La demanda contra el exdirector de la CIA es tan solo el inicio

Cuando días atrás leí el informe sobre las torturas de la CIA del Senado de los Estados Unidos, sentí un gran enojo. Por supuesto que conozco, desde hace más de diez años, los informes sobre maltratos y golpes, privación de sueño y prácticas de waterboarding. No en vano desde 2004 trabajo jurídicamente con relativo éxito, junto con mis colegas, contra los creadores, arquitectos y planificadores de la tortura sistemática extendida sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001. Lo que me ha irritado tanto ahora son las reacciones de los autores principales de dichos delitos.

Un ejemplo es el proporcionado por el exjefe de la CIA Michael V. Hayden, quien defendió a los responsables del “arresto ilegal” -como lo denomina eufemísticamente la CIA- del ciudadano alemán Khaled al-Masri. Según ellos, la CIA tomó en cuenta todos los elementos en juego. El resultado fueron cinco meses de prisión y tortura, la destrucción de una persona, por una mera confusión de nombres. Pues bien, según la voluntad de los nefastos políticos y encargados de los servicios secretos estadounidenses, todo esto debe quedar impune.

Al-Masri exigió una indemnización en los tribunales civiles. Sin éxito, como todos aquellos que han sobrevivido a la tortura infligida por los agentes estadounidenses. Uno puede siempre desesperarse cuando se trata de tortura sistemática y otras graves conductas que permanecen impunes, ya sea en Siria, Irak, Rusia o Estados Unidos. Pero de la justicia estadounidense espero más que de la rusa o de la siria, porque los Estados Unidos se comprometieron con estándares de Derecho internacional de respeto a los derechos humanos. Por ello me quedo perplejo cuando me doy cuenta de que, a pesar del citado informe del Senado, no se instruirán procesos civiles o penales. Entonces, si no es en Estados Unidos, ¿dónde podrá ser?

Una semana después de la publicación del informe sobre las torturas fui invitado a la comisión jurídica del Bundestag por el “caso Al-Masri”: El fiscal general federal alemán, Harald Range, anunció que su oficina se estaba esforzando por conseguir el informe completo, traducirlo y examinarlo jurídicamente. Se trata de una iniciativa buena y rápida. También mis colegas y yo adoptamos una decisión: el European Center for Constitutional and Human Rights presentó ante la fiscalía general alemana acciones contra el exjefe de la CIA George Tenet y otras autoridades. ¿Qué pretendemos con estas demandas? Queremos que no solo se investigue contra los agentes que participaron en los secuestros y maltratos. El fiscal general federal también debe investigar el rol de los responsables más altos, tanto Tenet como otros miembros del gobierno de George W. Bush.

También debe haber investigaciones -aunque se trate de investigaciones preliminares- incluso aunque ninguno de los planificadores de aquellas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos anuncien una visita a Alemania. Es conocido que todos aquellos que estuvieron involucrados en el programa de torturas, desde los agentes de la CIA hasta el propio Bush, temen viajar a Europa, dado que aquí les esperan medidas legales. Cómo de peligrosa sea realmente la amenaza es algo que no parecen poder evaluar, al igual que yo tampoco. Pero los responsables estadounidenses toman medidas de precaución y evitan el riesgo.

Depende de nosotros, en Alemania, España, Francia o Bélgica, que se lleven a cabo investigaciones serias. Quizá alguno de los responsables de esa barbarie se deje llevar y visite Europa por motivos privados o de negocios. El exdictador chileno Augusto Pinochet solo pudo ser arrestado en su visita a Londres de octubre de 1998 porque la justicia española estaba preparada. Habían interrogado testigos, analizado documentos y estudiado la responsabilidad jurídica del dictador. También la justicia alemana debe estar preparada ahora.