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Guerra del aceite

La lucha por el control de Deoleo se libra entre italianos, cataríes, el Estado y el hijo de Aznar

El fondo soberano italiano, con la ayuda del capital catarí, y firmas de inversión como Rhone Group, gestionada por un amigo del expresidente del Gobierno, pujan por la primera aceitera española

El Gobierno se resiste a que el futuro de la compañía se decida en el exterior, sobre todo si es en Italia, y valora la entrada en el accionariado de fondos públicos a través de la SEPI

Deoleo ha terminado siendo del Estado al pasar de Caja Madrid a Bankia en otra nefasta jugada de Blesa

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La oliva se ha convertido en un activo estratégico para el Gobierno de España.

“Sería un desastre. Es como perder en casa de tu peor enemigo cuando creías que tenías el partido ganado. Hace unos años teníamos que ver cómo los italianos se llevaban nuestro aceite y lo vendían como Made in Italy y, ahora, cuando habíamos logrado dar la vuelta a la situación, siendo dueños de la mayor marca de aceite italiano y vendiendo allí a precios mucho más altos que los de España, podemos perder esta ventaja. Es un desastre”. Así resumía un directivo español el culebrón en el que está metido Deoleo, la principal empresa comercializadora de aceite de oliva de España, dueña de Carbonell y Koipe, ante la posibilidad de que su accionariado pase a manos de un fondo soberano italiano.

Para entender cómo una aceitera como Deoleo ha pasado a ser un activo estratégico nacional, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la presencia en su capital de antiguas cajas de ahorros. Algunas de ellas, como Bankia o BMN, están ahora controladas por el Estado y tienen que vender sus participaciones por mandato de Bruselas. Además, el aceite de oliva, por muy sector estratégico que sea, no es un negocio que dé amplios márgenes de beneficio.

En cualquier caso, una vez más un Gobierno del Partido Popular se resiste a que una empresa privada española pase a manos extranjeras, pese a su ferviente defensa del liberalismo económico.

Las cuatro entidades financieras presentes en Deoleo (Bankia, Caixabank, Kutxabank y BMN) poseen algo más del 31% del capital. Bankia, es decir, el Estado, tiene más del 18%. Y si alguien compra más del 30% del capital de una empresa está obligado, según la ley de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), a lanzar una oferta por el 100%. También hay que tener en cuenta que no sólo las antiguas cajas quieren salir de Deoleo. El grupo Ebro Foods (que entró en su capital en 2011 y se hizo con el negocio arrocero) ha ido vendiendo acciones en los últimos meses hasta rebajar su participación desde más del 8% hasta el 2,9%.

Proteccionismo

La puja por Deoleo comenzó en noviembre, cuando su consejo de administración comunicó que había contratado al banco de inversión JPMorgan para “alcanzar una mayor estabilidad financiera a largo plazo, estudiar alternativas de reordenación de la base accionarial y asesorar, en su caso, en los posteriores procesos de ejecución”. En pocas palabras: se colocaba en el mercado en busca del mejor comprador.

Fue la propia Deoleo la que abrió la caja de Pandora. Uno de los problemas de la venta es que probablemente no te gusten los candidatos dispuestos a comprarte, más aún si tu negocio se considera estratégico por la dependencia que miles de agricultores tienen en España del aceite de oliva.

Pero el problema no es tanto que la venta de Deoleo pueda suponer la entrada en su accionariado de firmas extranjeras; de hecho, quienes han mostrado interés son fondos de inversión y capital riesgo, todos ellos foráneos. El problema es que su control vaya a parar a Italia, el archienemigo del aceite español.

Hay que recordar que cuando Deoleo (por entonces Sos Cuétara) compró Bertolli en 2008 por 630 millones de euros no era una empresa italiana: su dueño era la multinacional angloholandesa Unilever. Así, parece que, a día de hoy, el Gobierno y el sector olivarero prefieren una oferta que garantice que la sede social de Deoleo se quede en España, vengan los accionistas de donde vengan, a que ésta se marche al país transalpino.

Italianos, cataríes y la familia Aznar

¿Quiénes han entrado en la puja? Por un lado, el Fondo Strategico Italiano (fondo soberano de Italia). Éste entraría en Deoleo de la mano de Qatar Holding, que en los últimos años ha invertido en empresas tan dispares como Porsche-Volkswagen o Valentino. Según fuentes próximas a las negociaciones, el fondo italiano ha tratado de acercar posturas con el Gobierno de Mariano Rajoy con la oferta de mantener la sede social en España.

El resto de ofertas viene de fondos de capital riesgo, como Pai Partners o CVC (dueños junto a otra firma, Permira, del grupo textil Cortefiel); Carlyle Group (principal accionista de la empresa de certificación Applus+, a punto de salir a Bolsa y donde también está Bankia); y la firma de inversión Rhone Group. Esta última es la que más ha llamado la atención por sus conexiones políticas.

Para ella trabaja Alonso Aznar, hijo del expresidente del Gobierno. Esta firma está presidida por Robert Agostinelli, de quien se dice mantiene una relación de amistad con José María Aznar. El inversor, según la revista Forbes, posee una fortuna de más de 1.000 millones de dólares (unos 730 millones de euros). Además de su labor empresarial, Agostinelli es miembro del think tank estadounidense Council on Foreign Relations, donde el expresidente ha acudido en alguna ocasión para hablar sobre su visión de la política internacional.

El problema de estas ofertas, según ha señalado la propia Deoleo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es el precio que proponen, por debajo de su valor en Bolsa el 2 de abril, cuando se formalizaron. Las ofertas, según Deoleo, “son para una participación de hasta el 100% del capital social”. Pero todas valoran la aceitera en menos de 485 millones de euros. Es decir, hoy Deoleo valdría 145 millones de euros menos de lo que en 2008 pagó por Bertolli. En todo caso, hay que tener en cuenta que la aceitera española arrastra una deuda de casi 500 millones.

A partir de ahora, Deoleo analizará las propuestas y tratará, si puede, de mejorarlas. También tratarán de jugar opciones en el terreno político. Desde que se conoció el interés del fondo italiano, en el Ministerio de Agricultura se trabaja para buscar una solución española. Una de ellas pasa por la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta vía ya se ejercitó cuando Bankia vendió Indra y no encontró un postor a su gusto. La decisión fue que la SEPI se hiciera cargo del 20% que en su día era de Caja Madrid y que ahora está dentro del paraguas del Estado.

Pero para eso se necesitan más fondos públicos. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, lo ha dejado entrever esta misma semana al reconocer que la SEPI “puede entrar en juego, siempre en futuras ampliaciones de capital”, y que, a día de hoy, se está “viendo la seriedad de los proyectos que quedarán finalistas”. Según Arias Cañete, “lo que le interesa al olivar español" es que a Deoleo le compre alguien que “apueste por la exportación y por mercados emergentes, como Estados Unidos, Rusia, India o Brasil” y que, además, no "la quiera fraccionar”.

Del escándalo Salazar a la intervención de Blesa

El culebrón Deoleo viene de lejos. La empresa arrastra un pasado cuanto menos convulso, que ha dado origen a un accionariado fraccionado y sin vocación de permanencia. En él solo hay un grupo industrial, vinculado además al sector aceitero: la cooperativa Hojiblanca, recientemente rebautizada como Dcoop, que posee el 9,96% pero que no tiene la capacidad financiera necesaria para hacerse con el control total del grupo.

Hay que remontarse a 2009 para entender el porqué de la actual guerra por la aceitera. Entonces, se denominaba Sos, tenía intereses en el negocio arrocero y estaba presidida por Jesús Salazar. Hasta que se descubrió que, junto a su hermano Jaime, presuntamente había desviado alrededor de 200 millones de euros a sociedades patrimoniales. El caso sigue actualmente en la Audiencia Nacional, donde los Salazar están acusados de estafa y apropiación indebida.

La actuación de los hermanos pilló por sorpresa a la entonces Caja Madrid presidida por Miguel Blesa, que solo unas semanas antes de que explotara la crisis había invertido 149 millones de euros en Sos a través de una ampliación de capital. Como era el segundo accionista tras los Salazar (que, por cierto, según los registros de la CNMV, aún tienen formalmente casi el 25% de las acciones), a la caja no le quedó más remedio que hacerse con la batuta de la empresa, inyectar más fondos y tratar de sacarla a flote. Al frente de Sos, Blesa colocó a uno de sus hombres de confianza, Mariano Pérez Claver, entonces director general de la caja de ahorros y consejero delegado de su Corporación Financiera.

Tras el escándalo, Jesús Salazar trató de recomprar la empresa y en mayo de 2009 mandó un mensaje telefónico a Blesa donde le decía que había logrado 150 millones y que quería explicarle lo sucedido, porque no hubo “intención de engañar en ningún momento”. Este mensaje consta en los correos del expresidente de Caja Madrid a los que eldiario.es tuvo acceso, gracias a una fuente anónima derivada por la Comisión Anticorrupción del Partido X.

También hubo injerencias políticas en la marcha de la compañía. Así, por ejemplo, Blesa recibió a Juan Antonio Samaranch hijo, miembro del Comité Olímpico Internacional, por indicación del entonces alcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien estaba inmerso en la batalla por lograr que la capital fuese sede olímpica. Samaranch quería mediar en la crisis de Sos.

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