Miguel Sebastián cree que el Gobierno ha podido hacer más para evitar indemnizar a ACS por el Castor

El exministro de Industria Miguel Sebastián cree que el actual Gobierno ha podido hacer más para evitar la multimillonaria indemnización abonada este mes a Escal UGS (controlada por ACS, la constructora de Florentino Pérez) por el cierre del almacén de gas Castor, 1.350 millones de euros que pagarán los consumidores de gas a lo largo de 30 años, con intereses.

En una entrevista en El Periódico de Catalunya, el exministro reconoce que la cláusula que recoge la indemnización a ACS en caso de cierre de la instalación la firmó él, pero asegura que, “si se lee bien”, esa cláusula dice que la compensación se abonará “en caso de que la planta esté operativa, y esta planta no ha estado operativa, por tanto el Gobierno actual no ha hecho uso correcto de esa cláusula”, argumenta.

“Estoy muy tranquilo con lo que hicimos con el Castor”, dice Sebastián, que asegura que esa posible compensación al operador del almacén “venía tramitada del equipo anterior. Yo entro el 14 de abril y el decreto con esa cláusula se aprueba en mayo. La cláusula ahora, a posteriori, no me gusta, pero en ese momento tenía el visto bueno de todos los servicios jurídicos”.

En su opinión, esa cláusula, “bastante más habitual de lo que se está diciendo”, estaba pensada para el caso de que la planta estuviera operativa y un Gobierno la cerrase. “Probablemente el Gobierno actual en vez de intentar cargarse la cláusula, que el [Tribunal] Supremo ha dicho que no tenía nada de raro, podía haber jugado con el tema de que no estaba operativa”.

Sebastián, actualmente dedicado a la docencia en la Universidad Autónoma de Madrid, dice que, visto “lo que ha pasado”, es evidente “que alguien desde luego se equivocó, no mi ministerio, eligiendo esa ubicación para hacer un almacén. Si hubiéramos sospechado que podía pasar eso desde luego hubiéramos sido muchísimo más cuidadosos con esa cláusula, que insisto era normal en otras instalaciones de gas”.

Respecto a la investigación de Anticorrupción sobre los más de 3.000 millones de euros que el Gobierno de entonces supuestamente perdonó, con él como ministro, a las compañías eléctricas por costes de transición a la competencia (CTC) cobrados de más, Sebastián dice que la Fiscalía, que ya ha llamado a declarar a varios ex altos cargos de la época, no se ha puesto en contacto con él: “No, ni con nadie de mi equipo. Se pusieron en contacto con el que fue director general de la Energía, Jorge Sanz, que era el mismo que con [su antecesor en Industria, Joan] Clos. Hubiera heredado él ese tema, y tampoco nos dijo nada. Eso no tiene ningún fundamento”.

Sebastián dice desconocer la existencia de informes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendando la exigencia de liquidar esos CTC ni un informe de la Abogacía del Estado que también avalaba la exigencia del cobro de esos más de 3.000 millones. “Sí sé que del 2006 al 2010” las eléctricas “no han recibido nada” en concepto de CTC. “Si se les pagó más antes, no lo sé, pero se les dejó de pagar cuatro años, una cosa compensa la otra”, argumenta.

También dice no conocer la existencia de un borrador ministerial para reclamar esa cuantía que supuestamente elaboró el anterior equipo de Industria. “Ese borrador no lo conozco ni lo he conocido nunca. Nosotros tuvimos un traspaso de poderes y jamás surgió ese borrador. Estuvimos casi dos años buscando debajo de las piedras cómo podíamos reducir el déficit tarifario, si alguien me llega a decir que tengo un colchón de 3.000 millones hubiéramos arreglado el déficit tarifario de un plumazo sin subir la luz. Ese colchón no existía, y el hecho de que salga ahora un presunto borrador me parece sorprendente”.