Pateras en tiempos de coronavirus o cómo las personas migrantes acaban en tierra de nadie

La sorpresa entre fuerzas del orden, la administración y ONG era mayúscula esta semana con la llegada el pasado jueves, a bordo de una patera, de 13 personas con pasaporte sirio a la costa alicantina. Refugiados, todos hombres, que han acabada a cinco mil kilómetros de su casa en busca de una oportunidad que Europa sigue poniéndosela difícil.

Más allá de las cuestiones que despierta el cambio de ruta migratoria que podría volver a reproducirse para los que huyen de Oriente Medio, lo cierto es que esta patera, y otras dos más, una el jueves y otra el viernes, con 16 personas argelinas, una nacionalidad habitual en la inmigración irregular, ha puesto en evidencia el sistema de acogida del gobierno central en tiempos de coronavirus.

En teoría, las personas llegadas a España deberían guardar cuarentena, según la última instrucción del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No ha sido así en el caso de Alicante.

La legislación también establece que, tras un plazo máximo de 72 horas de custodia policial para tomarles los datos, se derivan al sistema de acogida de Migraciones, Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la práctica, no lo ha habido y están en la calle porque se negaron a ser trasladados al centro que Cruz Roja tiene en Chiclana, Cádiz.

La llegada de las 13 personas sirias a la playa de El Postiguet de Alicante en la madrugada del pasado jueves fue asistida por la Policía Nacional, que se encargó de tomarles la temperatura y proporcionarles mascarillas y guantes, afirman fuentes de la comisaría provincial. Todas ellas se encontraban en buen estado de salud.

Después fueron trasladados a dependencias policiales, donde según estas mismas fuentes, se les tramitó el expediente de expulsión, un documento que les avoca a quedar en libertad a la espera de la resolución de sus casos, puesto que el Centro de Internamiento de Extranjeros más próximo, el CIE de Valencia, está cerrado por el coronavirus.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno, a preguntas de este medio, remiten al Ministerio del Interior. Estas recuerdan que la “la capacidad de retorno” de las personas que han llegado a España en situación irregular “es tendente a cero” por las restricciones del espacio aéreo y el cierre de fronteras por la Covid-19. “La normativa dice que no puedes ingresar en un CIE si no hay orden de expulsión, por lo que, si no puedes devolverlas, no tiene sentido que estén allí”, aclaran.

Entonces, ¿qué pasan con estas personas? Migraciones explica que el procedimiento “siempre es el mismo, aunque la situación creada por el Covid la dificulta”. Esto es, “se les deriva a recursos dispuestos en el lugar de llegada, y en caso de que no haya recursos disponibles, se deriva a recursos de otras provincias”.

Y aquí es donde entra Cruz Roja, organización que “por primera vez”, asumen fuentes de la provincia, ha participado en una operación de traslado de personas a otra provincia, aunque finalmente no se ha llevado a cabo.

El autobús fletado por la ONG tenía previsto salir este viernes a mediodía con destino a Cádiz para cumplir allí la cuarentena exigida por normativa. Ninguno ha querido. Todos han optado por quedarse en Alicante ciudad. ¿Y cómo cumplen la cuarentena de 14 días? Ninguna de las fuentes consultadas sabe responder a la pregunta. ¿Y qué va a ser de ellas a partir de ahora? La misma respuesta.

Preguntado al Ayuntamiento, explican que el organismo competente sobre estas personas es el gobierno central. Y vuelta a empezar. Personas que podrían solicitar protección internacional, aunque de poco les vaya a servir por la política de asilo restrictiva del gobierno, denuncian las ONG 

En un momento en el que la pandemia ha frenado en un 34,1% la llegada de personas migrantes y refugiadas por vía marítima y terrestre, según datos del ministerio del Interior desde el 16 de marzo al 15 de abril, las que lo intentan, como las de Alicante, quedan varadas en situación de incertidumbre, a expensas de las ayudas de ONG, servicios sociales o, directamente, viviendo en la calle.