Primero las negaron y luego las defendieron ante la Justicia: casi 20 años de devoluciones en caliente en España

Estaba a punto de finalizar el año 2003 cuando un hombre de origen congoleño apareció aturdido en el bosque marroquí de Bel Younech. Denunciaba que acababa de ser devuelto de Ceuta, mientras su ropa reforzaba sus palabras: aún vestía el pijama con el que fue ingresado en el hospital de la ciudad autónoma. Según declaró, dos personas con uniforme obligaron a una enfermera a retirarle la vía de suero para proceder a su expulsión inmediata.

No era la primera devolución en caliente denunciada y tampoco sería la última. Meses antes, Samy Abako llegó desorientado al bosque donde él y sus compañeros habían preparado su entrada a Ceuta. “No salía de su asombro, estaba dentro de la ciudad española cuando la Guardia Civil le detuvo y le devolvió a Marruecos por una puerta pequeña de la valla”, recoge un informe reciente de la ONG Caminando Fronteras.

En 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, las devoluciones de migrantes sin procedimiento administrativo previo “se intensificaron y las escenas de persecución de la Guardia Civil a personas migrantes se convierten en imágenes recurrentes en las calles de las dos ciudades”, relata la organización.

Las devoluciones clandestinas

En Melilla, en 2004, un joven camerunés de 28 años fue detenido por varios agentes de la Guardia Civil después de sortear la alambrada y pisar territorio español. Según documentó el fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda en eldiario.es, después de maniatarlo con bridas de nailon, le propinaron una paliza antes de expulsarlo a territorio marroquí por una de las puertas del vallado fronterizo.

El hombre fue abandonado semiinconsciente. Allí, tirado, permaneció durante tres días a la intemperie, maniatado, sin comida ni agua, hasta que fue encontrado por unos compañeros, asegura.

Con el cambio de Gobierno y la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, las devoluciones en caliente no cesaron. El 28 de diciembre de 2004, la Guardia Civil expulsó sin garantías legales a varias personas que se encontraban en el Colegio San Antonio de Ceuta. Entre ellas había nueve solicitantes de protección internacional, según probaron varias organizaciones sociales ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El Ejecutivo tuvo que readmitirlos tras las presiones de la ONU.

Y llegaron los primeros vídeos de las devoluciones tantas veces denunciadas. Detrás de la cámara estaba la ONG melillense Prodein.

Desde aquellos años, las devoluciones en caliente han continuado siendo sistemáticas, pero algo ha cambiado. En esa época, cada una de las denuncias de expulsiones inmediatas solía ir acompañada de una negativa por parte del Ejecutivo de turno. Las autoridades responsables, en general, desmentían estas prácticas, al tiempo que intentaban ejecutarlas en la clandestinidad, impidiendo la aproximación de fotoperiodistas que pudiesen captar el momento exacto de la expulsión.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó la existencia de estas prácticas hasta que, después de que la ONG Prodein las mostrase en un nuevo vídeo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo admitió. Aunque no del todo: “Puede haber casos puntuales, pero con carácter general en todo momento tanto la Policía como la Guardia Civil están actuando en el marco de la ley y respetando los derechos humanos escrupulosamente”, afirmó.

Cuando el Gobierno las revistió de “legalidad”

Hasta el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas murieron en la frontera de Ceuta, en un intento de entrada disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Aquel día, también fueron devueltos ilegalmente 23 hombres y mujeres. La gran atención mediática y la fuerza de las imágenes obligaron al Gobierno a reconocer las devoluciones, pero comenzaron a revestirlas de una supuesta legalidad. Llegó el impulso de la teoría de “las fronteras flexibles”.

En base a una “interpretación de la ley” que, según defendió entonces el exministro del Interior, se aplicaba desde 2005, un migrante no llega a España hasta que no supera la totalidad del sistema de seguridad del perímetro fronterizo. Este, según su teoría, incluía también el cordón formado por los agentes de la Guardia Civil. La frontera, argumentaba Fernández Díaz, se “retrotraía”, por lo que no “devolvían” irregularmente a personas sino que las “rechazaban legalmente” en frontera.

La normalización de las devoluciones ilegales

Después de justificarlas, empezaron a mostrarlas. “La Guardia Civil nos ponía obstáculos para realizar nuestro trabajo y tomar imágenes de los hechos, estableciendo un perímetro de 'seguridad' al que nos estaba prohibido el paso. Sin embargo, ayer fuimos invitados a presenciar, fotografiar y grabar cómo una vez que habían superado la primera de las dos vallas existentes y la Policía marroquí había terminado su 'trabajo', eran entregados por la Guardia Civil a militares marroquíes”, relataron el 3 de abril de 2014 los fotoperiodistas que trabajaban en la valla de Melilla.

“El hecho de que nos permitan documentar una flagrante violación de derechos humanos parece querer normalizarla, presentarla como una práctica legítima mientras intentan reformar la ley de extranjería para legalizarla, como ya han declarado miembros del Gobierno”, continuaba su comunicado.

Y llegaron a la Ley de Seguridad Ciudadana

Las devoluciones en caliente acabaron incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A través de una disposición adicional, se introducía en la normativa española el concepto de “rechazo en frontera”. En la práctica, la aplicación de esa nueva figura jurídica suponía la ejecución de las mismas devoluciones inmediatas y sin garantías que se venían practicando.

Después de muchas presiones, el Partido Popular añadió en el texto definitivo una referencia a la necesidad de cumplir la legislación internacional. Quienes saltasen la valla de forma irregular en Ceuta y Melilla, indica la disposición, “podrán ser rechazados (…) siempre que se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. El Ejecutivo aún no ha elaborado un protocolo para explicar a los agentes fronterizos cómo hacerlo.

En la práctica, la aplicación del “rechazo en frontera” no supuso ningún cambio con respecto a devoluciones automáticas y sin garantías que incumplen la normativa internacional.

Tras las primeras expulsiones en caliente documentadas una vez aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, Acnur denunció que los agentes de la frontera no respetan las garantías de derechos humanos y de acceso a la protección internacional que prevé la normativa.

En 2014, ocho guardias civiles fueron imputados por un juzgado de Melilla por golpear y expulsar de forma inmediata a Dany, un joven camerunés. Sin embargo, la causa fue finalmente archivada debido a la dificultad para acceder al testimonio de la víctima, precisamente, porque había sido expulsada ilegalmente.

El Gobierno del PSOE las defiende como el PP

En 2017, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España por las devoluciones en caliente de N.D. y N.T., cayó como un jarro de agua fría en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que recurrió la sentencia. La línea no cambió con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, a pesar de que en la oposición se comprometió a erradicar estas prácticas, que consideraba ilegales. El Ejecutivo socialista decidió seguir adelante con el recurso impuesto por el Gobierno anterior, defendiendo estas prácticas ante Estrasburgo y tirando, para ello, de los mismos argumentos que el PP.

A pie de valla, las expulsiones han continuado. En 2018, el Gobierno devolvió en caliente a 658 personas en las fronteras de Ceuta y Melilla, 51 más que el año anterior, según las cifras del Ministerio del Interior. Para justificarlas, Fernando Grande-Marlaska se ha estado aferrando a la resolución pendiente en Estrasburgo, defendiéndolas como sus predecesores y alegando que no ordenaría su cese hasta conocer la decisión del Tribunal.

Este jueves, se ha despejado esa incógnita con el giro de la Corte europea, que ha pasado de dar la razón a los denunciantes a levantar la condena a España. Considera que los migrantes “se pusieron en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente por la valla de Melilla” y alega que en la legislación española existen “varios medios posibles” de entrada al país por la vía regular, entre los que destaca las oficinas de asilo creadas en el paso fronterizo de Melilla, a pesar de que las ONG han denunciado en reiteradas ocasiones los obstáculos a los que se enfrentan las personas subsaharianas para acceder a estas salas.