El Defensor del Pueblo traslada a la Fiscalía los mensajes de Vox contra los menores extranjeros en campaña
El Defensor del Pueblo ha traslado a la Fiscalía General del Estado las declaraciones de “determinados partidos políticos” y “mensajes en redes sociales” que “criminalizan” a los menores migrantes que llegan solos a España, en referencia a los mensajes que Vox difundió durante su campaña electoral para el 10 de noviembre.
“Esta institución entiende que los hechos relatados pudieran contener conductas presumiblemente delictivas”, expresa Francisco Fernández Marugán en una misiva que ha remitido a ocho ONG, a la que ha tenido acceso eldiario.es. En ella responde a la queja presentada el pasado 5 de noviembre por las entidades, que también interpusieron una denuncia ante el Ministerio fiscal en la que exigieron una investigación para determinar si varios vídeos difundidos por la formación de extrema derecha en sus redes sociales “pudieran incurrir en un delito de odio”.
Según informa Europa Press, la institución también ha enviado un escrito en la misma línea ha sido enviado al grupo municipal y parlamentario de Más Madrid, que también presentó una denuncia a la Fiscalía y una queja al Defensor del Pueblo sobre los mensajes aparecidos en redes sociales en torno a los residentes del centro de primera atención de menores de Hortaleza. En su contestación, vuelve a hacer mención a las agresiones sufridas por un grupo de ellos así como a “los mensajes de odio en redes sociales y las declaraciones realizadas por determinados grupos políticos”.
No es la primera vez que los mensajes de Vox llegan al Ministerio fiscal. También en noviembre, la Fiscalía de Sevilla incoó diligencias de investigación tras la denuncia de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, por protagonizar un acto de campaña junto al centro de menores extranjeros no acompañados en el barrio de la Macarena.
Para las ONG en estas imágenes se difunden mensajes “claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniendo en peligro la cohesión social”. Concretamente señalaban uno de ellos, en el que denuncian que “se criminaliza” a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar “generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada”. “Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas”, defendieron las entidades sociales.
En la carta, el Defensor del Pueblo respalda que estos mensajes ofrecen “una visión distorsionada” de los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran en situación de desamparo y son tutelados por las comunidades autónomas. Fernández Marugan insiste en su preocupación por los ataques sufridos por menores extranjeros no acompañados “en las últimas fechas” y “los mensajes racistas y los mensajes xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía, de los que estos
niños han sido objeto en los que se les criminaliza e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra estos menores“.
Así, hace hincapié en que “tales actitudes xenófobas” son “inadmisibles en una sociedad democrática”. En este sentido, recalca que la institución ha hecho un llamamiento “a todos los actores sociales, y particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, para que combatan firmemente los mensajes intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar a la ciudadanía, precisamente contra un colectivo que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad”. Asimismo, recuerda que a los menores que llegan solos a este país constituye una obligación legal y moral que requiere la máxima diligencia“ del conjunto de la sociedad, especialmente de las administraciones.
Las ONG implicadas –CEAR, Andalucía Acoge, Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Elín, Iridia, Red Acoge, Federación SOS Racismo y Alianza por la Solidaridad– han aplaudido en un comunicado la decisión del Defensor del Pueblo y consideran “un paso adelante” que la Fiscalía sea instada “desde una institución como es el Defensor del Pueblo”, para que abra una investigación sobre estos hechos.
Además, recogiendo el guante de la institución, reclaman, en plenas negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo, que “la lucha contra el discurso del odio y la xenofobia y defensa de los derechos de personas migrantes, racializadas o refugiadas” sean los pilares de acción del futuro Gobierno.
