohíben el uso en juicios de información obtenida con tortura. De cualquier manera no tienen valor las declaraciones. Personas que sufrieron dicho tipo de tratamiento, les cuentan a sus torturadores todo lo que ellos quieren oír.

Ocho meses después de Iguala, nada; más bien se desperdició demasiado tiempo para conseguir pruebas. Es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les exige a las autoridades mexicanas iniciar las investigaciones desde el inicio y seguir nuevas líneas de investigación –una exigencia a todas luces razonable–. Por supuesto se deben agotar por ahora todos los recursos en México. La Comisión Interamericana o la Corte Penal Internacional enfrentarían de cualquier modo un problema grave: sería difícil para ellos investigar en México y dependerían de la cooperación de los mexicanos. No obstante, parecen ser necesarios la presión y la intervención del extranjero para darles a los 43 estudiantes y a sus familiares al menos una esperanza de justicia.

Ah, claro, la empresa de armas alemana: del dinero de drogas ganado en México se invierte una parte significante en armas que son enviadas desde los Estado Unidos y alimentan el conflicto. Pero también la Heckler & Koch GmbH de Alemania suministra armas a México: varios agentes de la policía sospechosos y arrestados dentro del caso de Iguala llevaban rifles de la citada empresa.

Armas alemanas en Iguala –es una violación clara de la ley sobre el control de armamento bélico alemana–. Heckler & Koch suministro, aunque el ministerio de economía alemán no había autorizado exportaciones de armas a las regiones de crisis Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Pero las autoridades alemanas nunca controlaron el cargamento hacia México.