eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

El Gobierno recorta el presupuesto del Consejo de Transparencia otro 22%, hasta 2,28 millones

Se reduce por segundo año consecutivo la partida para este organismo que vela por la transparencia de la actividad pública

La entidad, con 18 trabajadores para auditar 100.000 entidades y empresas, pidió recientemente más medios al Gobierno, con el que tiene varios pleitos

- PUBLICIDAD -
PP confía en PSOE, Cs y Podemos para cambiar Ley de Estabilidad en favor CCAA

Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo. EFE

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevé un recorte del 22% en la dotación prevista para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), hasta 2,28 millones de euros. Es el segundo recorte consecutivo que sufre este organismo y el mayor descenso de su dotación desde que se puso en marcha.

Así, si en 2015 su presupuesto ascendió a 1,89 millones, en 2016 pasó a 2,97 millones y en 2017, a 2,92 millones.

Recientemente, el CTBG reclamó al Gobierno, con el que mantiene varios pleitos, que lo dotase de más plantilla y presupuesto para poder llevar a cabo sus funciones. Como informó eldiario.es, el organismo  tiene 18 trabajadores para auditar 100.000 entidades y empresas y ha tenido que renunciar a auditar a muchas entidades por falta de medios. 

El CTBG, un organismo público independiente que está adscrito, "a efectos puramente organizativos", según su web, al Ministerio de Hacienda, fue creado a finales de 2014 tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada como una de las grandes apuestas por la "regeneración democrática" de la primera legislatura de Mariano Rajoy.

El organismo tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Su presidencia está vacante desde el fallecimiento, en noviembre pasado, de su hasta entonces máxima responsable, Esther Arizmendi, que durante su mandato impulsó la publicación de información pública sobre sobrecostes de obras, agendas de los ministros, publicidad institucional, sociedades regularizadas en la amnistía fiscal o los costes de RTVE. En muchos casos, sus resoluciones han sido recurridas por la propia Administración.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha