Tres razones por las que Ximo Puig no puede adelantar las elecciones autonómicas
El runrún del hipotético adelanto electoral valenciano lleva corriendo desde el pasado verano. Con el plazo a punto de terminar -el martes 5 sería el límite para disolver las Cortes y votar el 28 de abril, coincidiendo con las elecciones generales-, el ruido se intensifica. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, responde varias veces al día sobre la misma cuestión. Y la respuesta suele ser la misma: hay que valorarlo todo. Mientras, en su entorno, aseguran que la decisión no está tomada.
En el núcleo duro de los socialistas valencianos hay un sector que insiste en que debería hacerse un calendario propio para resaltar las singularidades valencianas respecto al resto del Estado. Desde que Pedro Sánchez adelantara las elecciones a abril, la justificación para un adelanto autonómico que coincidiera con el 28A es una posible desmovilización que llevaría a un mal resultado en mayo y que pondría en peligro la reedición del Gobierno progresista del Botánico (la suma de PSPV, Compromís y Podemos).
No obstante, hay al menos tres cuestiones de peso que dificultan el adelanto electoral. La primera, enunciada el viernes tras el pleno del Consell por la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, también dirigente de Compromís. El Estatut d'Autonomia establece en el artículo 28.4 que “el President de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante decreto la disolución de Les Corts, excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts”. Si bien la potestad de firmar el decreto es del presidente, en caso de anticipar los comicios -antes del último domingo de mayo, como establece la norma-, la decisión debería pasar por el pleno del Consell, en el que están presentes los miembros de Compromís, contrarios a hacer coincidir las autonómicas con las generales.
Otro impedimento lo marca la ley electoral estatal. Según adelanta El Confidencial, la norma incorporó en 1998 una modificación que obliga a las autonomías que celebran sus elecciones el cuarto domingo del mes de mayo a partir de 1995 -como viene siendo hasta ahora- a hacer coincidir futuras convocatorias con las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que la celebración de estas se haya previsto en un espacio de tiempo no superior a cuatro meses. Este plazo explica la excepción de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra, que como autonomías históricas pueden fijar su propio calendario. La Comunitat Valenciana, en tanto que territorio histórico, también puede hacer uso de esta carta, pero ningún presidente autonómico lo ha hecho nunca hasta ahora.
La última cuestión a tener en cuenta -por el momento- es la reforma constitucional para proteger el derecho civil valenciano. El adelanto electoral autonómico truncaria la iniciativa de reforma constitucional iniciada por las Corts para la reintegración del derecho civil valenciano, laminado por varias sentencias judiciales. La propuesta de modificación constitucional redactada por la Associació de Juristes Valencians fue presentada conjuntamente por todos los grupos políticos excepto Ciudadanos, debatida en pleno en octubre y, tras pasar todos los trámites parlamentaros, al tratarse del primer proceso de reforma constitucional que parte del Parlamento valenciano, tiene el martes 6 de marzo como día señalado para su aprobación definitiva y remisión al Congreso. Una disolución de la cámara previa a esa fecha haría decaer la iniciativa, como sucedió en numerosas ocasiones con la recientemente culminada reforma del Estatut d'Autonomía y que tanto se ha lamentado en las Corts Valencianes. Esta reforma cuenta con el apoyo de las principales entidades sociales, empresariales, sindicales y culturales valencianas y de las tres diputaciones y 300 municipios.
Con estas tres razones, la idea de adelantar los comicios autonómicos para hacerlos coincidir con los generales se va difuminando. La incógnita sobre la decisión de Ximo Puig, quizá la más complicada para un presidente autonómico, persistirá hasta el día 5.
