Madrid, cementerio de conciertos
Es la cruda realidad que vive la música en directo en nuestro país, y más concretamente de los conciertos de pop y rock. Aún no recuperada del descenso de ingresos por la venta de discos, la industria de la música tuvo que asumir una crisis del live condicionada por la bajada en picado del consumo en el terreno del ocio y la subida del IVA cultural.
Estos son los números y las razones de un sector al que las administraciones abocan a la caída libre.
1. La subida del IVA y su efecto sobre el directo
El 1 de septiembre de 2012, el Ministerio de Hacienda hizo efectiva la subida del IVA cultural: de un 8% al 21% actual. El tipo contrasta con el aplicado a espectáculos musicales en países como Francia (5,5%), Alemania (7%), Irlanda (9%) o Portugal (13%), si bien es cierto que el del Reino Unido se asemeja al del caso español (20%) y que Italia incluso lo supera (23%).
Para Pascual Egea, presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), “la subida se ha traducido en falta de competitividad con respecto al resto de los países de nuestro entorno, lo que ha provocado una disminución de actuaciones de artistas internacionales en nuestro país y, en consecuencia, un descenso en la compra global de entradas. Esto a su vez incide negativamente en el desarrollo de nuevos artistas nacionales, puesto que la desaparición del margen económico de los empresarios impide invertir en nuevos talentos”.
Traducido en números, y a falta de las cifras del año todavía en curso, de septiembre a diciembre del 2012 el descenso en la venta de entradas fue de un -28,92%. No debería ser una sorpresa, porque ya había pasado unos meses antes en Portugal. Cuando en el país vecino el IVA Cultural sufrió un incremento de seis puntos (del 7% al 13%), cuatro de cada diez espectadores dejaron de acudir a las salas. Este dato no influyó en la decisión del Ejecutivo español.
Además, el caso de la música en directo es particular, por el agravio comparativo que sufre con las salas de cine en lo relativo a la otra gran fuente de ingresos paralela a la venta de entradas: el consumo en barras. La hostelería en España se beneficia aún hoy de un IVA reducido al 10% que se aplica en los cines pero no en discotecas y salas de conciertos, que se han quedado excluidos de este estímulo fiscal y tributan al 21%.
Un informe del pasado mes de mayo de la Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo ProNoche valoraba en un -13,5% el descenso en el consumo de bebidas alcohólicas y en una caída del -10% en el consumo de refrescos en el primer trimestre de aplicación del nuevo IVA.
Esta catarata de números confirma que el incremento del tipo impositivo se traduce en menos recaudación y, ya de paso, ha enviado a la cola del paro a un buen puñado de profesionales del sector: del técnico de sonido al barman, el encargado de la limpieza o, por supuesto, el músico.
2. Las subvenciones como propaganda
Hace unos meses, desmontábamos los tópicos que intencionadamente incidían en el carácter parasitario del cine: 66 millones de euros en subvenciones durante el 2013 frente a los 120 que se ha embolsado el PP en el mismo año. Una cifra ridícula si la comparamos con la que reciben sectores como el agrario, el del automóvil o las eléctricas.
La SGAE ha ensuciado gravemente la percepción que el ciudadano medio tiene del músico. Pocos saben que el 10% que la sociedad detrae de la entrada de cada concierto es otro quebradero de cabeza para el promotor de conciertos español, o que el sector cultural es en realidad uno de los menos subvencionados en proporción a su aportación a la riqueza económica del país. Lo cierto es que el rock es el hermano pobre de los diferentes compartimentos que componen ese cajón de sastre que es la cultura.
“El INAEM saca cada año una partida de ayudas para la música, danza, teatro y circo, a las que puede aspirar cualquier artista, empresario o asociación. Normalmente se otorgan a proyectos específicos. Para 2014 han incrementado el presupuesto en un 12%, unos 14 millones de euros en total para las cuatro disciplinas”, explica Pascual Egea. El listado de este año puede consultarse en el BOE de 27 de julio de 2013. En una lista de aproximadamente 400 nombres, apenas pueden encontrarse empresas y proyectos que apuesten por el pop en sus diferentes formas.
Entre orfeones, agrupaciones folclóricas e iniciativas vinculadas con la lírica y la música clásica se cuelan menos de una decena de empresas relacionadas con la música “moderna”, con subvenciones que en ningún caso superan los 20.000 euros: Everlasting Records (ayuda para una gira del grupo de blues-rock Guadalupe Plata), Artica Booking (para giras de El Columpio Asesino y “otros” por Iberoamérica) y Asociaciones como la Coordinadora Estatal de Salas de Música, Asociación de Promotores Musicales, UFI o Promusicae.
El otro gran programa de subvenciones para el sector arrancó en 2010 bajo el nombre de Girando por salas, con la intención de potenciar el circuito de conciertos fuera de las grandes ciudades. Cada año se benefician del programa 36 artistas, que reciben unos honorarios de 350 euros por músico y concierto (con un límite de cuatro bolos al año). El programa está resultando un éxito en cuanto a visibilidad y participación, pese a que el montante económico total es casi anecdótico.
Las comparaciones entre el pop y el rock y disciplinas como el cine, el teatro o incluso la música clásica son sangrantes: mientras que este 2013 el Teatro Real de Madrid manejó 8,7 millones de euros de subvención de Cultura, y 6,5 el Liceu de Barcelona, festivales como Primavera Sound, Sónar o FIB, con repercusión mundial y un enorme impacto turístico en las ciudades en las que tienen lugar, dependen totalmente para su subsistencia de la venta de entradas y la contratación de patrocinios.
3. El perverso mundo cambiante de las licencias
De un tiempo a esta parte, la clausura de salas y discotecas se ha convertido en noticia-comodín para los diarios. La capital se lleva la palma desde que tuvo lugar el caso Madrid Arena, aún pendiente de sentencia. Como si el Ayuntamiento actuara obsesionado por hacer pagar al sector privado por su responsabilidad como titular y responsable último del lugar en que ocurrió la tragedia.
Es cierto que en los locales nocturnos y salas de conciertos a menudo se excede el aforo permitido y no se cuenta con la Licencia de Actividad en regla. Como también es cierto que el sistema es deliberadamente perverso para permitir el cierre fulminante de un local en cualquier momento.
Fuentes de La Viña, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, lo explican: “El problema es que el aforo de un establecimiento de hostelería no se calcula aplicando exclusivamente el Código Técnico de la Edificación de 2006, que es el relativo a condiciones de seguridad para todos los locales en España. También se tiene en cuenta el Plan General de Urbanismo de Madrid aprobado en 1997, en el que se limita la capacidad de cualquier restaurante a 99 personas; o la de bares de copas, a 49 personas. Y ello independientemente de sus metros cuadrados y de su capacidad de evacuación. Eso está creando problemas en las inspecciones municipales”.
Un ejemplo fue el festival Primavera Club 2012, que se celebraba en el espacio público Matadero Madrid y cuyos aforos la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela decidió cambiar a dos días vista del arranque del festival: de las 800 personas inicialmente confirmadas a sólo 100. Como era de prever, la organización del festival anunció días después su decisión de abandonar Madrid como sede en los años venideros.
Algo similar sucede en el momento de poner en funcionamiento una sala de conciertos. El supuesto colapso administrativo retrasa la concesión de unas licencias que además exigen reformas constantes para cumplir con la normativa medioambiental y de seguridad. La misma normativa que luce generosa manga ancha en el caso de edificios públicos o grandes superficies comerciales.
“El sistema de expedición de licencias sigue siendo complejo si lo comparas con otros sectores como el comercio, donde existen declaraciones responsables que agilizan la puesta en marcha de actividades”, señalan en La Viña.
La tendencia camina en la dirección contraria a las iniciativas de otros países de nuestro entorno, como Reino Unido, que en octubre de 2012 aprobó una ley que permite a salas con capacidad para menos de 200 personas organizar conciertos sin necesidad de una licencia específica, simplemente cumpliendo con unos sencillos requisitos de horario y acondicionamiento.
4. Menores fuera de las salas
La música en directo se enfrenta, además, a otra situación paradójica: la prohibición de entrada a menores. Con la nueva Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), el simple acceso de un menor a una sala de conciertos se sanciona con multa de 3.006 a 30.050 euros. Si el menor estuviese consumiendo alcohol dentro del local, la multa podría alcanzar los 300.506 euros, la clausura desde seis meses y un día hasta dos años, o la prohibición de la actividad durante el mismo tiempo.
Con el botellón a la orden del día, la norma parece más enfocada a retrasar, o incluso impedir, el acceso de los jóvenes a la música que a enfrentarse a un problema de salud pública.
“La diferencia básica es que en España hemos demonizado la música en directo, mientras que en otros países se fomenta y se apoya. Asistir a un concierto no es un acto de lujuria y perversión pero, al parecer, nuestros políticos no lo entienden así. Los menores de edad no deben beber bebidas alcohólicas, por lo que la Administración ha decidido que no pueden asistir a conciertos en salas de fiestas donde se sirva alcohol. En vez de buscar una fórmula para que puedan asistir a los conciertos y no consumir alcohol, han decidido cortar por lo sano”, concluye Pascual Egea.
La percepción general en el sector es que en Madrid existe la consigna de sacar todo tipo de actividad nocturna del distrito Centro y que hay una cruzada contra los locales que programan conciertos.
Decisiones tan desafortunadas y polémicas como el ya famoso casting a los músicos callejeros apuntan a que el modelo que maneja el equipo de Ana Botella, y que ya anteriormente puso en marcha Alberto Ruiz-Gallardón, es el de una ciudad silente, con indultos puntuales que se concretan en los festivales de chotis que de cuando en cuando se programan en la Plaza Mayor.
