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Bruselas rebaja su propuesta para racionar el gas en caso de emergencia tras la presión de países como España

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta la campaña "Ahorra gas para un invierno seguro".

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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La Comisión Europea quería poderes especiales para decretar alertas que llevaran consigo reducciones obligatorias del consumo de gas en los Estados miembros. Si el presidente ruso, Vladímir Putin, cortaba el gas, Bruselas podría decretar la obligatoriedad de reducir el 15% del consumo en los 27.

Pero hay países, como España, Grecia, Irlanda, Portugal y Malta, por ejemplo, que reaccionaron muy mal desde el primer minuto. El Gobierno español ha argumentado que, dada la insularidad energética española y la escasa dependencia de Rusia, de poco sirve reducir el consumo para compensar lo que dejaría de llegar a países como Alemania. Y, además, ese recorte del 15% afectaría al tejido industrial de manera más aguda que a Alemania.

La propuesta de la Comisión Europea, del miércoles pasado, ha ido evolucionado hasta este lunes, víspera de la reunión del martes. Y aún podrá evolucionar hasta el último minuto.

De momento, según las fuentes del Gobierno español, la UE está suavizando las partes más contundentes de la propuesta del Ejecutivo comunitario. Así, por ejemplo, la conclusión es que la reducción del 15%, que se mantiene como objetivo voluntario entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023, tenga muchas excepciones, con lo que ya no sería lineal para los 27 directamente, sino que dependa de las circunstancias de cada país.

Además, Bruselas parece asumir que no va a tener poderes especiales poder declarar la alerta energética, sino que tendrá que pasar por una mayoría cualificada de los países, algo en lo que parece que puede haber consenso. La propuesta ahora es que sean cinco Estados miembros (en lugar de solo la Comisión) los que puedan pedir la declaración del estado de alerta que pondría en marcha la obligación de recortar el consumo de gas.

En todo caso, tanto si lo pidiera la Comisión Europea como si es fuera a iniciativa de cinco Estados miembros, la declaración de alerta solo podría ser adoptada con el respaldo de una mayoría cualificada de países, indicaron las fuentes.

Ahora bien, el debate estará, entre otras cosas, en cómo plasmar las excepciones sobre el papel, porque cada país reclama una cosa en función de su realidad energética. Lo que quieren los países es que la reducción vaya en función de las circunstancias de cada uno, que exista una obligación de reducir más si no hay más capacidad de interconexión o si se tiene almacenamiento suficiente. Es decir, que los porcentajes de reducción sean distintos en función de distintas reglas. Los países bálticos, por ejemplo, tienen el problema de que están sincronizados con el mercado ruso, no con el europeo, y tienen necesidades propias. 

Es decir, se trataría de moderar las reducciones a cambio de compromisos de los países de aumentar las transferencias de energía entre Estados miembros, en línea con las propuestas españolas de aumentar la oferta.

Según informa El País, el borrador de la Comisión Europea recoge la llamada excepción ibérica. En la versión publicada el miércoles pasado, la Comisión Europea fijaba una rebaja del 5%, pero ese porcentaje está siendo objeto de discusión actualmente.

Para el Ministerio de Transición Ecológica español, la propuesta parte de una premisa que no comparten, y es que el Gobierno comunitario ha hecho un cálculo de que se van a necesitar 45 bcm (que es la medida básica para el gas) y ha hecho una división entre los 27 estados miembros que le ha dado el resultado de que será necesario que cada uno rebaje el 15% su demanda de forma obligatoria. Pero el Gobierno argumenta que cada Estado tiene una casuística. En el caso de España, sostienen que no es eficiente actuar sobre la demanda –aunque se está trabajando en un plan de contingencia con el que aspiran a conseguir una cierta limitación que aún no cuantifican– sino que es más favorable actuar sobre la oferta.

Más oferta

¿Qué significa? El Gobierno quiere que los socios europeos tengan en cuenta que España ya está siendo solidaria, ya que el 20% del gas que recibe de manera directa o indirecta va a parar a otros países, especialmente a Francia (aproximadamente un 10% a través del gasoducto) y Portugal. Se trata de una cifra que supera el doble de la media de los últimos cinco años. Y España está dispuesta a poner a disposición del resto de países esa capacidad, que supone 5,6 bcm de los 45 que la UE ha calculado que se necesitarán en los próximos ocho meses.

Esa cifra podría aumentar si se utilizara el Musel de Gijón como plataforma logística con una capacidad de 8 bcm. Los barcos podrían ser redirigidos a los países del norte desde ese puerto. No obstante, aún no está operativo y fuentes del Ministerio de Transición Ecológica calculan que tardará unos cinco o seis meses. Algo similar sucedería con el gasoducto del Midcat, pero el proyecto está pensado para futuros inviernos con la previsión de que la crisis energética no tiene un fin en el horizonte.

Problemas para la industria

Fuentes del departamento de Ribera explican que el consumo de gas en España se destina en un 50% a la industria; en un 25%, al sector energético; y el otro 25%, a pymes y hogares, por lo que el plan de Bruselas tendría que aplicarse a la industria dado que en ningún caso se contempla que afecte a las familias. Así, ven muy poco margen para la reducción y, además, sostienen que sería una desventaja competitiva para la economía española que ha hecho sus deberes en el sector energético, o al menos más que otros países que han mantenido su dependencia exclusivamente del gas ruso porque en otro momento les resultaba beneficioso.

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