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Claves para entender el conflicto entre los taxis y los VTC

El sector del taxi ha parado en las principales ciudades españolas para exigir al Gobierno cambios legales que garanticen el cumplimiento del ratio de una licencia de VTC (vehículo con conductor) por cada 30 de taxis

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Los taxistas de la Región de Murcia se unen a la huelga indefinida

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¿Cuál es el conflicto entre los taxistas y las empresas con licencia VTC, Uber y Cabify?

El conflicto entre los taxistas y los propietarios de licencias VTC no es nuevo. Uber llegó en 2014 a España con su servicio UberPop, que marca su modelo de negocio y con el que opera fuera de la UE. Este servicio fue llevado a los tribunales por una asociación de taxistas y fue suspendido por un juez por utilizar conductores sin licencia, algo ilegal según la normativa española.

Desde hace dos años, la multinacional opera en España con otra modalidad: UberX. Este servicio se basa en utilizar conductores que sí tienen licencia de vehículo de turismo con conductor (VTC), la que estipula la normativa española para este tipo de transporte y que hasta ese momento utilizaban los coches con chófer privado, como el que ponen algunas empresas, hoteles o administraciones a autoridades o invitados.

Cabify también utiliza conductores con licencia VTC. La empresa también fue llevada a los tribunales por los taxistas que consideraban que ejerce una competencia desleal. La empresa se defiende asegurando que ellos operan como una agencia de viajes y que son intermediarios entre los conductores y los viajeros.

¿Qué reclaman los taxistas?

La reivindicación de los taxistas es que se cumpla una norma: que se conceda como máximo una licencia de vehículo con conductor privado por cada 30 licencias de taxi. Se trata de una medida incluida en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (noviembre de 2015).

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia consideró que esta condición, junto con otras que establecía el reglamento como la de tener una flota de siete coches para poder solicitar licencias VTC, iba contra el "libre mercado".

¿Cuál ha sido el detonante de las protestas de los taxistas este verano?

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprobó el 26 de junio de manera definitiva un reglamento que condiciona a una autorización previa el ejercicio de la actividad de los servicios urbanos de las licencias VTC. Así, los vehículos de alquiler con conductor tendrían que tener, a parte de la licencia de VTC, una segunda autorización del Instituto Metropolitano del Taxi. De prestar el servicio sin tenerla, se enfrentarían a multas de hasta 4.000 euros.

Sin embargo, el pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente el reglamento del AMB que regula las licencias VTC al entender que esta norma "presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales que por sí mismos permiten la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional". El pasado viernes el TSJC acordó mantener esta suspensión cautelar, atendiendo así a la petición que le había hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y después de que Fomento retirara su petición de cautelares.

¿Qué plantea el Ministerio de Fomento y qué pasos ha dado?

El pasado día 18, Fomento anunció que recurría el reglamento de Barcelona dado que invadía las competencias estatales en materia de VTC y señaló que de no hacerlo se crearía un clima de inseguridad jurídica. Una semana más tarde, el Ministerio retiró su petición de medidas cautelares como muestra de su voluntad de alcanzar soluciones ante el inicio de las protestas de los taxistas.

¿Cuántas licencias VTC hay por cada taxista?

En España hay 64.961 licencias de taxi y unas 9.000 autorizaciones para conductores VTC. Esto significa que hay algo más de 7 taxistas por cada conductor de Uber o Cabify, una proporción muy alejada del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.

Si los taxistas son autónomos, ¿pueden hacer huelga?

Efectivamente, los titulares de las licencias de taxis son trabajadores autónomos. Lo que se llama huelga del sector del taxi es, técnicamente, un paro patronal, que es la denominación que tienen los paros cuando son las propias patronales las que deciden parar para reivindicar sus intereses. En los paros patronales, las empresas cierran ese día: ni sus trabajadores trabajan ni prestan sus servicios.

Pero además de los taxistas autónomos, están los taxistas asalariados: un taxista dueño de una licencia puede contratar a uno o varios conductores para que se hagan cargo de los viajes durante el tiempo que consideren.

¿Qué derechos laborales tienen sus trabajadores?

En cuanto a los asalariados, los taxistas se rigen por el convenio colectivo nacional para el sector de auto taxis y las empresas que usan licencias VTC tienen que cumplir los convenios colectivos de alquiler de vehículos con y sin conductor. Es decir, en ambos casos hay convenios colectivos que las patronales o patronos tienen que aplicar a sus conductores contratados. Los dos tienen que tener, por ejemplo, seguro de accidente y sus empleados tienen derecho a permisos como los de matrimonio, nacimiento o asistencia a citas médicas.

Para 2016, el salario mínimo de un conductor de licencia VTC en Madrid oscilaba ente 803 y 843 euros mensuales (en función de la categoría). El plus por hora extraordinaria era de 10,6 euros la hora. Para los taxistas, el salario mínimo garantizado en 2017 es de 12.635 euros anuales brutos en catorce pagas, es decir, unos 817 euros al mes. Sus horas extra se compensan con tiempo de descanso: dos horas por cada hora extra. Tanto taxistas como conductores VTC tienen complementos, como los de nocturnidad o antigüedad.

Hay un importante colectivo de autónomos que son dueños de las licencias y que también trabajan con el vehículo. En el caso de Cabify, un 60% son empresas (con empleados) y un 40% autónomos.

Pero, entonces, ¿esto va de modelos empresariales o de derechos laborales?

La disputa es fundamentalmente de modelo empresarial y de regulación. Las principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, apoyan las reivindicaciones del taxi y también sindicatos como CCOO y UGT. Consideran que el taxi es un servicio público que hay que proteger y que la liberalización es perjudicial. Los defensores del taxi aseguran también que estos cambios precarizarán las condiciones de los taxistas.

¿Qué quieren decir con que son un servicio público?

Son considerados un servicio público porque las licencias son una concesión administrativa regulada y porque son las administraciones las que regulan las tarifas.

¿Puede cualquiera ser taxista?

Las personas que quieran ser taxistas tienen que tener el permiso de conducir y cumplir una serie de requisitos que dependen del Ayuntamiento. En el caso de Madrid hay que superar un examen, carecer de antecedentes penales, no padecer enfermedades infecto-contagiosas o impedimentos físicos o psíquicos que le impidan la conducción, no ser consumidor habitual de estupefacientes o bebidas alcohólicas y tener el título de Educación Secundaria Obligatoria o uno equivalente.

Además, para adquirir una licencia de taxi hay que tener un buen colchón ya que el precio puede alcanzar los 140.000 euros. La bajada del precio de las licencias es una de las losas que más pesa en el conflicto, ya que muchos taxistas se han hipotecado para poder comprar una con el objetivo de revenderla. En el caso de las VTC, el precio puede llegar a 50.000 euros, ya que se han disparado en el último año. Unos y otros están sujetos a inspecciones.

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