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¿Cuánto vale una mascarilla o un gel hidroalcohólico? El Gobierno valenciano paga cinco precios diferentes y hasta seis veces más por un mismo producto

Una mujer, con una mascarilla básica suministrada por un hospital.

Sergi Pitarch

Valencia —

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Como todas las administraciones españolas y de muchos otros países, la Generalitat Valenciana pagó la falta de previsión del impacto que iba a tener el coronavirus. En los 17 días que van del día 10 al 26 de marzo, cuando la epidemia se empezó a notar en la vida diaria de los ciudadanos y acabó con el decreto de estado de alarma el día 14, el mercado internacional de material sanitario se canibalizó, agudizando la falta de material y disparando los precios.

En esas dos semanas, cuando ni venían aviones directos de China contratados directamente por los gobiernos -el primero que llegó a València fue el 24 de marzo- ni la poca industria patria que queda se lanzó a fabricar material sanitario, el Gobierno valenciano se vio abocado a sacar la cartera y asumir hasta cinco precios diferentes por un mismo producto o a abonar por una mascarilla hasta seis veces su precio habitual.

¿Pero a qué precio pagó la Generalitat Valenciana la solución hidroalcohólica, las mascarillas FFP2 o los kits de buzo para sanitarios en las dos semanas de colapso del mercado? 

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es presentada en varios juzgados por la Abogacía de la Generalitat tras las denuncias de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana CESM-CV, los productos más demanandados y con más fluctuaciones fueron las mascarillas FFP2, las quirúrgicas y las soluciones hidroalcohólicas en gel. Y no siempre pagó por la opción más barata. Los precios unitarios están presentados sin IVA, pero el montante global sí que incluye el impuesto que el Gobierno ni ha quitado ni reducido durante la crisis.

Así, las botellas de medio litro de solución hidroalcohólica se pagaron a 1,85 euros (Instrunet Hospital), 4,65 euros (Sosmi SA), 6 euros (Promechi SL), 6,86 euros (Torreval Levante) y 9,95 euros (Dismeval SL). La Generalitat apostó por comprar 150.000 unidades de la segunda opción, la de 4,65 euros, pero también adquirió 35.000 unidades de la más cara, la de 9,95 euros que le vendió Dismeval SL, de la empresaria María del Carmen Carrión García-Sicilia, por 286.000 euros, IVA incluído. De las otras opciones las compras no superaron las 135 unidades.

En las botellas de litro de la solución hidrialcohólica, la Generalitat llegó a pagar hasta tres precios diferentes. 15,95 euros la unidad, 10,95 euros y 3,20 euros. La opción más cara fue la elegida y se compraron el día 17 de marzo ya con el estado de alarma 12.960 unidades también servidas por la empresa Dismeval SL. 2.520 unidades de la opción de 10,95 euros la unidad fueron adquiridas a Peoderpharma SL y 24 unidades solo de la más barata, a Instrunet Hospital. Hay que tener en cuenta que el volumen y el precio variaba también según la marca y según la disponibilidad de cada compañía.

En la venta de las soluciones hidroalcohólica en formato loción, los precios variaron mucho menos, aunque en las botellas de medio litro los precios llegaron a ser tres: 6,80 euros, 9,66 euros y 12,56 euros. En este caso la Generalitat Valenciana optó por la opción más económica y adquirió 6.480 unidades a la empresa Safadifarma el 26 de marzo. Esta misma empresa había vendido el mismo producto el 17 de marzo a 12,56 euros la botella, aunque la adquisición de la Generalitat fue de 169 unidades.

Por las las garrafas de cinco litos de la loción hidroalcohólica, los Servicios Centrales de la Conselleria de Sanidad abonaron 31,5 euros y 52,15 euros. Del primer precio adquirieron 1.200 unidades a Cleanity SL y de la más cara 144 a Prodepharma.

En la compra de las mascarillas los precios no fueron tan variados pero sí que se compró por montantes más altos y más bajos. Por ejemplo, Promechi vedió 750 mascarillas desechables alto riesgo a 0,40 euros el día 20 de marzo. El día 18, los Servicios Centrales compraron 1 millón de estas mascarillas por 0,80 euros a Ibersurgical SL. 

Los mismo pasó con las mascarillas FFP2 desechables sin válbula. El 27 de marzo, Exclusivas Pascual y Furió vendió 100.000 unidades por 2,65 euros cada una. El 17 de marzo, la empresa Ibersurgical surtió a la Generalitat con 200.000 mascarillas del mismo modelo -se desconoce su marca- por 4,4 euros la unidad. La transacción de la segunda compra fue de un millón de euros, la primera de 320.000 euros.

Exclusivas Pascual y Furió vendió a la Conselleria de Sanidad un millón de mascarillas quirúrgicas por 0,65 euros la unidad el 27 de marzo. El coste fue de 785.000 euros, IVA incluído. El 21 de marzo la multinacional Molnlycke Health Care vendió a los mismos Servicios Centrales 24.600 unidades del mismo modelo de mascarillas quirúrgicas a 0,10 euros la unidad.

En las batas desechables para personal sanitario también hubo dos diferencias importantes de precios. La valenciana Sosmi vendió 23.100 batas a 0,76 la unidad el 26 de marzo. Un día después, la sevillana Albazul Servicios Integrales SA cobró a 2,65 la unidad cada una de las 36.000 batas desechables. La primera ingresó 17.000 euros por esta transacción, mientras la segunda 95.000 euros brutos, más IVA.

Por su parte, de las mascarillas básicas FFP2 de las que la Generalitat compró 800.000 unidades en ocho pedidos desde el 9 de marzo al 14 de abril -un espacio superior a las dos semanas críticas- el precio no varió y el proveedor tampoco. Se trata de Tanuki 2010 de Agullent, que por las transacciones ha ingresado 2,8 millones. A 2,89 euros la unidad.

Otros productos que la Generalitat compró a un único proveedor durante aquellos duros días en el mercado sanitario fueron 60.000 kits de protección buzo con calcetines y máscara por 28 euros cada unidad. El proveedor fue la valenciana Sosmi SA por 2.032.800 euros, con el IVA incluido. 

Todas estas compras que habitualmente se rigen por la ley de contratos públicos y se sacan a concurso, según fuentes de la Generalitat, se están haciendo por el procedimiento de emergencia que ampara el estado de alarma. Sin procedimiento público y con un poder total de la oferta sobre la demanda, en este caso la demanda de la Generalitat Valenciana.

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