Manuel Jove dice que Martinsa condicionó la compra de Fadesa a la adquisición de terrenos de México

El empresario asegura además que el importe que se fijó entonces para la compraventa de dichos terrenos, de 118 millones de euros, “fue el justo” y el que estaba “en el mercado”.

Así lo ha indicado Manuel Jove en la vista del juicio que ha comenzado este lunes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña como consecuencia de la demanda presentada en 2010 contra él y el exconsejero delegado de Fadesa Antonio de la Morena por la administración concursal de Martinsa por la venta de estos terrenos de México.

Por contra, el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, que ha declarado como testigo de la administración concursal después de que el juez aceptase su testimonio y el de otro empleado de la empresa, director de la compañía en México, ha negado estas afirmaciones y ha manifestado que le “engañaron” en relación con el valor de estos terrenos.

Después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña rechazase el acuerdo alcanzado entre las partes por entender que perjudicaba a terceros y denegar la solicitud del presidente de Martinsa de personarse en el proceso, este lunes ha comenzado el juicio en el que, pese a su anterior decisión, ha vuelto a instar a las partes a llegar a un acuerdo.

Tras las cuestiones procesales previas, en las que ha rechazado, a petición de los letrados de los demandados, defectos legales en la demanda y ha admitido nueva documentación aportada por los abogados de la administración concursal, además de sus dos testigos, ha proseguido el juicio con la declaración de Manuel Jove y el exconsejero delegado de Fadesa, Antonio de la Morena.

Para los abogados de la administración concursal de Martinsa-Fadesa, los demandados hicieron “un daño consciente a la sociedad” por la venta de unos terrenos “a un precio superior al del mercado”, según ha señalado una de las letradas. Por ello, reclaman el pago de 108 millones de euros y que se condene a Jove y De la Morena a indemnizar lo que han tildado de “conducta dolosa”.