Del fiasco del “billions to trillions” a la realidad: ¿es la financiación privada la solución para el desarrollo global?

La Conferencia de la ONU de Financiación para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla, ha reabierto un debate clave para el futuro del planeta: ¿puede el capital privado suplir la retirada de los fondos públicos en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática?

En los últimos años, una combinación de crisis sucesivas –como la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la crisis alimentaria y energética a raíz de la guerra en Ucrania o la crisis geopolítica en puntos como Gaza o Sudán– han puesto contra las cuerdas los sistemas de cooperación internacional. Al mismo tiempo, muchos países del Norte global han recortado sus presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): en 2024 esta cayó un 7,1% a nivel global, y se prevé una reducción adicional de hasta el 17% en 2025 si se consolidan los recortes anunciados.

Mientras tanto, el auge de mecanismos como la financiación mixta (blended finance), los instrumentos de garantía y las alianzas público-privadas han consolidado el papel de las empresas y fondos de inversión en el ámbito del desarrollo. Un viraje que comenzó hace una década, en la Conferencia de Adís Abeba en 2015, donde se impulsó el lema: “billions to trillions”, que pretendía trasladar la idea de que la inversión privada convertiría “miles de milllones a billones” destinados para el desarrollo. Diez años después, sin embargo, los resultados no han estado a la altura de las promesas.

El fracaso llegó a ser reconocido por el economista jefe del Banco Mundial, quien admitió recientemente que aquel eslogan “resultó ser una fantasía”. “La mala noticia es que todo resultó ser una fantasía. En cambio, el panorama de la financiación para el desarrollo se ha trastocado. Desde 2022, los acreedores privados extranjeros han extraído casi 141.000 millones de dólares más en pagos de servicio de la deuda de prestatarios del sector público en economías en desarrollo de lo que han desembolsado en nuevo financiamiento”, concluyó en un artículo publicado el pasado diciembre.

Por eso, la sociedad civil ha observado con preocupación el protagonismo concedido al sector privado en la última conferencia de Sevilla. “No se ha conseguido movilizar billones y preocupa que el uso de fondos de la AOD para promover la inversión privada reste recursos al objetivo principal: erradicar la pobreza y reducir las desigualdades”, explica a elDiario.es Maite Serrano, directora de la Coordinadora Española de Organizaciones para el Desarrollo.

Promesas incumplidas

Desde 2015, instituciones como el Banco Mundial y la Unión Europea han apostado por la financiación mixta como vía para atraer capital privado. Programas como Global Gateway, buque insignia de la cooperación europea, han buscado fomentar grandes infraestructuras mediante garantías para licitaciones públicas. Pero según el Tribunal de Cuentas Europeo, estos mecanismos tienen una eficacia limitada y escasa transparencia.

Una reciente investigación realizada por la European Network on Debt and Development (Eurodad) junto a Oxfam y Counter Balance revela que, en 25 de los 40 proyectos analizados del Global Gateway, al menos una empresa europea resultó beneficiada. Esto refleja el riesgo de que los intereses comerciales y geopolíticos del Norte Global estén condicionando las prioridades del desarrollo en el Sur.

María José Romero, responsable de políticas, promoción y financiamiento para el desarrollo de Eurodad, ha explicado en una entrevista con elDiario.es que el fracaso de la agenda de “miles de millones a billones” es evidente. A pesar de los esfuerzos por reducir los riesgos para los inversores privados mediante asociaciones público-privadas, garantías públicas y financiación mixta, “las pruebas muestras que los billones en financiación privada nunca llegaron”.

Más allá del fracaso cuantitativo, también preocupa el impacto cualitativo. Según Romero, “la evidencia de que la financiación privada respalda la Agenda 2030 es escasa” y, en muchos casos, los proyectos asociados a capital privado han generado endeudamiento oculto, falta de transparencia, exclusión de comunidades vulnerables y empeoramiento de desigualdades, especialmente de género. Además, “la financiación mixta tiende a concentrarse en países de renta media y sectores rentables como energía e infraestructuras críticas, no donde más se necesita”, insiste Romero desde Eurodad.

En Sevilla, el documento final conocido como el Compromiso de Sevilla reconoce la importancia del sector privado, pero evita establecer mecanismos vinculantes de rendición de cuentas o alineación con los derechos humanos, el medio ambiente o la igualdad de género. “Si el capital privado participa en la financiación del desarrollo, debe cumplir con rigor: respetar los derechos humanos, sistemas fiscales justos, democracia y sostenibilidad. Si no lo hace, no es financiación para el desarrollo”, subraya Serrano.

La apuesta política

El Foro Empresarial Internacional celebrado en paralelo a la conferencia oficial dejó clara la apuesta de los líderes políticos por consolidar esta alianza con el sector privado. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, propuso un “contrato global por el desarrollo sostenible” basado en tres pilares: colaboración público-privada, reformas del sistema financiero y movilización de inversión a largo plazo.

“La Agenda 2030 está bajo amenaza. El sistema financiero internacional debe reformarse: más recursos, más coordinación y mayor voluntad política”, dijo Sánchez en su intervención inaugural. “Necesitamos que la comunidad empresarial apueste por los países en desarrollo. Su prosperidad es indispensable para la nuestra”, añadió.

En la misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió: “El desarrollo tiene que ver con los negocios. Las empresas deben ayudar a construir el tejido empresarial de los países del Sur global”. Para lograrlo, pidió redefinir el papel de los bancos multilaterales de desarrollo: “Deben usar recursos públicos para reducir los riesgos de la inversión privada. Solo así se podrá aumentar significativamente la financiación”.

¿Quién fija las reglas?

Desde la sociedad civil global, sin embargo, la lectura es menos optimista. La creciente centralidad del sector privado plantea serias dudas sobre quién define las prioridades del desarrollo y en qué condiciones. “Los fondos privados no pueden sustituir las responsabilidades históricas del Norte Global”, advierte Serrano. “El desarrollo no puede ser capturado por intereses corporativos. Necesitamos cooperación feminista, ecológica, justa y transformadora”, insiste.

El riesgo, como apuntan desde la Coordinadora de ONGD, es que las alianzas público-privadas no solo desplacen recursos, sino que consoliden un modelo de desarrollo condicionado por la lógica del mercado, debilitando la justicia fiscal, el multilateralismo y la rendición de cuentas democráticas.

Desde Eurodad, Romero alerta que el enfoque actual “pone en riesgo el derecho de las personas a servicios públicos universales de calidad”. Las alianzas público-privadas suelen implicar tarifas de usuario en servicios esenciales como el agua, la educación o la salud, lo cual puede excluir a quienes no pueden pagar. Además, “el coste humano de estos proyectos es alto, especialmente para las mujeres, que dependen más de estos servicios y trabajan en ellos”.

La financiación mixta implica también el riesgo de que recursos escasos de la ayuda se redirijan hacia sectores y países donde el retorno económico es más seguro, no necesariamente donde la necesidad es mayor. Como sigue apuntando Romero desde Eurodad, a ello se suma una falta crónica de transparencia, justificada muchas veces bajo cláusulas de confidencialidad comercial, lo que debilita los mecanismos de rendición de cuentas ante las comunidades afectadas.

¿Qué alternativas propone la sociedad civil?

Romero plantea que es urgente redefinir las reglas del juego para que la financiación privada se alinee con los derechos humanos, el clima y la justicia económica. Para ello, defiende la necesidad de abrir un proceso gubernamental bajo el liderazgo de Naciones Unidas que permita evaluar de forma rigurosa el impacto real de los instrumentos diseñados para atraer inversión privada desde una perspectiva fiscal, social y ecológica.

Asimismo, subraya la importancia de revisar en profundidad el papel de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, no solo cuestionando el paradigma de desarrollo que promueven, sino también sus incentivos internos, sus marcos de medición de impacto y gobernanza, todavía fuertemente dominada por los países del Norte global.

Además, desde Eurostat abogan por un acuerdo político internacional que establezca un marco normativo vinculante para la cooperación al desarrollo, a través de una convención auspiciada por la ONU que defina con claridad las reglas sobre la AOD y garantice su cumplimiento mediante indicadores medibles y exigibles.