Bruselas quiere una autoridad de la UE para perseguir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha presentado este martes un paquete de propuestas legislativas “para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. El paquete también incluye la propuesta para la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales. La Autoridad tendrá el poder de abordar decisiones vinculantes para las entidades seleccionadas e imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas hasta un máximo del 10% del volumen de negocios o 10 millones de euros, lo que sea mayor.

El objetivo de este paquete es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes para blanquear beneficios ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero.

En el centro del paquete legislativo se encuentra la creación de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE, que será la autoridad central que coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas de la UE. La entidad también apoyará a las unidades de inteligencia financiera para mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos ilícitos y hacer de la inteligencia financiera una fuente clave para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Se prevé que la Autoridad tenga alrededor de 250 miembros de personal. De ellos, alrededor de 100 trabajarán en la supervisión directa de determinadas entidades.

En particular, la AMLA establecerá un único sistema integrado de supervisión en toda la UE, basado en métodos de supervisión comunes y la convergencia de altos estándares de supervisión; supervisará directamente algunas de las instituciones financieras (UIF) que operan en un gran número de Estados miembros o requieren una acción inmediata para abordar riesgos inminentes; monitoreará y coordinará a los supervisores nacionales responsables de otras entidades financieras, así como coordinar a los supervisores de las entidades no financieras; apoyará la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera nacionales y facilitará la coordinación y análisis conjuntos entre ellas, para detectar mejor los flujos financieros ilícitos de carácter transfronterizo.

Unas reglas comunes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se interconectarán los registros nacionales de cuentas bancarias existentes, lo que proporcionará a las UIF un acceso más rápido a la información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad.

La Comisión Europea también proporcionará a las autoridades policiales acceso a este sistema, acelerando las investigaciones financieras y la recuperación de activos delictivos en casos transfronterizos.

Criptomonedas

En la actualidad, solo ciertas categorías de proveedores de servicios de criptomonedas están incluidas dentro de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La reforma extenderá estas reglas a todo el sector criptográfico, obligando a todos los proveedores de servicios a realizar las comprobaciones necesarias con sus clientes. La reforma garantiza la trazabilidad total de las transferencias de criptomonedas, como Bitcoin, y permitirán la prevención y detección de su posible uso para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

Además, se prohibirán las carteras anónimas de activos criptográficos, aplicando las reglas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al sector criptográfico.

La Comisión también propone una obligación para todos los proveedores de servicios de criptoactivos involucrados en transferencias de criptoactivos para recopilar y hacer accesibles datos sobre los ordenantes y beneficiarios de las transferencias de activos virtuales o criptográficos. Estas nuevas reglas mejorarán significativamente la supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos y asegurarán el cumplimiento de las medidas relevantes en las Recomendaciones del GAFI.

Varias autoridades policiales indican que los riesgos de los criptoactivos han aumentado aún más desde 2019, vinculados al crecimiento del mercado de criptomonedas. Las entidades de crédito, las empresas de inversión, los emisores de dinero electrónico y las instituciones de pago son los sectores más expuestos a estos riesgos.

Estas propuestas han sido diseñadas para encontrar el equilibrio adecuado entre abordar estas amenazas y cumplir con los estándares internacionales sin crear una carga regulatoria excesiva para la industria. Por el contrario, estas propuestas ayudarán al desarrollo de la industria de criptoactivos de la UE, ya que se beneficiará de un marco legal actualizado y armonizado en toda la UE.

Cooperación internacional

El blanqueo de capitales es un fenómeno mundial que requiere una fuerte cooperación internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control global del lavado de dinero y de financiación del terrorismo emite recomendaciones a los países. Un país que figura en la lista del GAFI también lo hará en la de la UE.

Los grandes pagos en efectivo son una forma fácil para que los delincuentes blanqueen dinero, ya que es muy difícil detectar transacciones. Por eso, la Comisión ha propuesto un límite a escala de la UE de 10.000 euros para grandes pagos en efectivo.

Este límite es lo suficientemente alto como para no cuestionar el euro como moneda de curso legal y reconoce el papel del efectivo. Ya existen límites en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, pero las cantidades varían. Limitar los grandes pagos en efectivo dificulta que los delincuentes blanqueen dinero sucio. Además, se prohibirá proporcionar carteras anónimas de criptoactivos, del mismo modo que las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas.

Habrá dos listas de la UE, una “lista negra” y una “lista gris”. Tras la inclusión en la lista, la UE aplicará medidas proporcionales a los riesgos que plantea el país. La UE también podrá enumerar países que no están incluidos en la lista del GAFI, pero que representan una amenaza para el sistema financiero de la UE sobre la base de una evaluación autónoma.

La diversidad de las herramientas que pueden utilizar la Comisión y AMLA permitirá a la UE seguir el ritmo de un entorno internacional complejo y en rápido movimiento con riesgos en rápida evolución.

El paquete legislativo será ahora debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo La futura Autoridad debería estar operativa en 2024 y comenzará su trabajo de supervisión directa un poco más tarde, una vez que se haya transpuesto la directiva y comience a aplicarse el nuevo marco regulatorio.