El Gobierno se arriesga a sufrir una derrota en el Congreso en la votación del decreto de la estiba

Desde que hace un mes saltara a los medios el conflicto por la liberalización de la carga y descarga de los barcos, los estibadores y el Gobierno se han estado mirando de reojo. Mientras sindicatos y patronal negocian con ayuda de un mediador, se han convocado y desconvocado sucesivamente varias jornadas de huelga, a medida que el Ejecutivo ha pospuesto una y otra vez primero la aprobación y luego la convalidación del decreto de reforma.

Pero a tenor de las palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes, este baile no se va a prolongar más. El decreto “se va a debatir y se va a votar esta semana” en el Congreso, dijo. Si no hay nuevas sorpresas, el próximo día 16.

Y si no se ha conseguido un acuerdo in extremis con los trabajadores, es posible que no salga adelante. “Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y espero que de aquí al jueves se llegue a una solución”, ha explicado. De lo contrario se pondrá en marcha el contador de la sentencia del Tribunal de la UE. “Los españoles empezarán a pagar 134.000 euros diarios y las compañías probablemente se irán de los puertos”, ha advertido el portavoz.

Por el momento, los gigantes del transporte de mercancías han empezado a tomar medidas para paliar una situación que tildan de “caótica” –hay acusaciones de huelga encubierta– y han comenzado a desviar buques a otros puertos (caso de la danesa Maersk) o a cobrar un cargo extra de 100 euros por operación (la francesa CMA-CGM). Otras, como el gigante estatal chino Cosco (que compró el puerto griego de El Pireo) están observando la situación con atención. Ya se ha dado algún caso de desvío de buques del puerto de Valencia, por estar la terminal prácticamente colapsada, entre otras cosas por la bajada del ritmo de productividad, explican.

Fuentes de otra gran naviera que no quiere ser identificada lamentan el “gran trastorno” que les produce la situación y hablan de una gran cantidad de llamadas de clientes sumidos en la incertidumbre, de caos en la entrada de transportistas en el puerto, y de retrasos y largas colas para trasladar el contenido de los contenedores. Cabe recordar que por los puertos españoles pasan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones del país.

Aunque la explicación que se ha venido ofreciendo para la prolongación del compás de espera es que así se da más tiempo para negociar (de hecho el Gobierno trata de desvincularse a toda costa de este proceso, que considera estrictamente laboral), lo cierto es que las dos partes tienen algo que perder al dar un paso adelante.

El Ejecutivo tiene miedo de que se rechace la convalidación del decreto en el Congreso, un hecho casi sin precedentes que no se produce desde 1979 (en 2006 ocurrió otra vez, pero por un error en las votaciones), y que podría suponer un golpe para el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Los estibadores corren el peligro de poner en su contra a la opinión pública, como les pasó a los controladores aéreos, si empieza a haber problemas de suministros. Por no hablar de la posibilidad de que las grandes empresas del transporte de mercancías acaben trasladando su actividad a puertos menos conflictivos, lo que perjudicaría igualmente a los trabajadores.

Tras la última desconvocatoria, quedan en pie las fechas del 17 (un día después de la probable fecha de votación), 20, 22 y 24 de marzo, en las que los estibadores están llamados a parar todas las horas impares.

“Las dos partes tienen ganas de que se solucione el problema, pero tienen que hacerlo lo antes posible”, opina el diputado socialista y portavoz en la Comisión de Fomento, César Ramos, tras reunirse por separado con miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de los estibadores y con representantes de la patronal Anesco.

El estado de las negociaciones

Tras la última reunión de sindicatos y patronal (el 8 de marzo, cuando se desconvocaron las últimas jornadas de huelga), las partes han reconocido avances, siquiera tímidos. Según el acta de la reunión, firmada por el mediador, Marcos Peña, las empresas estibadoras se comprometen a mantener el actual empleo fijo, bien en las actuales Sagep, que se convierten en Centros Portuarios de Empleo (CPE), bien en las propias empresas.

Pero para ello ponen dos condiciones: a los trabajadores, que se comprometan a mejorar la productividad y la flexibilidad, y a las administraciones públicas, que faciliten y sufraguen jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias. También consideran “imprescindible” la presencia del Gobierno en el proceso.

Los trabajadores insisten en que la negociación colectiva no es la causa del conflicto, y por lo tanto no es el instrumento adecuado para solucionarlo. “La ejecución de la sentencia de la UE, en cuanto es aceptada por todas las partes, tampoco es la causa”.

A su juicio, el problema es la “irrupción” del Gobierno en el proceso de diálogo con su decreto, y por lo tanto ahora les corresponde sentarse a negociar con las partes para solucionarlo. Afirman que “la norma debe garantizar los puestos de trabajo existentes vinculados a la continuidad de la actividad”.

Pero eso es algo, insiste una y otra vez Fomento, que corresponde a otro ámbito, el de la negociación colectiva.

En los últimos días también se ha involucrado el Ministerio de Empleo. Su titular, Fátima Báñez, ha prometido un “plan de ayudas complementario al compromiso de mantenimiento del empleo y de la competitividad manifestado ya por las empresas para contribuir a la reordenación del sector”. Además, Fomento promete aportar hasta 350 millones para hacerse cargo de las indemnizaciones a los estibadores que pierdan su empleo en la reconversión.

Para uno de los portavoces de la Coordinadora, Miguel Rodríguez, si el Gobierno se sigue negando a sentarse en la mesa de negociación, “será un acto de irresponsabilidad tremendo”, ya que sólo si hay acuerdo previo se podrá aprobar el decreto de reforma en el Congreso. Su impresión es que el ministro de Fomento podría estar mal asesorado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca.

Precisamente dicho organismo tiene preparado un plan de contingencia en caso de que finalmente comience la huelga. Un portavoz de este ente público no quiere detallarlo, ya que involucra a varios organismos, como el Ministerio del Interior. Sí explica que conlleva un reforzamiento del control de las instalaciones portuarias, y que están también en contacto con las empresas afectadas.

Para el socialista César Ramos, “el Gobierno debería pensar que la derrota no es que no saque adelante su decreto, sino que no se solucione el problema” y que “el día después de la aprobación del decreto no se va a solucionar el conflicto”.

Por el momento, confirma que el voto del PSOE será negativo el próximo jueves. Esto complica la convalidación, si bien los socialistas no quieren cargar con toda la responsabilidad y recuerdan que el PP tendría otras alternativas aritméticas para conseguir más síes que noes, que es la condición para sacar adelante el texto.