Marlaska no descarta devolver a menores migrantes que llegan solos a España
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este jueves que el Gobierno está trabajando con los países de origen de los menores migrantes no acompañados para su “posible repatriación”, dice, “siempre que se garantice el interés superior” del menor.
Marlaska ha respondido así a preguntas de los periodistas en un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha insistido en que la atención y tutela de estos chicos compete a varias administraciones e instituciones, desde la Fiscalía a las comunidades autónomas.
“Está en juego el bienestar de los menores”, ha subrayado el titular de Interior, quien ha recordado los fondos de 40 millones que el Ejecutivo ha repartido recientemente entre comunidades autónomas ante el incremento de las llegadas de menores en los últimos meses, que el ministerio cifra en casi 12.000. El sistema de reparto “solidario” entre autonomías, no obstante, se queda de momento en cifras simbólicas: solo ofrecieron 199 plazas para acogerlos.
Las propuestas relacionadas con la devolución de migrantes no acompañados llevan sobre la mesa desde el pasado septiembre. A medida que se aproximaba la reunión estatal para abordar la distribución de los menores no acompañados, Ceuta y Andalucía, la comunidad que más niños y adolescentes solos ha recibido, comenzaron a exigir, como Melilla, que se cumpla y se haga cumplir el acuerdo bilateral entre España y Marruecos para el retorno de menores marroquíes, firmado en 2007 y en vigor desde 2013, que nunca se ha aplicado.
Las organizaciones especializadas respondieron alarmadas. La idea de que se pusieran sobre la mesa medidas para “priorizar” la devolución de estos menores chocaba con lo que llevan años defendiendo, antes y después de aquel convenio. Un menor migrante solo puede ser repatriado si responde a su interés superior y siempre que se le pueda ofrecer una protección adecuada. Es decir, antes de decidir si la vuelta con sus familias es lo más recomendable, hay que garantizar que cada caso se estudiará de manera individual para asegurarse de que estos niños están seguros en su país de origen.
“Detrás del discurso de las repatriaciones no hay un deseo de garantizar su derecho a vivir en familia, sino de quitarnos a los niños de encima”, sostuvo Mercedes Jiménez, doctora en Antropología especializada en infancia migrante en una entrevista con eldiario.es. En 2009, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de estos jóvenes a defenderse judicialmente, una sentencia que marcó un punto de inflexión en las repatriaciones desde España, muy criticadas por la falta de garantías.
A juicio de Mercedes Jiménez, las repatriaciones de menores, durante los diferentes Gobiernos, “siempre han sido una orientación política que se ha puesto sobre la mesa en tiempos de 'crisis”, donde las llegadas aumentan, como en 2006, el momento de la llamada 'crisis de los cayucos', ejemplifica. “El ángulo no es proteger a estos niños, sino gestionar el flujo, y las expulsiones se disfrazan de reagrupación. Se usa políticamente su derecho a vivir en familia como una forma amable de control”, recalcaba la investigadora.
