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Lo que la LOMCE esconde

Wert no es el causante de lo que está pasando con la educación en España. Igual que el vilipendiado conseller Font de Mora no lo era de la voladura de la enseñanza pública que se está ejecutando en la Comunitat Valenciana. Somos humanos, y seguramente por eso nos gusta humanizar o, mejor, personalizar las acciones buscando héroes o villanos, según el caso.

Es cierto que la intolerancia, la testarudez, el endiosamiento y la autocomplacencia de estos personajes nos lo ponen muy fácil para que centremos nuestro enojo en sus figuras, pero hemos de estar alerta para que estos cabezas de turco no sean el árbol que no nos deja ver el bosque. Y el bosque es grande, selvático y depredador.

El verdadero impedimento para que las corrientes políticas mayoritarias se pongan de acuerdo no es sólo la soberbia intransigencia de los que ahora gobiernan o, en general, de los que gobiernan en cualquier momento con mayoría absoluta, sino que estamos ante dos modelos antagónicos de educación: pública y laica, por un lado, o cada vez más de mercado y dependiente del lobby eclesiástico, por otro.

Este es el debate real, y podemos perdernos -o que consigan que nos perdamos- en disquisiciones estériles sobre la malvad de los Werts o Fontdemoras que han venido y estarán por venir, o del enroque de esos dos partidos mayoritarios que no se bajan del burro, pero nos estaremos equivocando, porque lo que se oculta tras las cortinas de humo es muy simple: hay un sector en España que históricamente defiende un sistema y otro sector que históricamente defiende el otro.

Aquí reside la clave de por qué Spain is different al modelo de Europa. El sector que ha aprobado la LOMCE en solitario no está sintonía con el conservadurismo (liberalismo o derecha) europeo. En Francia, o en la prototípica Finlandia, nadie discute que la educación es un bien público, en el más profundo sentido de la palabra, y que la libertad religiosa –un derecho tan importante y que tanta sangre ha costado alcanzar- pertenece a la esfera privada, y que sus manifestaciones públicas, en cualquier caso, no tienen que ligarse a la enseñanza de una fe concreta en un sistema de educación que es de todos y para todos.

Por eso en la Comunitat Valenciana se está regalando suelo público a empresas de enseñanza privadas cuando faltan por construir colegios e institutos públicos con proyectos aprobados. Por eso los alumnos de esos centros no edificados estudian en barracones. Por eso se mina el presupuesto de educación pública y se recortan plantillas, de forma que aquellos que más lo necesitan, los alumnos candidatos al fracaso escolar –un fracaso que aquí ronda el 36%, 10 puntos por encima de la media nacional- y los que tienen necesidades educativas específicas no puedan ser atendidos. Por eso, a pesar de este bendito clima mediterráneo, el alumnado se cuece en aulas en las que, ya no es que no se instale un aparato de aire acondicionado, sino que en muchos casos no se coloca ni un mísero ventilador. Y por eso, nuestro alumnado no se suma en condiciones a las tan necesarias metodologías basadas en las nuevas tecnologías de la comunicación.

La nueva ley de educación –que, visto lo visto, pasará el trámite por el Senado sin mayor pena ni gloria- profundiza en esta situación, la institucionaliza, la dota de legalidad y, lo que es más preocupante, intenta camuflar el proceso bajo una aparente lucha contra el fracaso escolar y contra la supuesta mediocridad e incultura de nuestros estudiantes. A propósito, qué maquiavélico intentar confundir a los ciudadanos con datos estadísticos mal usados.

El reciente informe PIACC, que tanta tinta y tanto comentario de bar ha provocado acerca de nuestro pretendido analfabetismo consustancial, se refiere a una población de entre 16 y 65 años, es decir, fuera del sistema educativo obligatorio, por lo tanto, no nos sirve como indicativo del fracaso o del abandono escolar prematuro. Es más, tampoco sabemos si esa franja de población está o no a la cola de la OCDE, puesto que hay países miembro que no han presentado aún sus datos.

La LOMCE da amparo legal a que empresas privadas se ahorren costes en suelo con el dinero de nuestros impuestos. Los centros públicos tendrán que competir con los concertados, pues se les va a financiar en función de “objetivos”. La norma también legaliza la segregación por sexos en escuelas cuyos propietarios opinan que las niñas son mejores enfermeras y los niños mejores ingenieros. Hace que los que logren acabar la ESO tengan que volver a demostrar su capacidad en una reválida ante examinadores externos –que encima podrán ser profesores no públicos, sin ninguna oposición aprobada-, dinamitando la pedagogía de la evaluación continua. Los directores de centro tendrán poder de decisión sobre plantillas y sobre admisión de alumnos; los consejos escolares se quedarán en papel mojado y ya no serán órganos democráticos de decisión de padres, alumnos y docentes. Hay más y, si no lo impedimos, lo sufrirán pronto en sus propias carnes nuestros hijos.

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