Lo que pasa con los migrantes que vienen a España en patera si no son los rescatados del Aquarius
“Las personas rescatadas del Aquarius serán tratadas de forma 'idéntica' a aquellas que llegan en pateras a España a través de Marruecos”, ha afirmado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La vicepresidenta del Gobierno describía, sin embargo, un dispositivo con una coordinación entre administraciones y unas garantías jurídicas no habituales en la recepción de quienes alcanzan las costas españolas a bordo de inestables embarcaciones.
Tras casi siete días en alta mar, los 629 migrantes del Aquarius pisarán suelo español este sábado. Han sufrido los abusos de la ruta, el terror de un naufragio, la incertidumbre de desconocer cuál sería su puerto seguro. Están agotados. Conscientes de ello, el Gobierno central y la Generalitat Valenciana han organizado un dispositivo que, según ha descrito la vicepresidenta, atenderá a sus necesidades sanitarias, jurídicas y psicológicas de forma individualizada antes de decidir los centros de acogida o detención adonde serán enviados, tal y como recomiendan organismos especializados como Acnur.
Si esas personas no hubiesen llegado a España a bordo del Aquarius, sino que hubiesen logrado pisar suelo español a través del Estrecho o las Islas Canarias, los recién llegados no tendrían aseguradas las mismas garantías. Hemos conocido los casos de supervivientes de traumáticas tragedias migratorias que, después de ver morir a compañeros o familiares, son trasladados de forma inmediata a calabozos sin las infraestructuras adecuadas. Hemos visto a jóvenes en estado grave y deshidratados durmiendo en el suelo de una comisaría. Centenares de personas, entre ellos menores, encerradas en una cárcel de Archidona (Málaga), poco después de su llegada en patera.
Estas y otras muchas situaciones, en las que no se respetan las garantías jurídicas y humanitarias de los recién llegados en patera, han sido denunciadas en los últimos años por la Defensoría del Pueblo y diversas ONG. Detrás de ellas, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se encuentra la “descoordinación” y la “improvisación” que caracterizan el proceso de recepción en las costas españolas.
En función del lugar en el que desembarquen, el abogado de oficio que les corresponda, el juzgado de instrucción de turno que reciba las órdenes de internamiento en los CIE correspondientes o la ocupación en estos centros, las personas recién llegadas tendrán o no posibilidad de solicitar asilo o acceso a una asistencia letrada especializada en Extranjería, según ha documentado también un reciente informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Un abogado para cada 12 personas, entrevistas colectivas que impiden una asistencia letrada con garantías, menores encerrados en calabozos, envíos sistemáticos a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o falta de información sobre la posibilidad de pedir asilo son algunas de las consecuencias de la falta de respuesta coordinada ante el fuerte incremento de las llegadas en patera a las costas españolas en 2017, triplicadas con respecto al año anterior.
El año pasado, 22.103 personas arribaron a las costas españolas frente a las 8.162 registradas en 2016. En lo que va de 2018, han alcanzado España a través de la vía marítima 9.612 migrantes.
Por esta razón, poco antes del cambio de Gobierno, Acnur presentó al Ministerio del Interior una propuesta basada en la activación de Puntos de Identificación Asistencia y Derivación (PIAD), donde equipos formados por técnicos de los diferentes ministerios y organizaciones implicadas puedan reconocer de forma “rápida” a potenciales refugiados, menores o víctimas de trata, para ser derivados a los centros y autoridades especializados en cada caso.
El protocolo presentado por Acnur el pasado mes de mayo comparte algunas similitudes con el dispositivo presentado por la vicepresidenta del Gobierno este jueves para recibir a las 629 personas rescatadas por el Aquarius. Ahora, Interior tiene sobre la mesa la posibilidad de lanzar un plan para coordinar a las diferentes instituciones que, según las ONG y organismos especializados, debían participar en los desembarcos de pateras para asegurar todos sus derechos.
Según detallan desde Acnur, la mayoría de los desembarcos en España se producen en Tarifa, un puerto que, a su juicio, no tiene la infraestructura adecuada para asistir a los migrantes de una forma digna y rápida. “No tiene la capacidad para gestionar las cifras crecientes registradas de llegadas”, detalla Friz-Prguda.
Qué pasa tras su llegada
Una vez recibida la primera asistencia sanitaria y humanitaria de Cruz Roja (este punto no cambia), su destino suele ser el mismo: el calabozo de una comisaría, donde pueden permanecer un máximo de 72 horas para proceder a su identificación. Los migrantes pasan a ser custodiados por la Policía Nacional en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Durante estos momentos, en ocasiones no tienen acceso a sus teléfonos móviles o a un cargador, cuando sus familiares suelen esperar preocupados una llamada tras la peligrosa travesía realizada.
Algunos de estos lugares son “insalubres, con colchones en el suelo y sus correspondientes barrotes”, denuncia CEAR. En esta etapa, la Policía Nacional es la encargada de abrir un expediente administrativo con el objetivo de devolverlas a su país de origen. Según el ministerio del Interior, este paso se realizará de forma “idéntica” con las personas rescatadas por el Aquarius que no hayan pedido asilo.
Esta es una de las diferencias. Según explica CEAR, en el caso del procedimiento habitual en la recepción de los migrantes que llegan en patera a España, el expediente de expulsión suele abrirse con anterioridad a que conozcan su posibilidad de solicitar asilo.
La ONG asegura que tiene lugar una práctica común en algunos de los puertos por la que la Policía Nacional avisa a los abogados del turno de oficio, pero “no a la llegada” de los migrantes, “sino para la notificación del acuerdo de devolución”. Según denuncia CEAR, esta tendencia provoca que “no se garantice el derecho de los letrados a entrevistarse con sus defendidos con anterioridad a su declaración ante Policía Nacional”.
“Tras haber llevado a cabo la identificación y el expediente de expulsión, en la mayor parte de los casos son puestos a disposición judicial para que se autorice su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante un tiempo máximo de sesenta días para su devolución”, explica el último informe del Instituto de Derechos Humanos de Iridia.
En algunos casos, tras la fase de detención, los recién llegados son puestos en libertad, directamente por parte de la policía, sin previa comparecencia ante un juez. “El hecho de que pasen a disposición judicial o no depende de la disponibilidad de plazas que haya en los CIE o de circunstancias personales que conducen a que no se solicite el internamiento”, concluye el mismo documento.
“Falta de humanidad” en el caso de tragedias
Cada vez que una patera sufre un naufragio, suenan las denuncias de las ONG especializadas, que critican “la falta de humanidad” a la hora de recibirles: la dificultad de hablar con los supervivientes, de obtener los nombres de los fallecidos, la retención de estos en una comisaría a pesar de su agotamiento, la imposibilidad de calmar a los familiares.
“Cuando ocurre una tragedia en el mar, las familias nos llaman desesperadas. Como en cualquier tragedia, los seres queridos quieren saber si su mujer, su hija, su hermano están entre los fallecidos o los supervivientes, pero, salvo excepciones, no suelen facilitárnoslo”, ha explicado Helena Maleno en una entrevista reciente con eldiario.es.
“Son tragedias como cualquier otra y deben tratarse como tal. No decimos que no apliquen la Ley de Extranjería. Pedimos que, en primer lugar, se preste asistencia psicológica, sanitaria. Que difundan el listado de nombres de las personas que han llegado con vida, o de aquellas que echan en falta sus compañeros, para que sus familiares tengan información”, indica la defensora de derechos humanos.
No inventan nada nuevo. Caminando Fronteras lleva años solicitando la aplicación del 'Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples'. Un dispositivo que, aunque suele aplicarse para coordinar la actuación de las diferentes instituciones implicadas en la respuesta ante tragedias con varias víctimas, no se aplica en caso de naufragio migratorio.
“Existe una serie de normas básicas de asistencia y de identificación de fallecidos. Se aplican en accidentes de tren, de avión, en atentados terroristas... ¿por qué no se activa tras los naufragios?, ¿porque son negros?”, se pregunta Maleno.
