El Gobierno presume de “reforzar” su sistema de asilo pero no aprueba un reglamento que lo regule

“Reforzar las garantías del sistema de protección internacional”. Este es el objetivo, en palabras del Ministerio del Interior, de la creación de salas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno, sin embargo, olvida un factor importante para alcanzar esta meta: en la actualidad, la normativa que rige el sistema de asilo en España está coja desde su aprobación, en 2009. Falta un reglamento que debería haberse aprobado antes de mayo de 2010. Cuatro años después, continúa en el aire.

Cuando se aprobó la ley, se incluyó un precepto por el que “en el plazo de seis meses el Gobierno deberá dictar cuantas disposiciones de carácter reglamentario exija el desarrollo de la ley”. Pero las ONG siguen esperando ese texto que arroje más luz acerca de los trámites para solicitar el asilo.

El reglamento, según las organizaciones sociales, serviría para dar forma a la ley, concretando cuestiones que pueden llegar a ser “vitales” para quienes están pidiendo abrigo a España. Solicitantes que en la mayoría de los casos huyen de la persecución que sufren en sus países de origen.

“La demora supone una merma en la seguridad y garantía jurídica de los solicitantes de asilo”, asegura María Jesús Vega, portavoz de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. A la organización le preocupa mucho “el excesivo retraso y la falta de transparencia en lo que respecta al reglamento”.

El retraso está provocando confusión a la hora de aplicar determinados artículos de la Ley de asilo. Es el caso de uno de los más relevantes: 'Solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados', cuyo desarrollo depende del reglamento.

Sin él, las embajadas no están obligadas a atender las solicitudes de asilo, algo que sí ocurría con la anterior legislación, aprobada en 1994. Además, con la demora del texto tampoco se puede poner negro sobre blanco en lo que se refiere al traslado a España de aquellos que quieren solicitar asilo. Es decir, pedir una especie de visado humanitario para llegar a nuestro país –por ejemplo, en avión–, y así tramitar sobre el terreno la solicitud.

En los últimos años, “nunca ha llegado a Acnur un trámite materializado desde la propia embajada”, asegura Vega. Según las organizaciones especializadas, casi la única opción que les queda a muchos solicitantes es acudir a la vía irregular. Es el caso de la población siria, que sale de su país para huir de la guerra. Muchos de ellos utilizan pasaportes falsos para pasar las fronteras. Pero hay más. Como las personas que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla. El 60% son potenciales refugiados si atendemos a los datos de Acnur.

Un total de 4.513 personas solicitaron asilo a España el año pasado. La mayor parte de las peticiones (3.615) se cursaron en territorio nacional, como comisarías de Policía u oficinas de extranjeros. Mientras que sólo 381 fueron gestionadas en los puestos fronterizos y 211 en las embajadas.

Pero España es uno de los países de la Unión Europea con el menor número de solicitudes de protección internacional. Mientras que nuestro país concedió 530 peticiones de asilo, Alemania otorgó 10.910 coberturas para refugiados; Francia, 9.140; y Suecia, 6.750.

Desde el Ministerio del Interior, un portavoz ha asegurado a eldiario.es que en estos momentos “no hay una fecha” para la aprobación del reglamento. Existe un borrador, pero “todavía tiene que ser enviado al Consejo de Estado ante de ser aprobado por el Consejo de Ministros, algo que se hará pronto”.

El Gobierno lleva repitiendo durante meses el mensaje de su “inminente” puesta en marcha. La última vez, el pasado mes de mayo en el Senado, cuando una portavoz del PP dio a entender que el reglamento estaba al caer: “Será aprobado a la mayor brevedad posible”. Eso fue hace ya seis meses. El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se “comprometió” a dar traslado de las reivindicaciones del grupo parlamentario socialista: que se apruebe urgentemente el reglamento de la Ley de asilo.

Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, calculan, a partir de los contactos que han mantenido con el Ministerio del Interior, que el reglamento podría quedar cerrado a partir del próximo mes de febrero. Casi cinco años de retraso.

Otro de los apartados que quedan sin explicar por el retraso del reglamento son, entre otros, el tratamiento de menores, el trato a grupos vulnerables por su condición –por ejemplo, de género–, la formación de los actores que participan en el proceso de petición de asilo y la reagrupación familiar.

Actualmente, el Ministerio del Interior ha presentado dos borradores. El primero ya pasó el examen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dio algunos toques de atención al Ministerio. El organismo judicial propone ampliar la asistencia letrada a los solicitantes de protección, al tiempo que aboga por reconsiderar la exigencia del carácter individualizado de la persecución.

En el segundo borrador, las organizaciones sociales contactadas por eldiario.es echan de menos “una mayor precisión acerca de las condiciones del traslado para los que solicitan asilo directamente en las embajadas”. Y añaden: “Hay aspectos técnicos que no nos gustan pero otros, sí”. Al ser una ley que aprobó el Gobierno de Zapatero, consideran que “el nuevo Ejecutivo podría cambiar el objetivo que busca el reglamento: arrojar luz a determinados aspectos de la ley sobre asilo”.