Los Presupuestos más expansivos de la historia. ¿Una reconstrucción al servicio de quién?

Durante estas últimas semanas oímos que, en caso de lograrse una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del próximo año, estos serán los más expansivos de la historia. Seguramente, será así. Existen dos factores que lo permiten: por un lado, la decisión de Bruselas de suspender temporalmente las reglas presupuestarias de control de déficit a través de la activación de la cláusula de escape de los arts. 3.1.c) y 3.3.b) del TECG. Y, por otro lado, la aprobación, mediante el documento de conclusiones del Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020, del llamado Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia (IRR), consistente en transferencias de dinero hacia los Estados para realizar inversiones. 

Ahora bien, que unos presupuestos sean expansivos no significa, necesariamente, que impliquen una salida de la crisis postpandemia en favor de los intereses de los sectores populares. Un incremento del gasto público puede hacerse para servir a los intereses del Capital. En contraposición a la falsa idea de que el mercado se regula espontáneamente por el mismo, el capitalismo ha necesitado, siempre, de la intervención estatal para la creación de un entramado institucional y normativo que le permitiera generar períodos de crecimiento. Tradicionalmente, para que un empresario haya podido obtener excedente que reinvertir necesitaba de políticas macroeconómicas que asegurasen que la cantidad cada vez mayor de mercancías producidas se pueda vender. Para que pudiera reinvertir en mejorar su maquinaria necesitaba de la existencia de una organización del sistema productivo que asegure que otro capitalista fabrique la maquinaria necesaria para el primero. O, para conseguir fuerza de trabajo mejor capacitada eran necesarias escuelas y universidades para su formación.

En este sentido, un análisis al paquete de ayudas económicas concedidas por la UE a los Estados para su reconstrucción post-COVID y las prioridades de inversión fijadas por ésta como condición para su recepción, nos hace sospechar que más que perseguir como meta la garantía de derechos sociales, los fondos concedidos, cuyo correlato serán los Presupuestos Generales, están, principalmente, destinados a llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales y una transformación cultural que permitan adecuar la estructura estatal, jurídica y social a las nuevas necesidades de reproducción del Capital en la nueva era digital post-pandemia. El objetivo no es revertir el modelo neoliberal sino acelerarlo mediante inversión.

En la actualidad, los principales problemas con los cuales se encuentran los grandes capitales son:

a) Una situación de crisis económica mundial provocada por el coronavirus

b) La existencia de una estructura estatal y social disfuncional a las nuevas necesidades de desarrollo del capitalismo que el nuevo escenario ha creado.

Ante este escenario hace falta una nueva gran transformación del andamiaje institucional, normativo y social, para hacerlo funcional al nuevo régimen de acumulación del Capital que se construye ahora alrededor de una nueva era digitalizada que abre nuevas oportunidades de negocio. Una revisión de los dos instrumentos jurídicos sobre los cuales la UE estructura el llamado plan de reconstrucción post-pandemia (el presupuesto de la UE denominado Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP) y el plan de fondos adicionales Nueva Generación UE (NGUE)) permiten ver, claramente, que el objetivo es éste. Fijémonos cuales son las principales partidas del Plan NGUE destinadas a programas individuales para los Estados y entenderemos  este fin oculto detrás del Plan.

El plan NGUE es un fondo adicional de dinero destinado a reforzar el presupuesto de la UE (MFP) 2021-2027 ante el advenimiento de la pandemia. En concreto, se trata de un fondo de 750.000 millones de euros que la UE solicita en forma de crédito a los mercados de capitales. Pero, ¿a qué destinará la UE esta cantidad de dinero?

Si comparamos el documento de trabajo inicial presentado por la Comisión Europea, en febrero de 2020, para iniciar la negociación entre los Estados, con el documento definitivo aprobado en el Consejo Europeo de julio tras la negociación, podemos ver, por ejemplo, que la partida denominada “Programa de salud” con 7,7 mil millones de euros de la propuesta inicial ha sido eliminada, íntegramente, de la definitiva. Otras partidas como la de InvesEU (5,6 mil millones de euros) se mantienen. InvesUE es el nuevo nombre del antiguo Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, entre los objetivos del cual está eliminar los obstáculos a la inversión mediante tres pilares, el tercero de los cuales consiste en “mejorar el entorno a las empresas eliminando los obstáculos (nacionales y europeos) a la inversión”, léase más neoliberalismo y libre mercado. Pero, la partida del fondo de reconstrucción que más se incrementa es el Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia (IRR) que sube a 672,5 mil millones de euros. ¿En qué consiste esta última?

Se trata de la partida dedicada a la transferencia de dinero hacia los Estados, una parte en forma de créditos y otra de subvenciones, para que lleven a cabo inversiones en sus territorios que, de acuerdo con la letra del NGUE, deben tener dos ejes prioritarios: la transición ecológica de acuerdo con los criterios del Pacto Verde Europeo y la transición digital de acuerdo con la llamada Estrategia Digital Europea.

El Pacto Verde Europeo, según lo define la propia Comisión Europea, es “una nueva estrategia de crecimiento para la UE tendente a transformarla en una sociedad climáticamente neutra, equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”. A la vez, la Estrategia Digital Europea fija como objetivos: “Invertir en competencias digitales para todos los europeos; acelerar el despliegue de banda ancha ultra rápida para los hogares, escuelas y hospitales de la UE; posibilitar que acceda a la financiación y se expanda una comunidad dinámica de empresas emergentes y pymes innovadoras y de rápido crecimiento; proponer una Ley de servicios digitales que refuerce la responsabilidad de las plataformas y aclare las normas aplicables a los servicios online; garantizar que en la economía digital las normas de la UE se adecuen a su propósito; garantizar que en Europa todas las empresas compitan en condiciones justas; mejorar el acceso a datos de alta calidad al mismo tiempo que se garantiza la protección de los datos personales y sensibles; etc.” Es sintomático ver que el 2016, en España, la patronal CEOE aprobó el documento Plan Digital 2020: la digitalización de la sociedad española, fijando la digitalización como objetivo estratégico fundamental para llevar a cabo “una transformación cultural” que “genere nuevos modelos de negocio”.

En la presentación, el 30 de agosto en Casa de América, y ante empresarios y miembros de la sociedad civil, Pedro Sánchez esbozó sus planes de “transformación” económica de cara al inicio de curso, en los ámbitos necesarios para captar los 140.000 millones que le han correspondido a España del fondo del IRR. Este plan que Sánchez ha llamado “España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia” tiene como ejes principales la transformación digital y la transición ecológica.

Como decía al inicio, presupuestos expansivos o mayor gasto público no necesariamente es sinónimo de bienestar social ni reversión del neoliberalismo. Pueden servir para acelerarlo. Analizando lo expuesto anteriormente, no parece haber demasiadas dudas que el objetivo del Plan de reconstrucción NGUE y su correlato en los Estados, los presupuestos nacionales que se pueden aprobar en los próximos meses, no es, principalmente, propiciar una vuelta al Estado social, sino utilizar el aparato  administrativo estatal para habilitar la transformación cultural y las reformas que permitan adecuar la estructura social y estatal a las necesidades del Capital y de su nueva fase de acumulación en el siglo XXI: la del capitalismo digital financiero que incrusta las tecnologías de la información en los procesos de producción y consumo. Se trata de una aceleración del proceso neoliberalizador que va a cambiar nuestras vidas generando más precariedad, vulneración de derechos y destrucción de las estructuras sociales colectivas.