El Congreso rechazará enmiendas totales a la ley de defensa de consumidores

El pleno del Congreso, con la mayoría del PP, rechazará hoy las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del PSOE, la Izquierda Plural y ERC, que entienden que es una “oportunidad perdida” para dar respuestas a necesidades de mayor calado social.

A falta de la votación final, la diputada del PP Andrea Fabra ha anunciado en el debate en el pleno que su grupo votará en contra de las tres enmiendas a la totalidad porque no hay ninguna razón que no sea “subsanable” en el trámite parlamentario, para que el Gobierno incumpla su obligación de transponer una directiva europea.

Durante el debate, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido el nuevo texto porque supone un avance en la protección de los consumidores y “da un gran paso adelante al aprovechar el potencial de los nuevos modos de consumo como motor de la reactivación económica”.

Mato ha señalado que el texto, que incorpora una directiva europea, refuerza la protección de los ciudadanos en transacciones de comercio electrónico y dota a los usuarios de nuevos derechos en cuanto a plazos de entrega, desestimiento y riesgo de pérdida o deterioro del producto adquirido.

“Se trata, en definitiva, de eliminar lo conocido como la letra pequeña”, ha aseverado Mato.

La enmienda del PSOE ha sido argumentada por Pilar Grande Pesquero, quien ha acusado al Gobierno de iniciar esta reforma carente de la más mínima ambición reformadora y mostrándose “insensible” con los aspectos de mayor calado social que demandan miles de familias españolas durante la crisis.

“Si su gobierno no está comprometido con la defensa de los consumidores, nosotros, junto a otros grupos parlamentarios y asociaciones de consumidores, tomaremos esa bandera del consumidor y traeremos medidas para terminar con el enorme desequilibrio entre usuario y consumidores y las grandes empresas”, ha advertido a Mato.

Para el PSOE, con este proyecto, el Ejecutivo obliga a los consumidores a seguir esperando en cuestiones como la mejora de los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente, la reforma de las acciones colectivas para hacerlas más eficaces y útiles frente a los abusos de las grandes empresas o el establecimiento de límites al “acoso” telefónico.

En la defensa de la enmienda de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha asegurado que el Gobierno pierde la oportunidad que le brinda la regulación de esta norma y se queda en una “ley de mínimos porque en lo que regula, lo hace de manera insuficiente y ambigua”.

A su juicio, este proyecto renuncia a dar un papel más relevante a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios, así como a abordar cuestiones de gran relevancia en el contexto actual de crisis económica y social, como son los abusos en las cláusulas suelo o el fraude de las preferentes.

Para Llamazares, “la ley tiene muy poco que ver” con la realidad de los ciudadanos y por ello ha pedido al Ejecutivo un “signo de sensibilidad para con los consumidores”.

Joan Tardà (ERC) ha explicado que la enmienda a la totalidad de su grupo responde a que el Gobierno ha elaborado el nuevo proyecto sin tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de consumo, y ha considerado que es a éstas a las que corresponde transponer las directivas europeas.

“Con esta ley mantienen la indefensión de los catalanohablantes y niegan todo aquello que representa los derechos lingüísticos como consumidores”, ha dicho el diputado republicano, que ha añadido que el Ejecutivo hace una “transposición interesada” en la que se olvida de los problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores en ámbitos como el sector bancario.