El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, niega represalias en el juicio por el despido de la cuñada de Barcala

Gabriel Echávarri ha vuelto este miércoles a sentarse en el banquillo de los acusados tras ser condenado en octubre del año pasado a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación en el caso Comercio.

En respuestas al fiscal, el exprimer edil de Alicante ha asegurado que la orden que dio para el cese de la funcionaria interina Catalina Rodríguez, cuñada del entonces portavoz del Partido Popular y actual alcalde Luís Barcala, no obedeció a una represalia por la denuncia que los populares habían emprendido contra él por el fraccionamiento de contratos en el que se convertiría en el caso Comercio, sino que actúo movido por el miedo.

“Cogí miedo a que me llegase otra denuncia por no despedir a las personas que trabajaban en el ayuntamiento de forma irregular, por lo que me decían los sindicatos y por la advertencia del Síndic de Greuges, en la que me conminaban a solucionar esa situación”, ha dicho Echávarri, según ha recogido EFE.

El exsecretario socialista de Alicante, quien ha llegado a la Audiencia Provincial cinco minutos antes de las diez de la mañana, ha rechazado realizar declaraciones ante los medios, a los cuales ha venido insistiendo hasta la fecha de su inocencia.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal insiste en que Echávarri habría cometido un presunto delito de prevaricación por el que debería quedar inhabilitado por diez años. La actuación de la fiscalía llega después de una denuncia de dos activistas, responsables del partido político Vecinos por Alicante, presentada “a título particular”, pese a que previamente el pleno del consistorio había aprobado la readmisión de Rodríguez.

En ese contexto, el por entonces alcalde de Alicante defendió que la cuñada de Barcala no era funcionaria, sino una interina contratada a finales de 2010 para unas funciones adscritas a la concejalía de Cultura que ya se habían extinguido. En el juicio, Barcala ha mantenido “la legalidad” del cese, respaldado por los técnicos municipales, dos de los cuales han prestado declaración como testigos.

En sus testimonios, y en los de la abogada del Ayuntamiento, se ha confirmado esta máxima: “La causa legal era de libro, había motivos para su cese”, al tiempo que han cuestionado las formas en las que Echávarri les había ordenado el cese, de manera directa, sin explicar el motivo y sin que pasase por el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, quien ha alegado que se encontraba de vacaciones en el proceso.

Por último, Gabriel Echávarri ha señalado que, si bien no era cierto que actuara por “venganza”, puesto que “la condición de cuñada de Barcala” no fue la que determinó la decisión de su despido, ha reconocido que se equivocó en los tiempos, ya que la decisión e cesarla llegó solo unos días después de que Barcala le denunciara por el caso Comercio.

“Me confundí porque hice que se vinculara el despido con una venganza. Tomé una medida justa y se convirtió en otra cosa. Hoy ella sigue trabajando y yo estoy aquí”, ha dicho en alusión al juicio cuya última sesión acabará este jueves.