El jefe de la inmobiliaria Merlin se queja de trabas a la Operación Chamartín: “Me dan ganas de ponerle ruedas y llevármela para París”

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha expresado este jueves su malestar con aparentes trabas administrativas al desarrollo de la Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Nuevo Norte. La socimi entró en este negocio tras comprar a San José una participación del 14,4% en la sociedad el pasado 31 de octubre.

Preguntado durante unas jornadas inmobiliarias organizadas por el IESE, Tinsa y Savils por la marcha de este proyecto, Clemente ha afirmado que no podía dar detalles al margen de sus socios en DCN (BBVA sigue siendo mayoritario con un 75% y la inmobiliaria de Jacinto Rey también continúa con un 9,5%), pero sí ha bromeado con la posibilidad de llevarse la estación a otro sitio, tras escuchar al presidente de la Inmobiliaria Colonial, Juan José Bruguera, relatar que en París se conceden licencias de construcción en seis meses: “Escuchando a Juanjo me han dado ganas de ponerle ruedas a la estación y llevármela para París”, ha dicho.

Clemente ha añadido que este plazo es “una ventaja competitiva importante” frente a Madrid y España. A su juicio, “si algún día queremos tener un centro financiero digno de tal nombre capaz de competir con otras ciudades (...) habrá que tener un skyline y un centro financiero a la altura”. “También habrá otra gente que te diga que quiere otro modelo de país, que seamos un país de servicios o como se decía en los años 80, de camareros. Si esa es la opción, pues nada”, ha remachado.

La polémica Operación Chamartín tiene como eje del proyecto la remodelación de la estación de tren y la cobertura de su haz de vías. En sus proximidades está previsto construir un nuevo centro de negocios junto a las cinco torres (la quinta está en proceso de construcción), una de las cuales ya pertenece a Merlín. La previsión es que las obras de edificación arranquen a finales de 2020 cuando se consiga la autorización definitiva de la Comunidad de Madrid.

Las promotoras piden no “espantar” al capital extranjero

Por su parte, el discurso de las promotoras inmobiliarias sobre el mercado de la vivienda y del alquiler no ha dado sorpresas: tienen claro su rechazo a posibles medidas regulatorias de control de precios y piden menos trabas administrativas y más suelo para construir.

El grupo de ejecutivos de algunas de las empresas más importantes del ramo se han reunido este jueves en Madrid para debatir sobre el presente y el futuro del negocio inmobiliario, tanto en el residencial como en oficinas o comercios. No han podido trasladar directamente sus mensajes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuya presencia (no confirmada) se anunció inicialmente por parte de la organización.

A grandes rasgos, lo que han explicado estos directivos es que quieren que la Administración perturbe lo menos posible el desarrollo de su negocio, salvo en lo que se refiere a la puesta a disposición de suelo público y a la colaboración público-privada que permita a estas empresas el uso de recursos del estado o de otras administraciones para el desarrollo de sus promociones, a cambio de precios de alquiler más bajos para los inquilinos.

Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, ha lamentado que “transformar suelo” en España, de manera que acabe convertido en base de edificios a los que sacar rentabilidad es una tarea “heroica” que requiere “paciencia” y “creatividad”. En este sentido, el consejero delegado de Aedas Home, David Martínez, ha explicado que el proceso de “desagüe y transformación” de suelo comprado por fondos de inversión extranjeros está siendo mayor al calculado por éstos, lo que en su opinión abre un espacio de incertidumbre.

Pérez de Leza ha alertado contra medidas regulatorias, en probable referencia a los límites de precio del alquiler, que “generan inquietud” y provocan un parón en las inversiones. “Si somos capaces de no estropear y espantar a los inversores extranjeros será estupendo”, ha opinado, en referencia al “negocio” que se otea en los edificios construidos para el alquiler.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, también se ha mostrado contrario a “medidas imaginativas”, y ha insistido en que esta legislatura se tienen que poner en marcha medidas de colaboración público-privadas. En ningún momento se ha mencionado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nula una disposición relativa a este tipo de colaboración.

Según David Martínez, si las administraciones pusieran a disposición suelo público “la industria podría hacer viviendas en Madrid de dos dormitorios para alquilar por 500 euros al mes”, ya que el coste del suelo supone un 40% del total de una vivienda.