La especulación en las renovables toca techo: así están de colapsados los puntos de acceso a la red eléctrica
La demanda de solicitudes para generar y verter energía renovable al sistema eléctrico ya ha tocado techo en el 63% de los puntos de conexión disponibles que conforman la red de transporte eléctrico, según los datos de Red Eléctrica de España (REE). Tanto es así, que el regulador ha comenzado a registrar el número de gigavoltios (GW) denegados. Desde que comenzó el año hasta el mes de julio, se han cancelado solicitudes que suponían una potencia de 30,8 GW, de los cuales 5,8 GW corresponden a energía eólica y 25 GW a energía solar. El motivo, según REE, es “que no hay capacidad en el nudo solicitado o que se solicita acceso en una subestación no incluida en la planificación vinculante”.
Para los expertos del sector consultados por eldiario.es esta situación es fruto de la fuerte apuesta por las energías renovables junto con una regulación con requisitos muy laxos que ha permitido la especulación, solicitando permisos de conexión sin un proyecto real detrás. Actualmente, entre los proyectos operativos, los que tienen permiso pero no están operativos, y los que no tienen permiso ni están operativos, España alcanza los 161 GW de renovables. Esta cifra es cuatro veces la potencia máxima que se necesita en picos de consumo de luz en España, el triple de potencia instalada que hay de tecnologías no renovables (nuclear, gas y carbón) y casi el doble de los objetivos de renovables marcados en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030.
De los 401 nudos de conexión que conforman la red eléctrica en España, 252 se encuentran al máximo de capacidad bien por la generación existente, por esta más las solicitudes con permiso de acceso o por ambas más las solicitudes cuya tramitación está en curso. Dicho de otra forma, el 63% de los puntos de acceso a la red ya están al máximo de su capacidad. Si lo analizamos por porcentaje de nudos saturados en función de los existentes en la región, Castilla y León, Extremadura y Aragón son los que mayor grado de saturación representan con un 85%, 82% y un 77%, respectivamente. Si lo miramos por cantidad de puntos de acceso saturados, la comunidad autónoma que más tiene es Andalucía (49), le siguen Castilla y León (47), Castilla-La Mancha (33) y Aragón (27).
Ambas energías renovables, eólica y solar, tiene más vatios proyectados de los requeridos en los objetivos del PNEIC. Aunque la situación es especialmente abrumadora en la energía fotovoltaica. Los proyectos con permiso de acceso y no operativos suponen una nueva potencia de 46,1 GW y los que no tienen ni permiso ni están operativos representan una potencia de 58,7 GW. Ambos suman 102 GW frente al objetivo de 37 GW para 2030 estipulado por el Gobierno. La potencia actual en funcionamiento es de 5,1 GW.
En cuanto a la energía eólica, el objetivo es alcanzar los 50 GW en 2030 y los 28 GW en 2020. Hoy en día, se vierten a la red 23,6 GW procedentes de dicha energía y se tiene concedidos proyectos por una potencia de 29,3 GW, de los cuales 9 GW no tienen puntos de acceso y 20,3 GW tienen acceso permitido.
“Si se ejecuta todo lo solicitado, ya nos podemos quedar de brazos cruzados que el trabajo está hecho”, bromea Jose María González, director general de APPA Renovables, la patronal que representa cerca del 90% del sector por volumen de vatios sino contamos con las grandes eléctricas. “Habrá muchos que son pura especulación y otros que son inviables por motivos ambientales o de patrimonio”, comenta respecto a las solicitudes. Por otro lado, González reconoce que hay empresas que adquieren el punto de conexión para comerciar, algo que para el dirigente no es lo ideal pero la ley no lo impide. “No queremos que sea un comercio de papeles, aunque no sea ilícito”, señala.
En la misma línea se muestra Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables: “Un acto administrativo no puede ser transaccional. El permiso tiene un valor en el mercado y desde la propia administración están fomentando que este acto administrativo se convierta en un bien especulativo”, comenta. “Muchos no lo solicitan porque quieran hacer los proyectos, si no para tener un activo en cartera que saben que el mercado paga. Igual que una reconversión de un terreno rústico a urbano”, afirman. “El 90% de los permisos solicitados acabaran en manos de otro propietario finalista”, asegura Ferrando.
El modus operandi es que un promotor de pequeño tamaño adquiera el permiso de acceso a la red, posteriormente es adquirido por una constructora que lleva a cabo el proyecto y se lo vende a un fondo de inversión. Otra manera de actuación es que el fondo de inversión adquiera directamente el permiso de la empresa promotora y contrate a una empresa constructora que lleve a cabo el proyecto.
“Lo solicitas con nombre parque eólico fulanito S.L y lo que vendes es la sociedad vehículo, ya que el permiso se otorga a la empresa”, afirma González. “Esto es lícito. Hay empresas que se dedican a desarrollar proyectos desde cero y luego lo venden. El problema es que se comercia solo con el papel cuando lo normal es venderlo listo para empezar a construir”, comenta el presidente de APPA renovables. Antes de construir hay que realizar estudios de impacto medioambiental, de terreno y de la red de conexión, entre otros.
Un ejemplo podría ser la operación del exministro socialista José Bono. El exdirigene socialista, sin experiencia en el sector, terminó vendiendo el 90% de su sociedad La Atalaya 52 SL, que controlaba junto a su hijo, y que promovía una pequeña planta de 990 kilovatios (KW) en su hípica en Toledo. El boom de peticiones de conexión a la red eléctrica de este tipo de plantas hizo que el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, llegará a hablar de “burbuja” de solicitudes de permisos.
Lo importante es tener una aval no un proyecto real
“Estamos jugando a compro vendo papelitos sin un proyecto real detrás. Lo único que hace es encarecerlo todo”, comenta González. “Actualmente, el requisito fundamental es que presentes un aval para que te concedan un permiso”, comenta. Inicialmente es de 60.000 euros por megavatios, pero a medida que se van cumpliendo plazos del proyecto se puede llegar a reducir un 50%.
El permiso que otorga REE tiene una vigencia de 5 años, pero hay una disposición adicional por la cual el plazo no empieza a correr hasta que la normativa de acceso y conexión no entre en vigor. “Como llevamos un año y pico en gobierno en precario y muchos años de gobiernos inexistentes nos falta el Real Decreto de acceso a conexión que regule cómo y cuándo puedes tener una planta que vierta energía a la red”, comenta el presidente de la Fundación renovables, que califica de “urgente” la necesidad de regulación.
Las competencias están repartidas entre el ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de Valores y Competencias (CNMC), que estableció a principios de año una propuesta regulatoria que endurecía los requisitos para obtener un punto de acceso. Actualmente, está en marcha una comisión integrada por ambos organismos para elaborar la normativa. “Según la propuesta de la CNMC, junto al aval debes presentar los datos del terreno y datos del proyecto. Esto frenaría algo la actual especulación. Pero solo es una propuesta. Debería ver la luz a final de año pero es complejo. No hay gobierno y la comisión no se sabe en qué estado está”, comenta González.
Dificultades para ejecutar el aval
“El problema es que si te doy un punto de conexión y no lo utilizas estas colapsando el sistema. Es como reservar la mesa del restaurante, llegar y que haya otra gente. No es posible”, afirma Ferrando. “La administración debería ser tajante, aquel que no ha hecho nada en cinco años le tendrían que ejecutar el aval para que así aquellos que buscan especular vean que pueden perder dinero”, asegura González.
“La cuestión es que no se ha ejecutado un aval en la vida. Siempre se judicializa el proceso”, comenta Ferrando. Además, en caso de que quisieran ejecutarlo, “la empresa empieza a presentar recursos alegando que no ha cumplido el plazo por elementos exógenos como que la administración ha tardado mucho en conceder determinados permisos o que el proveedor se retrasó”, explica.
Para combatir la especulación, desde APPA renovables sugieren que les pongan plazos para que se vea si en seis meses han iniciado los trámites administrativos para poner en marcha la instalación. “No queremos que estén cinco años sin hacer nada y esperando a última hora para vender el permiso o que se pierda, lo cual es peor. Así estamos bloqueando la red”, comenta González.
