Compromís lleva a la Fiscalía el “cúmulo de irregularidades” del médico que derivó a 87 pacientes a una clínica privada

La Fiscalía de Alicante ha registrado este jueves la denuncia de Compromís sobre las actuaciones de un médico que habría derivado del hospital público alicantino a una clínica privada a pacientes donde los operaba con afán lucrativo. La diputada de la coalición Marian Campello ha hecho entrega al ministerio público de toda la documentación del que la formación valenciana ha bautizado como caso Dagda.

Según ha explicado Campello, su grupo político ha recabado pruebas sobre “más de 1.200 intervenciones realizadas a 87 pacientes” que fueron derivados a la clínica privada Medimar por el jefe de Neurorradiología del Hospital General Universitario de Alicante, Juan Carlos Vázquez, quien a su vez realizaba las operaciones en el centro privado donde facturó más de 7 millones de euros a través de una empresa de su hija, Dagda Platinum.

Además del coste económico para la Sanidad Pública, la coalición valenciana ha incidido en la supuesta irresponsabilidad médica del doctor Vázquez, que llegó a someter a algunos de sus pacientes a más de 60 embolizaciones durante el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas gigantes (MAV). En este sentido, la denuncia también recoge el informe pericial realizado por el GENI (Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista), organismo perteneciente a la Sociedad Española de Neurorradiología, sobre el procedimiento realizado a la paciente Katia Michel y en él se concluye que esta fue sometida a “una número insultantemente alto de sesiones de embolizaciones” cuando generalmente estas operaciones oscilan entre 1,67 y 3 a lo largo de la vida de una persona con MAV.

El documento de Compromís incluye asimismo el informe médico pericial de la Generalitat Valenciana en el cual se reconoce que la praxis del médico “no fue acorde con la lex artis ad hoc”, que se traduce en el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata, y que “incluso podría estar contraindicado” el tratamiento aplicado por Vázquez.

Como en la rueda de prensa que ofreció la coalición de izquierdas hace dos semanas, Marian Campello ha recordado este jueves que “no se realizaron los controles apropiados desde el sistema público valenciano, sin convenio y sin previsión de gasto”. A juicio de la diputada ilicitana la denuncia ante Fiscalía recoge “un cúmulo de presuntas irregularidades y delitos en las que se ha usado la salud de las personas”.

Por último, la diputada ha hecho hincapié en que “existe una vertiente política del asunto”, ya que el apoderado de Dagda Platinum junto a la hija de Vázquez fue Alberto Joaquín Serrano Martínez, quien además fue nombrado director general de la Institución Ferial Alicantina (IFA) hasta 1999 por el exconseller del PP en Industria y Comercio, Diego Such.