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Francis Franco será juzgado por delito contra Hacienda en la compra de un edificio en Madrid

La Audiencia de Madrid reabre un caso por delito fiscal que estaba archivado contra el nieto mayor del dictador 

La familia abandona el cementerio de Mingorrubio tras enterrar a Franco

Francis Franco (centro) abandona el cementerio de Mingorrubio tras enterrar a Franco EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir un caso archivado contra el nieto mayor de Francisco Franco por presunto delito fiscal en la compra de un edificio en 1999 en la calle Hernani, 10, en Madrid, según avanza este miércoles El Confidencial

Una resolución del tribunal del pasado 18 de noviembre establece que hay indicios suficientes para juzgar a Francisco Franco Martínez–Bordiú por un caso que se abre en 2006, cuando la Fiscalía denuncia a Francis y a sus socios en la sociedad Daroca 99, creada en 1999 para comprar el citado inmueble, cercano a Cuatro Caminos, por 65 millones de pesetas (unos 400.000 euros).

Hacienda cree que Daroca no tenía medios materiales para esa operación, por lo que considera que el dinero utilizado para la operación tiene un origen desconocido y cifra la cuota defraudada en 195.473 euros.

El juzgado de primera instancia sobreseyó el caso el pasado 29 de julio al considerar que no había indicios suficientes para mandarlo a juicio. Pero la Abogacía del Estado (no la Fiscalía), que representa a la Agencia Tributaria, recurrió con éxito a la Audiencia de Madrid para sentar a Francis Franco en el banquillo.

La Audiencia cree que "existen indicios suficientes de criminalidad" de los investigados y que la causa debe continuar, por entender que las empresas de Franco han obtenido "una ganancia patrimonial no justificada de 71.144.809 pesetas (427.588,91 euros)" y que "el sobreseimiento provisional no puede ser objeto de la fase de instrucción, sino que los hechos deben ser enjuiciados y en base a las pruebas que se practiquen que sea el tribunal sentenciador quien emita el pronunciamiento".

La defensa de Martínez-Bordiu alegó que nunca había sido apoderado ni representante de una Daroca 99, que no había ningún delito fiscal y que hubo inversores que aportaron el dinero a los que se les dio un recibo y que al recuperar lo aportado con intereses también se intercambiaron los recibos, por lo que no quedaba rastro. Además, un robo en un garaje habría terminado de acabar con las pruebas que justificaban que los préstamos no eran simulados, argumentan.

Sin embargo, la Audiencia cree que hay indicios suficientes "que respaldan la necesidad de continuar la tramitación". "A la vista de las cuentas bancarias de Daroca, con el saldo disponible no pudieron pagar la compra del edificio de Hernani 10". Y las versiones de que no queda rastro documental de los préstamos "no son convincentes".

"Resulta sorprendente que todos los inversores que han declarado en estas actuaciones siguieran la misma mecánica, entregaron cantidades de dinero nada desdeñables, entre cuatro y ocho millones de pesetas, cuyo origen la mayoría sitúa en ahorros o préstamos de terceras personas, pero cuyo rastro documental es inexistente; es decir, no solo no se dispone de los recibos entregados por los responsables de Daroca cuando recibieron los préstamos para invertir en la compra del inmueble de la calle Hernani 10 de Madrid, los cuales a su vez se devolvieron una vez recuperada la inversión con creces (10% de intereses)", añade la Audiencia, que se sorprende de que "una operación económica de esa envergadura careciera de un reflejo documental apropiado a las circunstancias y experiencia de alguno de los inversores".

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