Ayuso agita las tensiones con el Gobierno por los impuestos y el ingreso mínimo vital

Las tensiones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en materia económica están escribiendo nuevos capítulos este mes de agosto. La gestión del ingreso mínimo vital (IMV), el modelo de reparto entre las comunidades de los fondos europeos y, sobre todo, la sugerencia de un impuesto específico para compensar el efecto de la capitalidad han hecho aflorar una vez más las tiranteces entre ambas administraciones. 

La última grieta se abrió el jueves, cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recogió tras una reunión con el presidente valenciano Ximo Puig el guante de la propuesta de una figura fiscal que compense al resto de autonomías por el conocido efecto capitalidad del que disfruta la Comunidad de Madrid. “Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido”, aseguró el que fuera presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La sola frase, no concluyente, desató la reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha encontrado un nuevo filón de enfrentamiento con el Ejecutivo central. La enésima batalla económica en una semana en la que las tensiones han vuelto a los titulares con acusaciones de “madrileñofobia fiscal”, en palabras del consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López. “Por fin sabemos que el Gobierno de Sánchez quiere imponernos un impuesto a los madrileños”, añadía también el consejero de Economía y Hacienda, Javier Lasquetty, en una entrevista en ABC. 

Más allá de los consejeros regionales, el PP colocó las declaraciones en su disparadero contra Sánchez y salió en tromba, desde Pablo Casado hasta José Luis Martínez-Almeida, contra la “persecución fiscal” del Gobierno central. Aunque la aseveración de Escrivá fue rectificada el viernes por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero: “No está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar”, sentenció.

Pero la batalla ya estaba de nuevo abierta. “Sánchez pretende tapar su fracaso atacando a las CCAA del PP. La libertad y la prosperidad no están en venta”, tuiteaba el líder del PP, Pablo Casado, prometiendo una bajada de impuestos si llega al Palacio de la Moncloa. 

La semana ha dejado más dardos de Escrivá hacia el Gobierno autonómico madrileño. El ministro puso en cuestión la gestión del IMV por parte del Gobierno de Ayuso. En concreto, le acusó de pretender “ahorrarse” con estos fondos otras ayudas para luchar contra la pobreza en Madrid, como las becas de comedor.

Todo ocurrió tras un duro intercambio público en Twitter entre el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, y el ministro. La bronca empezó la semana pasada, cuando el Gobierno de Madrid culpó al Ministerio de Inclusión de la retirada de la beca de comedor a los niños vulnerables durante el verano. Ossorio aseguró que esta situación se había producido porque el Gobierno central no enviaba al autonómico el listado de los beneficiarios del IMV, extremo que Escrivá desmintió a través de la red social. La discusión fue creciendo en tono y formas los días siguientes. 

Los últimos episodios confirman que la fiscalidad es un filón de la Comunidad de Madrid para hacer oposición al Gobierno central, con anuncios recurrentes de bajadas de impuestos, mientras que Hacienda ha reconocido la necesidad de España de incrementar sus ingresos para acercarse a la media europea. Escrivá señaló que la tendencia internacional, con acuerdos como el referente al impuesto mínimo global de Sociedades, es reducir la competencia fiscal y “no tiene sentido que en España a nivel autonómico estemos recorriendo el camino contrario”.

Escrivá no ha sido el único ministro que ha mostrado abiertamente su malestar con esta política fiscal. María Jesús Montero señaló esta semana en una entrevista con EFE que “no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España, eso no se sostiene”. La responsable de Hacienda censuró que Madrid sea una “isla fiscal” que, por su efecto capitalidad, “hace que se atraiga mayor inversión, mayor volumen de renta y una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras comunidades”.

Ayuso hizo bandera en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo, cuando logró una amplia mayoría en la Asamblea, de su propuesta de bajada de impuestos. En concreto, una de sus promesas estrella fue la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes, fuera cual fuera su renta. La medida, que el Ejecutivo madrileño mantiene, beneficia, en realidad, a aquellos con más ingresos. Por ejemplo, una persona que gana 24.000 euros se ahorraría 93 euros al año, mientras que para quien gana más de 600.000 serían casi 3.000 euros de ahorro. Además, la Comunidad reivindica su política de reducción del cobro de impuestos de donaciones y sucesiones, pese a que organismos como el FMI, la OCDE o el Gobierno de EEUU han abogado por reforzar la fiscalidad sobre las grandes fortunas, que son las que se ven beneficiadas con estas rebajas.

Ayuso ha sido una de las abanderadas, junto al resto del PP y Vox, de los discursos contra los niveles de fiscalidad en España que han marcado el debate en el último año. En apenas doce meses se ha disparado el número de españoles que considera que paga muchos impuestos (del 40 al 46%), e incluso aumentan los que piensan que se pagan más impuestos que en otros países, pese a que las estadísticas muestran que no es así.

La pasada semana otro asunto económico ya despertó la tirantez entre el Gobierno central y el autonómico. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a la ministra de Hacienda con los consejeros del ramo, acordó finalmente el modelo de reparto de 13.486 millones de euros que figuraban en los Presupuestos Generales del Estado de este año para las autonomías. Los allí presentes acordaron en votación que se hiciera en función de la población de las comunidades. Aunque varios consejeros, algunos del PP, abogaron por que una parte fuera a las autonomías infradotadas de financiación, Madrid se desvinculó de las propuestas sobre la mesa y defendió un reparto en función del PIB. Es decir, que las regiones más ricas reciban más.

Precisamente, Ayuso ha convertido el modelo de reparto entre comunidades de los fondos procedentes de Europa en el plan de recuperación en otra de las vías de oposición al Gobierno. Cada nueva crítica se sustenta en el argumento de que el Ejecutivo central maltrata sistemáticamente a Madrid. “Casualmente los criterios siempre perjudican a Madrid”, aseguró la presidenta madrileña tras la Conferencia de Presidentes celebrada la pasada semana. “Siempre perjudican a Madrid, nos dejan al margen”, señaló. El PP sostiene que con los criterios acordados Sánchez da un trato de favor a las comunidades socialistas. 

El Gobierno, y en especial el Ministerio de Hacienda, tiene sobre la mesa dos tareas pendientes que, en este contexto, ya se avanza que se encontrarán con la oposición de la Comunidad de Madrid. La primera en el calendario será intentar retomar la reforma de la financiación autonómica, una medida históricamente reclamada por regiones como la Comunitat Valenciana, y cuya negociación pretende abrir en noviembre. Al tratarse de una ley orgánica, el Gobierno necesita de un acuerdo con el PP para lograr la mayoría reforzada que se precisa. Así lo asumía Montero en la citada entrevista. “Habrá que ver en el PP cuál es la posición prioritaria, la de Madrid o la de Andalucía, porque yo puedo asegurar que lo que se acuerde por el Gobierno de España se va a defender por el PSOE, ¿lo puede hacer el Partido Popular cuando Madrid y Andalucía están diciendo cosas radicalmente distintas?”, se preguntaba.

La otra tarea es la de la reforma fiscal. Este es uno de los compromisos que tiene el Gobierno con Bruselas para poder recibir los fondos europeos de recuperación. El país tiene un problema de ingresos y debe aproximar la presión fiscal a la media europea, una tarea que se antoja complicada. Para ello, creó un grupo de expertos que señalase las líneas generales que se necesitan abordar y se espera que presente sus conclusiones a comienzos del año que viene. La Comunidad ya envió el pasado mes sus aportaciones a este debate con propuestas para rebajar los impuestos y reivindicando su modelo fiscal frente a lo que, entienden, será una subida de impuestos.