Madrid, Barcelona o Zaragoza: los nuevos gobiernos de las grandes ciudades cambiarán el destino de más de 9.000 millones anuales
Las elecciones municipales celebradas el pasado domingo han cambiado el panorama político en muchas grandes ciudades, lo que implica que sus presupuestos municipales también pasan a las manos de otros gestores. Son miles de millones de euros de ingresos y gastos que a partir de ahora dependerán de distintas siglas políticas.
En concreto, si se tienen en cuenta los municipios de más de 250.000 habitantes que cambian de gobierno (Madrid, Barcelona, Gijón, Zaragoza y Córdoba), los presupuestos para 2019 de todas estas ciudades, sumados, ascienden a casi 8.830 millones de euros. Solo la capital aprobó unas cuentas para este año que incluían gastos por valor de 4.823 millones de euros, mientras que Barcelona manejaba un presupuesto de 2.647 millones. A continuación se sitúan Zaragoza (773,6 millones), Córdoba (385,7) y Gijón (199,9).
En estos municipios gobernaban confluencias de Podemos, excepto en la ciudad asturiana , donde lo hacía una alcaldesa de Foro Asturias, y en Córdoba, con el PSOE. Ahora, si se cumplen los pronósticos de aritmética de concejales y posibles pactos, Madrid pasará a manos del PP, Barcelona a ERC, y Gijón al PSOE. Zaragoza es la ciudad donde hay más dudas sobre con quién pactará Ciudadanos, que podría otorgarle la alcaldía tanto al PSOE como al PP. En el caso de Córdoba, el PP ganó las elecciones municipales sin mayoría absoluta pero podrá gobernar si imita el acuerdo en la Junta andaluza, con Ciudadanos dentro del Gobierno y Vox como apoyo a la investidura.
Otras grandes ciudades (aunque de menos de 250.000 habitantes) donde se producirán cambios serán Oviedo y Granada, que pasan del PSOE al PP, y A Coruña, donde el PSOE le arrebata la alcaldía a Marea Atlántica. Si se suman los presupuestos de estas ciudades a las más grandes, se llega prácticamente a los 9.500 millones de euros, como publicó Cinco Días.
Cantidades más importantes cambiarán de gestores si Castilla y León, donde el PSOE ha ganado las elecciones al PP por primera vez en 32 años, pasa finalmente a estar gobernado por los socialistas por el apoyo de Ciudadanos. En este caso el presupuesto autonómico anual que se maneja asciende a 10.859 millones de euros.
¿Qué pueden hacer los nuevos gobiernos?
En el momento en el que los nuevos equipos de gobierno lleguen a los distintos consistorios estarán en vigor los presupuestos de 2019 ya aprobados o, en su caso, los de 2018 prorrogados. Sin embargo, esto no será un obstáculo para que puedan cambiar la naturaleza de las partidas, siempre que respeten, eso sí, los objetivos de déficit. Los procesos que se abren para hacer estas modificaciones son largos, y por ejemplo en las anteriores elecciones, de mayo de 2015, el consistorio de Ada Colau aprobó las primeras modificaciones a principios de noviembre.
Por ley las entidades locales tienen como objetivo el equilibrio presupuestario, pero desde que en 2012 empezaron a estar sujetas a la regla de gasto, cada año han conseguido incluso llegar a tener superávit. Así, partiendo de un déficit del 0,4% en 2011, lograron superávits del 0,32% del PIB en 2012, 0,55% en 2013, del 0,53% en 2014, del 0,42% en 2015, del 0,62% en 2016, del 0,61% en 2017 y, en 2018, del 0,52% (6.292 millones de euros). El aumento de ingresos unido al control de gasto ha permitido lograr el objetivo de déficit e incluso superarlo.
Adicionalmente, las entidades locales pueden aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito siempre que tengan financiación y que respondan a gastos extraordinarios y urgentes, ampliaciones de crédito si están financiadas y ya están previstas en las bases de ejecución del presupuesto (que se aprueban con los presupuestos), o transferencias de créditos si ya están previstas en las citadas bases.
¿Cuáles son los límites de los equipos en funciones?
Desde las elecciones hasta la toma de posesión, que en el caso de los ayuntamientos se producirá el 15 de junio, los alcaldes y concejales en los distintos consistorios siguen en funciones. Durante este periodo tienen una serie de limitaciones impuestas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y por la de corporaciones locales.
Al respecto, lo que se señala es que una vez finalizado el mandato, los miembros de las corporaciones cesantes “continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada”. En definitiva, se entiende que debe haber un equilibrio entre la atención de lo cotidiano y la obligación de no comprometer la acción de los siguientes regidores.
