El Parlamento Europeo pide no criminalizar a las ONG y activistas que ayudan a los migrantes
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que muestra su preocupación por “las consecuencias indeseadas que la legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular está teniendo en los ciudadanos que ofrecen asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo” mientras algunas voces les acusan de “incentivar” el tráfico de personas y de actuar “al borde de la legalidad”.
Los eurodiputados han recordado que, según la directiva de 2002 sobre “facilitación”, los Estados miembros tienen la opción “de no penalizar la ayuda cuando esta sea de carácter humanitario”. Así, han lamentado que solo algunos países hayan incorporado en su legislación “excepciones sobre asistencia humanitaria”. Por esta razón, han instado a los Gobiernos a adaptar su legislación e introducir estas excepciones para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil que asisten a migrantes “no sean criminalizadas” por hacerlo.
El texto solicita a la Comisión Europea que adopte unas directrices claras para los Estados donde se especifique qué formas de ayuda “no se penalizarán, con el fin de asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la directiva y evitar la criminalización injustificada de la asistencia humanitaria”.
Los miembros del Parlamento Europeo han destacado que la actividad de las ONG, por ejemplo en operaciones de rescate en mar, “apoya y complementa” las operaciones de salvamento de los Estados Miembros y sostienen que estas labores deben desarrollarse “bajo el control” de las autoridades nacionales. Las organizaciones que operan en el Mediterráneo central han defendido en reiteradas ocasiones que su participación en las tareas de rescate se produce bajo la coordinación de la Guardia Costera Italiana.
Este jueves, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, criticó los obstáculos que países europeos como Malta e Italia están poniendo a la labor de las ONG que se esfuerzan por seguir en el Mediterráneo en busca de vidas en riesgo y también destacó el rol que juegan estas organizaciones.
“Desempeñan un papel crucial y deberían ser libres de utilizar los puertos y otras instalaciones para las operaciones de rescate y para ayudar a los migrantes. Lamentablemente, varios estados miembros del Consejo de Europa están obstaculizando el trabajo de las ONG, lo que pone en peligro las vidas de muchas personas”, dijo.
El apoyo del Europarlamento y el Consejo de Europa a las organizaciones que fletaron naves para salvar vidas se produce en un momento en el que Italia les ha cerrado los puertos y dos embarcaciones permanecen retenidas en Malta, las de las ONG Sea Watch y Lifeline. El capitán de esta última se enfrenta cargos por supuestamente no contar con los documentos de registro de la nave para entrar en aguas maltesas.
Además, la nave Iuventa, de la organización alemana Jugend Rettet, lleva casi un año inmovilizada en un puerto siciliano, un proceso al que también se enfrentó la ONG Proactiva Open Arms, aunque su buque quedó finalmente liberado el pasado abril. Por otro lado, el Parlamento húngaro ha aprobado recientemente una ley que castiga ayudar a migrantes con hasta un año de cárcel.
El pasado mayo, los tres voluntarios españoles de Proemaid fueron absueltos en Grecia de una acusación de tráfico de personas tras haber sido detenidos cuando prestaban ayuda a los refugiados que llegaban a la isla de Lesbos. En Marruecos, la activista española Helena Maleno permanece a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger, que la llamó a declarar en el marco de una investigación que la acusa de “tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes en el Estrecho.
