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El PP intenta frenar la ley de Servicios Sociales Inclusivos

La diputada Eva Ortiz amenaza con acudir al Tribunal Constitucional porque la comisión no dio tiempo al grupo parlamentario para estudiar un centenar de enmiendas

Mónica Oltra durante una visita al centro ocupacional La Valldigna para personas con diversidad funcional.

Mónica Oltra durante una visita al centro ocupacional La Valldigna para personas con diversidad funcional.

El Grupo Parlamentario Popular amenaza con recurrir la Ley de Servicios Sociales a los tribunales por su forma de tramitación. La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, explicó el pasado miércoles tras la junta de portavoces en las Corts Valencianes que su grupo estudia acciones ante el Tribunal Constitucional por "vulneración de derechos fundamentales", al considerar que el resto de grupos no dieron tiempo suficiente para estudiar las enmiendas en la última sesión.

La ley de Servicios Sociales Inclusivos, una de las grandes apuestas del departamento que dirige Mónica Oltra, está prevista para el pleno del próximo miércoles desde hace semanas. La norma reorganiza todo el sistema autonómico y considera que las Diputaciones provinciales deben colaborar para evitar que los ayuntamientos asuman una parte importante del coste de los servicios. 

Las últimas enmiendas a la ley, que se quiso tramitar por el procedimiento de urgencia y se ha aplazado varias veces, se registraron la mañana en la que se celebró la sesión, el pasado 11 de enero. Se presentaron en el Parlamento valenciano una hora antes de arrancar, por un error en el registro la noche anterior. Los populares solicitaron un receso para estudiar la información, pausa que duró cerca de siete horas, hasta las cinco de la tarde. Al retomar el trabajo, se negaron a participar en algunas votaciones, señalando el escaso tiempo del que disponían y el volumen de la documentación. "Ante la imposibilidad de estudiar las enmiendas, el PP hizo constar que no iba a participar ni va a votar", explicó Ortiz.

Los populares, sin estar de acuerdo con las formas del resto de la Cámara, han presentado un escrito de reposición para que se vuelva a realizar la votación en la que no participaron. Según explican diputados de otros grupos parlamentarios, no hay error ninguno en la tramitación, ya que el reglamento permite que se presenten enmiendas sin registro incluso antes de las votaciones. Desde Compromís aseguran que han hablado con el PP para aclarar la situación pero que la ley está lista para tramitarse.

Este jueves se ha realizado una junta exprés para convocar nuevamente la comisión, que queda prevista para el viernes por la tarde, tiempo suficiente para que el miércoles la norma pase al pleno, como está previsto desde hace semanas. Los diputados del Pacte del Botànic quieren negociar con los populares para evitar una bronca durante el pleno, aunque sospechan que es lo que busca el partido de de Isabel Bonig. 

Si no se resuelve la cuestión el PP interpondrá ante el Constitucional un recurso para la defensa de derechos fundamentales. "No entendemos el empecinamiento de no trasladar el punto para el siguiente pleno. No tenemos problema en volver a la comisión, lo que no entendemos es llevar a pleno un asunto que no está claro en su tramitación", ha manifestado la portavoz.

Ciudadanos se ha sumado a las críticas del PP a través del diputado Toni Woodward: "Estamos ante una chapuza más del Botànic. Quieren aprobar una ley tan importante como la Ley de Servicio Social, por la puerta de atrás, algo que no es muy democrático", ha comentado el parlamentario. La formación naranja avisa: "hay una enmienda del Botànic que no ha sido consensuada con Ciudadanos sobre la situación de los pedagogos y los psicopedagogos, que puede tener mucha influencia en nuestro voto".

Juan Ponce, diputado de Compromís, ha explicado que "la ley se tramitó y se votaron las enmiendas el día 11". Ante las quejas de los populares, el presidente de la comisión ha decidido volver a convocarla para que se revise la votación.

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