El Congreso votará el jueves la convalidación del decreto ley sobre VTC

El Pleno del Congreso decidirá el próximo jueves si convalida o deroga el real decreto ley aprobado el pasado 28 de septiembre por el Gobierno y que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

La norma incluye un régimen transitorio de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación.

La convalidación de este real decreto, por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de VTC, necesitaría de una mayoría simple para su elevación a rango de ley.

El nuevo real decreto ley que pretende regular la actividad de los VTC se elaboró como respuesta urgente para equilibrar su oferta con el taxi en las ciudades españolas, tras el ambiente de conflictividad desde el comienzo del verano.

La norma no ha contentado ni al colectivo de las licencias de VTC ni al del taxi. No obstante, los taxistas han aplaudido en líneas generales su contenido, si bien han manifestado sus discrepancias sobre la moratoria de cuatro años.

Esta moratoria permitirá a los titulares de las autorizaciones de VTC existentes a la entrada en vigor de la norma o cuyas solicitudes estuvieran pendientes de resolverse seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.

Tras ese período, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos.

Según el Gobierno, se trata de un plazo para compensar los perjuicios que pueda ocasionar a los titulares de las VTC otorgadas con arreglo a la normativa anterior y que puedan ser anuladas para respetar el ratio legal de 1/30 (una VTC por cada 30 de taxis).

No obstante, el real decreto ley admite que, en determinados casos debidamente justificados, pueda ampliarse dicho plazo para recuperar la inversión a las VTC que lo soliciten, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano.

La asociación Unauto VTC, que agrupa al 90 % del sector VTC en España, pidió al Gobierno que “deje de engañar a las comunidades autónomas” y no les oculte que deberán pagar indemnizaciones millonarias, si se convalida el real decreto ley.

La patronal opina que, con la nueva normativa, las comunidades autónomas serán las responsables de indemnizar económicamente la posible expropiación de autorizaciones VTC.

Unauto VTC se refirió a los datos de un estudio de la consultora Ernst&Young, que indica que el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC podría ascender a unos 3.800 millones de euros.

Se espera que la norma cuente con el apoyo de los grupos socialista y Unidos Podemos, en tanto que fue criticada por el PP.