La orden de detención europea: un instrumento problemático

Su colega me avisa: siempre necesita un rato para firmar las dedicatorias. Miro a mi alrededor en la sala de reuniones. Las persianas y las cortinas están casi completamente echadas en esta tarde londinense. De las paredes cuelgan fotos de la naturaleza, de serpientes y cocodrilos. Hay un armario con libros encuadernados, y más allá se encuentra un mástil con la bandera ecuatoriana.

Julian Assange le está escribiendo un saludo a Edward Snowden, con quien me encontraré poco después. Assange tiene peor aspecto que hace apenas uno o dos años. Ni más ni menos el aspecto que uno tiene cuando apenas se ha movido y casi no ha recibido luz del sol ni aire fresco en más de dos años. Como cuando se está bajo arresto. Por eso es comprensible que los abogados de Assange argumenten en sus recientes escritos que su situación equivale jurídicamente a un arresto.

Pero la justicia sueca se mantiene impasible. Es manifiesto que la fiscalía no está haciendo nada para dar impulso a las investigaciones preliminares incoadas contra él. En concreto, se trata de tomar declaración a Assange en el proceso penal en curso, para lo cual él se ha ofrecido varias veces, ya sea en una audiencia en la Embajada de Ecuador o de otra forma. Pero no en Suecia, desde donde Assange teme que le extraditen a EE.UU. Sin embargo, los suecos se niegan.

Informo a Assange de las acciones que estamos emprendiendo contra la orden de detención europea como abogados defensores europeos. Este problemático instrumento se implantó como parte de los muchos paquetes de medidas contra el terrorismo introducidos después del 11 de septiembre de 2001. Permite el traslado sencillo de personas sospechosas y sentenciadas dentro de la Unión Europea, evitando los laboriosos controles de un procedimiento de extradición. Los legisladores se aprovecharon entonces de la coyuntura favorable y nos vendieron la orden de detención como una medida para la lucha contra el terrorismo. Desde aquella fecha, sin embargo, la orden es ejecutada también contra muchas otras personas implicadas en delitos de gravedad media y alta que no guardan ninguna relación con el terrorismo.

Los estados de la UE utilizan a menudo y con agrado estas relaciones de extradición simplificadas entre ellos. La Europa unitaria – “espacio de la libertad, de la seguridad y del derecho”, como se la denomina en el artículo 29 apartado 1 de la UE – no deja de ser aquí también únicamente una ficción, porque el procedimiento se simplifica sólo para las autoridades penales, pero no para los afectados y sus abogados. A un arrestado sin grandes recursos económicos le resultará difícil encontrar abogados defensores en los dos, y a veces incluso más estados implicados, en el poco tiempo de que dispone. Y aunque los encuentre, estos tendrán dificultades para acceder a la información necesaria para organizar la defensa.

Por un lado, por tanto, se eliminan las fronteras y los obstáculos entre los Estados para que las autoridades puedan cooperar mejor. Por otro, los afectados se ven considerablemente perjudicados porque no se les trata como ciudadanos del Estado que quiere llevarlos a juicio. A menudo se les atribuye riesgo de fuga, y la puesta en libertad a cambio del pago de una fianza, algo totalmente habitual en los demás casos, muchas veces no es posible; o el fiscal se niega, como en el caso de Assange, a viajar desde Estocolmo a Londres para tomarle declaración.

Por cierto, el libro de Assange When Google meets Wikileaks, que él mismo me entrega para Edward Snowden, relata un encuentro ligeramente surrealista entre Assange y los jefes de Google Eric Schmidt y Jared Cohen durante su arresto domiciliario en una casa de campo de Norfolk, Inglaterra, en junio de 2011. Assange criticó más tarde en el New York Times a Schmidt y a Cohen por su libro The New Digital Age, sobre todo por la interrelación personal e ideológica existente entre Google y el Departamento de Estado. Assange acusa a ambos de tener un doble estándar: los jefes de Google aceptan y promueven las redes sociales y los leaks siempre que sus usuarios provengan de regímenes cuyo derrocamiento sea deseable desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, los soplones y disidentes de entre sus propias filas tienen que enfrentarse a diligencias penales y a penas de prisión drásticas incluso aunque destapen delitos, como Chelsea Manning.