La juez Tardón rechaza la denuncia contra la JUR por la resolución del Popular

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado una denuncia presentada el pasado noviembre contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la auditora Deloitte por presunta falsedad documental y apropiación indebida en la resolución del Banco Popular.

En su auto, conocido este miércoles, la titular del juzgado central de Instrucción número 3 destaca que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito, carece de justificación la apertura de un proceso penal y no se avala de forma racional su verosimilitud.

Se trata de la filtración de información a la prensa que causó “pánico en los inversores”, que procedieron a la retirada masiva de efectivo; pero estos mismos hechos, añade la magistrada, ya fueron denunciados ante el juzgado central de instrucción nº 5.

La denuncia, interpuesta por el bufete de abogados de Ignacio Colls, se centraba en el informe de los peritos designados por el Banco de España en la causa principal que investiga a las dos últimas cúpulas del banco, entre ellos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

En concreto, el trabajo de ambos expertos, Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández, descartaba que el Popular fuera inviable en la ampliación de 2016, si bien las cuentas reflejadas en el folleto informativo de la operación “no respetaban determinados aspectos de la normativa”.

Según alegaban los firmantes de la denuncia sobre la que ahora se pronuncia la juez Tardón, o los peritos faltaron a la verdad en su “misterioso y opaco informe”, o Deloitte y la JUR han cometido “fraude, estafa y engaño” a los más de 300.000 accionistas afectados por la resolución de la entidad, que supuso la reducción a cero del valor de sus títulos.

Los denunciantes, que sostenían que esta medida sería nula de pleno derecho, hacían referencia también a la posible falsificación de la firma del propio Saracho al pie de una carta enviada al Banco Central Europeo (BCE) en la que se declaraba inviable el Popular.

Asimismo, apuntaban a la JUR como organismo autor de un posible delito de prevaricación ya que el Santander, que se hizo con el histórico banco al precio de un euro, “ha reconocido públicamente que presentó su puja en la subasta fuera de plazo”.