La Fiscalía propone eximir de la expulsión a los extranjeros víctimas de delito de odio

La Fiscalía General del Estado propone en su memoria anual una modificación de la ley de extranjería para que regule la exención de la expulsión de víctimas de delitos de odio y discriminación que estén en situación irregular en España a cambio de que denuncien y colaboren en su investigación.

Explica que formula esta propuesta “ante la elevada cifra de delitos de odio que se cometen y no se denuncian, tal como ponen de manifiesto prestigiosos y reconocidos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

En concreto propone la modificación de la legislación para que los extranjeros que hayan sido víctimas de delitos de odio y discriminación, especialmente cuando hayan sido cometidos con violencia o intimidación, puedan obtener permiso para residir en España.

“Ello con el fin de que puedan sentirse más seguros, evitar el temor a una probable expulsión del territorio nacional si acuden a una Comisaría a denunciar el delito del que han sido víctimas y adquirir una mayor confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en jueces y fiscales, facilitando de esta forma la denuncia de los hechos sufridos y su eficaz persecución”, comenta.

Explica que se trataría de contemplar un apartado específico dentro de la ley que evite la expulsión de personas en situación irregular en España que hayan sido víctimas de delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

Aclara que ello “a condición de denunciar a los autores o cooperadores de dichos delitos o a condición de cooperar y colaborar con las autoridades competentes proporcionando datos esenciales o testificando en su caso en el proceso correspondiente”.

Recuerda que previsiones de esta naturaleza se contemplan ya para las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos y la medida se enmarca en las conclusiones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea que invitan a los estados a tomar medidas adecuadas para facilitar la denuncia de los delitos motivados por el odio por las víctimas.

Por otra parte para la Fiscalía el legislador debería ponderar seriamente el castigo en determinadas circunstancias de las conductas de los testaferros como un delito de peligro, “como herramienta de primer orden en la lucha contra el fraude, no solo fiscal sino también de fenómenos de corrupción de otra naturaleza”.

“El empleo de personas interpuestas, hombres de confianza, de paja, etcétera, no tiene generalmente otra finalidad que la fraudulenta como contemplamos cotidianamente”, advierte.

Añade que “el orden socioeconómico no puede admitir como lícitas conductas” de este tipo, “más en tiempos como los actuales en los que las demandas de transparencia crecen de manera singular en el sentimiento de la colectividad”.

La Fiscalía también considera necesario implantar el mecanismo de la mediación penal para la solución de determinados conflictos.

Ello porque aprecia “un vacío normativo que parece desconocer un instrumento que se ha mostrado eficaz para dar una respuesta normalizada al delito, conjugando el interés de la víctima con los fines tradicionalmente asociados al derecho penal”.

Por último propone una reforma de la Ley que regula el proceso penal de menores para que en los supuestos de delitos de máxima gravedad si el imputado ya supera los 21 años la medida cautelar de internamiento en centro cerrado pueda ejecutarse en una prisión.