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El amigo de Zaplana alegó gastos en viajes y dietas para pedir 93 millones de indemnización por no poder ampliar su puerto de lujo

El TSJ valenciano rechazó que Robert Bataouche cobrase esa cantidad por esgrimir "conceptos que nada tienen que ver con una indemnización por construcción, como la inscripción en una regata"

La Declaración de Impacto Ambiental validada por el Consell de Eduardo Zaplana no garantizaba la supervivencia de la pradera de posidonia protegida que menguó en un 50% con el inicio de las obras

El proyecto paralizado duplicaba las actuales instalaciones y tenía una inversión prevista de 80 millones pero el empresario Robert Bataouche mantiene la concesión otorgada para 30 años

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Marina Greenwich, el puerto deportivo privado donde buscan dos yates de Zaplana.

Marina Greenwich, el puerto deportivo privado donde buscan dos yates de Zaplana gestionado por Marina Greenwich.

La Generalitat tendrá que abonar un millón de euros a la sociedad Marina Greenwich SA, del empresario amigo de Eduardo Zaplana Robert Bataouche, en concepto de indemnización por no haber podido desarrollar un megapuerto deportivo de lujo. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha frenado su pretensión de cobrar 93 millones por todo tipo de conceptos, entre ellos el lucro cesante.

Y es que tanto el proyecto de ampliación del puerto deportivo Marina de Campomanes, como la Declaración de Impacto Ambiental validada por el Consell de Eduardo Zaplana y la justificación para cobrar la millonaria indemnización está llena de irregularidades que el TSJ hace visibles en la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El empresario francés pretendió cobrar 1,2 millones de euros por las obras de ampliación que había iniciado. Algo que el tribunal rechazó, ya que en la valoración presentada en un informe de la consultora Deloitte "no concreta, ni detalla los gastos correspondientes a los conceptos que integra mediante las correspondientes facturas, resultando el Anexo II una relación de muestras en las que consta conceptos que nada tienen que ver con una indemnización por construcción, como la inscripción en una regata, estancia hotel, dietas salón náutico, Fra Seaz Abogados, Viaje Alicante-Palma, MC Ediciones Pub Revista...".

No es lo único que la sala de los Contencioso-Administrativo sección 1 le tumba, porque tampoco accede a que las Generalitat le abone los estudios técnicos (porque no los justifica) o el pago de los profesionales independientes. El mayor montante, el del lucro cesante, por el que pedía 83 millones -que iba a ganar en los nuevos amarres para yates de lujo que le permitió Zaplana-, tampoco es aceptado por el tribunal. Los jueces consideran que la paralización de las obras por parte del Tribunal Supremo por motivos medioambientales anula el contrato.

Es ahí donde está la clave de este caso: en el impacto ambiental sobre la pradera de posidonia protegida de la costa de Altea donde se iba a construir el megapuerto deportivo. En total, se veían afectados 12.548 metros cuadrados de superficie de plantación marina que el empresario se comprometió a proteger, pero que acabó dañando con las primeras obras. En concreto, el 50% de las posidonia afectada empezó a notar el impacto desapareciendo o apreciándose daños considerables, según un informe de la Universidad de Murcia aportado a la causa. 

La empresa defiende que la Declaración de Impacto Ambiental garantizaba la protección de la posidonia, algo que los tribunales no ven de la misma manera. Incluso revelan un trato de favor por parte del Ejecutivo de Zaplana y de su posterior sucesor, José Luis Olivas. "En lo que respecta a la sentencia que declaró la nulidad de la concesión consideró que el proyecto aprobado en marzo de 2003, no se corresponde con el objeto de la Declaración de Impacto Ambiental", reza la sentencia.

Bataouche aparece mencionado en una grabación hecha por la policía nacional e incluida en el caso Brugal. En ella, Eduardo Zaplana habla con el que fuera su vicepresidente, José Joaquín Ripoll,  del intento de rescatar un grupo mediático y sobre una comisión que presuntamente pide el empresario. En esa charla, tanto Ripoll como Zaplana hablan de la concesión del puerto deportivo y de posibles favores del pasado.

También es llamativa la presencia de dos yates de 15 y 20 metros de eslora atracados en el  puerto deportivo Marina de Campomanes que tiene en concesión Marina Greenwich. Buques que podrían ser de Eduardo Zaplana, según las sospechas de la Guardia Civil en la investigación de la Operación Erial.

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