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El Gobierno negocia contra reloj un acuerdo sobre el mecanismo de equidad de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo.

Laura Olías

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Si hay o no acuerdo social sobre el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones lo sabremos casi sobre la bocina. Tras este título se asienta la propuesta del Gobierno de aumentar durante una década la cotización de trabajadores y empresas para reunir un “colchón” de ingresos de cara a la jubilación de la numerosa generación del baby boom. El diálogo social con sindicatos y empresarios apurará hasta el último momento, que en este caso es este lunes. Este 15 de noviembre se resuelve si el Gobierno logra el respaldo de los agentes sociales o si, en su defecto, tendrá que llevarlo al Parlamento en solitario.

Aunque el viernes había más optimismo sobre un posible acuerdo, este lunes varias fuentes del diálogo social subrayan que los empresarios están mostrando muchas reticencias. El escenario de que las patronales se descuelguen de un posible pacto parece imponerse en esta mañana, en la que se celebra una reunión en el Ministerio de la Seguridad Social desde las 11h. En cualquier caso, todos los esfuerzos –sobre todo del Gobierno– se centran en un acuerdo y varias fuentes insisten en que habrá que esperar a que concluyan las negociaciones en el día de hoy.

Este lunes fue la fecha límite que fijó el Gobierno en junio para poder acordar en el diálogo social el bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional. El primer bloque de la reforma de pensiones del Gobierno de coalición incluyó –tras muchos tira y afloja– la derogación del factor de sostenibilidad del PP de 2013, como reclamaban los sindicatos. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a incluir la medida que lo sustituiría (el mecanismo de equidad) en el mismo proyecto de ley en lugar de en 2022, como estaba previsto.

El Gobierno fue claro: preferiblemente con pacto, pero también sin él si finalmente no era posible el consenso social, incluirá el mecanismo de equidad pasado el 15 de noviembre. Lo hará a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria de la ley que regula el primer bloque de pensiones.

En qué consiste el MEI

¿Qué es lo que se está negociando? El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) pretende sustituir al factor de sostenibilidad del PP, aunque los dos mecanismos son muy diferentes. Se supone que comparten una filosofía común: contribuir a la garantía del sistema público de pensiones ante el reto de la jubilación de los llamados baby boomers. Esta generación, de personas nacidas entre mediados de los 50 y de los 70, es muy numerosa, mucho más que las venideras. Por lo tanto, durante unas décadas, el sistema de la Seguridad Social se verá tensionado por un gran aumento de pensionistas con una población trabajadora más pequeña.

Para afrontar este reto, la reforma de pensiones del Gobierno de Rajoy apostó por cargar el ajuste en el sistema en los pensionistas, mediante el recorte de sus prestaciones a través dos elementos clave: el índice de revalorización, que provocaba las subidas anuales del 0,25%; y el factor de sostenibilidad, que vinculaba las pensiones de los futuros jubilados a la esperanza de vida, lo que provocaba un recorte creciente pasados los años. Los más perjudicados eran los jóvenes.

El Gobierno de coalición ha derogado estos pilares de la legislación del PP, que el propio Rajoy dejó sin aplicación por la falta de apoyo social y político, y está inmerso en una reforma de las pensiones por fases. Ya ha mandado el Parlamento el primer bloque, tras alcanzar el primer acuerdo social en pensiones en una década, sobre el que quedan aún algunos “flecos” pendientes. Como el mecanismo de equidad intergeneracional.

La propuesta del Gobierno para el MEI consiste en actuar, preferentemente, sobre los ingresos de la Seguridad Social para evitar recortes en las pensiones. El ministro José Luis Escrivá ha planteado un aumento temporal de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores de 0,6 puntos porcentuales, que se estima en unos seis euros al mes por trabajador con un sueldo de 1.000 euros. La Seguridad Social propuso aplicar este incremento durante diez años, de 2023 a 2032, destinado a llenar la llamada 'hucha de las pensiones', el Fondo de Reserva.

En caso de que esta medida no fuera suficiente para afrontar las desviaciones en el gasto en pensiones en 2050, Escrivá planteaba que se desplegaran otras fases del MEI, por las que se acordarían en un futuro medidas para reducir el gasto y aumentar más los ingresos.

Posibilidades de un acuerdo 'in extremis'

El ministro compartía hace unos días su esperanza de alcanzar un acuerdo temprano sobre este mecanismo. Pero, como es habitual en el diálogo social, este se está haciendo esperar y la negociación se ha extendido hasta la fecha límite. Este lunes, las posibilidades de acuerdo parecen haberse enturbiado. Aunque en el diálogo social nunca descartan un posible pacto 'in extremis' con las patronales, como ha ocurrido en el pasado con los ERTE y otras materias.

Junto a Escrivá, los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), se habían pronunciado la semana pasada sobre la posibilidad de un acuerdo social. Los representantes de los trabajadores se han mostrado proclives a un pacto, dado que el MEI cambia la lógica del recorte existente hasta el momento por la del aumento de los ingresos. Sus recelos están centrados en cómo sale adelante esta medida: cómo se reparte la cotización adicional entre la empresa y el trabajador, garantizar que estos ingresos extra sean suficientes y evitar que, en caso de no serlo, se desplieguen medidas sobre el gasto que queden, además, totalmente al arbitrio de futuros gobiernos.

Los empresarios mantienen más resistencias al mecanismo de equidad y en el arranque de este lunes parece que estos se imponían y pueden imposibilitar el acuerdo. La patronal no ha hecho declaraciones muy contundentes contra la medida, como sí ha hecho respecto a otras cuestiones, pero ha expresado su rechazo a pagar más cotizaciones sociales. Aunque sea una cuantía adicional reducida, los empresarios suelen quejarse de las cotizaciones ya existentes, por lo que un nuevo incremento supone aumentar el coste laboral y no es bien recibido en ningún caso.

También hay que recordar las presiones que recibe la patronal por pactar con el Gobierno progresista desde ámbitos de la derecha, que dificultan que los empresarios lleguen a acuerdos de los que no sacan directamente muchas ventajas.

Sin embargo, hay voces del diálogo social que que consideran que las patronales podrían aceptar esta medida, suscribir un nuevo acuerdo en pensiones, con una mirada puesta en el futuro. El MEI no les gusta, pero no supone mucho dinero y hay que recordar que en las negociaciones pocas veces se afronta el debate de un elemento de manera aislada. A menudo se negocia una medida con el ojo puesto en cómo quedarían otras y todavía hay mucha reforma de pensiones por negociar en 2022.

Los agentes sociales son conscientes además de la relevancia del consenso en un tema tan delicado como las pensiones y han demostrado una gran capacidad de entendimiento en multitud de ocasiones, por lo que el viernes había cierto optimismo en que se mantendría el espíritu de acuerdo social en este tema. Este lunes lo comprobaremos.

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